La Comisión Europea alerta de que las reformas de 2011 y 2013 empeorarán las pensiones de los jubilados de más edad

El Gobierno ha pactado con el PNV retrasar cuatro años, hasta 2023, la aplicación del factor de sostenibilidad, el coeficiente que recortará la pensión inicial de acuerdo con la esperanza de vida de cada generación. Creado en la reforma de las pensiones de 2013, su entrada en vigor estaba prevista para el 1 de enero del próximo año. El Ejecutivo asegura que esa demora no significa su derogación, pese a que se la pidieron PDeCAT, PSOE y Unidos Podemos en el Congreso hace un mes con la abstención de Ciudadanos y PNV.

La Comisión Europea acaba de publicar una proyección de lo que ocurrirá con las pensiones europeas en 2056. Según sus cálculos, para entonces la tasa española de sustitución de las pensiones –la diferencia entre el último sueldo y la primera pensión– se habrá recortado en 10 puntos porcentuales. España tiene una de las tasas de sustitución más elevadas de la Unión Europea: el 85,3% para los hombres y el 91,3% para las mujeres. La media comunitaria se sitúa en el 71%. La tendencia a rebajar la tasa de reemplazo es general a toda Europa pero, además, el informe hace un segundo ejercicio y proyecta el efecto que tendrá sobre las pensiones en el largo plazo la acción combinada del factor de sostenibilidad, la revalorización anual sujeta al 0,25% y el resto de las medidas introducidas en las dos últimas reformas, de 2011 y 2013: a los 10 años de jubilarse, la prestación se habrá reducido otros nueve puntos más, casi un 16%, para cuando haya llegado 2056.

La Comisión Europea destaca también que el factor de sostenibilidad tiene “un fuerte componente generador de desigualdad”, entre quienes se jubilen antes y después de su entrada en vigor.

Ese coeficiente, tal y como se diseñó en la reforma de 2013 –fue esbozado ya en la de 2011– reducirá la pensión una sola vez, al calcular la primera tras la jubilación. Para confeccionar la fórmula, el Ministerio de Empleo utilizará las tablas de mortalidad de la Seguridad Social para los mayores de 67 años a partir de 2012. El cálculo se revisará cada cinco años. Aún se desconoce la cuantía del recorte, pero expertos, sindicatos y consultoras ya han lanzado sus previsiones. Según el Instituto BBVA de Pensiones, será del 0,47%. Es decir, encogerá en 4,7 euros una pensión de 1.000 euros mensuales. Un estudio del Grupo de Investigación en Pensiones de la Universidad de Valencia se aproxima con un cálculo del 0,45% el primer año –4,5 euros–, pero lo amplía hasta 78,3 euros mensuales en 2040. Los números del informe que Analistas Financieros Internacionales (AFI) elaboró para la Asociación Empresarial del Seguro aumentan el recorte hasta el 0,72%, 7,2 euros mensuales de la pensión de 1.000 euros. En 2040, 133 euros al mes. CCOO, finalmente, prevé que el factor de sostenibilidad redunde en una merma de entre el 0,5% y el 0,7% en su primer año de aplicación.

AFI también mide la disminución sobre la tasa de reemplazo, que a su juicio caeráhasta el 63,2% en 2035, aunque esa reducción será el resultado no sólo del efecto del factor, sino también del aumento del periodo de cómputo de la pensión, que pasará de 15 a 25 años en 2022.

El informe, Pension Adequacy, explica la “erosión” que sufrirán las pensiones en el largo plazo por el hecho de que los salarios subirán más de lo que lo harán las pensiones. De ahí que éstas vayan perdiendo brío según el jubilado va cumpliendo años si no se vinculan con el aumento de los sueldos. Donde más valor perderán respecto a los salarios será en Portugal, con una tasa de sustitución que caerá 19 puntos porcentuales, y donde menos, en Holanda. Por delante de España, con mayor merma de la tasa de reemplazo, sólo estarán, además de Portugal, Bélgica, Austria y Hungría.

El peligro del empleo precario de la economía digital

La Comisión Europea advierte de que esta erosión respecto a los salarios no será el único peligro que afrontarán las pensiones en las próximas décadas. También las “nuevas relaciones laborales” presionarán en España contra la suficiencia de las pensiones. Se refiere el informe al aumento del número de autónomos y a las nuevas formas de trabajo “informal” promovidas por las plataformas tecnológicas, como los repartidores precarizados. Ambos fenómenos “reducen la intensidad del trabajo, lo que recorta los ingresos y, a su vez, las contribuciones a la Seguridad Social y los impuestos”. Por tanto, conducen a pensiones también más bajas, incluso insuficientes.

Otro tanto ocurre con la brecha de género, que se traslada de los salarios a las pensiones en el momento de la jubilación de las mujeres. Pero es que, además, España tiene la mayor brecha de la UE entre hombres y mujeres en lo que a protección se refiere. El 95,1% de los hombres mayores de 65 años cobra una pensión pública, por sólo el 69,3% de las mujeres. La diferencia es de 25,8 puntos porcentuales. El segundo país con mayor desfase es Grecia, pero queda lejos, 16,4 puntos porcentuales. En Suecia y Dinamarca, por el contrario, es mayor la cobertura para las mujeres que para los hombres.

De todas maneras, el informe deja claro que la cifra no tiene en cuenta las pensiones de viudedad. Un total de 1,15 millones de mujeres mayores de 65 años no cobran pensión alguna en España, pero 1,06 millones están casadas, por lo que, en caso de que fallezca su cónyuge, tienen derecho a la prestación de viudedad. Así, la cobertura aumenta y se reduce “el riesgo de pobreza y exclusión social”, asegura la Comisión Europea. Casi el 30% de las mujeres mayores de 65 años percibe una pensión de viudedad en España.

Batería de recomendaciones

Para combatir este conjunto de amenazas a la suficiencia de las pensiones, la Comisión Europea hace una serie de recomendaciones a España. A fin de garantizar carreras laborales “más largas y completas”, asegura, debería reducirse el número de personas que tienen empleos irregulares indeseados, al tiempo que debería permitírseles acceder a una protección social ahora imposible de conseguir con su actual régimen laboral.

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Además, a fin de reducir la brecha de género en las pensiones, Bruselas pide al Ejecutivo que fomente la conciliación laboral y familiar, y aumente la oferta pública de servicios para el cuidado de niños de cero a tres años. También apoya que se remuneren los permisos para cuidar familiares y se incentive el acceso de las mujeres a todos los niveles de la educación.

Según el informe, las mujeres trabajan de media en Europa 4,9 años menos que los hombres en empleos a tiempo completo –4,5 años menos en España–, pero pasan cinco años más que ellos en tareas de cuidado y permanecen más tiempo estudiando. Todo ello se convierte en carreras de cotización más cortas e irregulares, que a su vez se traducen en pensiones de menor cuantía. Por el contrario, tras jubilarse, viven más años. Si el 11,9% de los hombres por encima de los 65 años son pobres en España, la proporción es aún mayor entre las mujeres, el 17,1%, destaca el documento de la Comisión Europea.

Bruselas no deja de recomendar que se amplíe la edad de jubilación y se incentiven los planes de pensiones privados y los que ofrecen las empresas, al menos para los “grupos de mayores ingresos”. Finalmente, anima al Gobierno a aumentar los ingresos de la Seguridad Social, tal y como lleva tiempo debatiendo la Comisión del Pacto de Toledo. Incluso precisa que debería reducirse el número de autónomos que contribuyen por la base mínima de cotización. Pero tampoco olvida invitar a tomar medidas para controlar el gasto público en pensiones. El informe se elaboró antes de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pactara con el PNV dejar en suspenso, por lo menos este año y el próximo, el Índice de Revalorización de Pensiones (IRP) que limita al 0,25% la subida anual de las prestaciones mientras la Seguridad Social tenga déficit, y subirlas en cambio con el IPC. Además de retrasar hasta 2023 el factor de sostenibilidad. El Pacto de Toledo está también de acuerdo en eliminar el IRP y regresar al IPC para que las pensiones no pierdan poder adquisitivo. Precisamente las dos iniciativas –IRP y factor de sostenibilidad– cuya puesta en marcha había aplaudido Bruselas para frenar el gasto público en pensiones en los próximos años.