Montoro en febrero: “No tenemos capacidad para implantar un impuesto a las tecnológicas y no debemos hacerlo”

El Gobierno no va a esperar a que los miembros de la Unión Europea se pongan de acuerdo sobre el nuevo impuesto que gravará a las empresas de la economía digital y va a crear el suyo propio. La necesidad de sufragar la subida de las pensiones este año y el próximo le han forzado a desmarcarse de la estrategia común que defendía hasta hace sólo mes y medio. De hecho, en la revisión del Programa de Estabilidad que envió el pasado lunes a Bruselas, el Gobierno se compromete a recaudar 600 millones de euros gracias al nuevo impuesto digital este mismo ejercicio.

Sin embargo, el pasado mes de febrero, en una entrevista en la Cadena Cope, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defendía la necesidad de esa “estrategia común” con el resto de la UE para gravar a las grandes multinacionales. “El impuesto no se puede hacer únicamente desde un país, sino desde un consorcio dentro de la estrategia BEPS [Erosión de la Base imponible y Traslado de Beneficios] de la OCDE”. Es más, cuando se le preguntó si España iba a crear su propio impuesto, lo negó: “No vamos a tener capacidad de implantarlo y no debemos hacerlo; hay que hacerlo en un consorcio mucho más amplio de países”.

Hasta ahora España había sido uno de los principales impulsores, junto con Francia, Italia y Alemania, de la iniciativa europea para que Amazon, Google, Facebook o Apple, entre otros gigantes tecnológicos, tributen al mismo nivel que el resto de las compañías tradicionales. La Comisión Europea calcula que las grandes empresas de la economía digital pagan un tipo efectivo del 9%, mientras que el resto de las compañías pagan el 23%. La intención de Bruselas, que ya ha elaborado una propuesta de directiva, era precisamente evitar que los países aprobaran impuestas de forma unilateral. Pero los tiempos comunitarios son lentos. Y el Gobierno español tiene prisa. Para conseguir apoyos con los que aprobar los Presupuestos de este ejercicio ha necesitado concederle al PNV una subida de las pensiones de la que el propio Mariano Rajoy renegaba hace sólo unas semanas ante el Congreso de los Diputados.

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Proposición no de ley

El mismo día en que el presidente del Gobierno desechaba vincular la subida de las pensiones al coste de la vida –“La indexación al IPC no funciona”, “No podemos gastar lo que no tenemos”– y rechazaba tocar una coma de las reformas de 2011 y 2013, la Comisión de Hacienda aprobaba una proposición no de ley, a iniciativa de Ciudadanos, donde se instaba al Ejecutivo a establecer una tributación mínima efectiva para las grandes tecnológicas, sin esperar al acuerdo de la UE. Todos los grupos votaron a favor, menos el PP, que se abstuvo. La diputada popular Ana María Madrazo argumentó entonces que el nuevo impuesto debería crearse “en el marco de la OCDE” y dijo que no entendía “las prisas” de la oposición por aprobar la proposición no de ley.

La iniciativa pedía la creación de “un impuesto de compensación al impuesto de sociedades”, aplicable sobre el volumen de negocio de las multinacionales con empresas o consumidores españoles. Ese gravamen se exigiría también por las operaciones que realicen las filiales de esas compañías en otros Estados, pero en ningún caso la tributación de ese impuesto y el de sociedades de las filiales en España podría superar el 25% de los beneficios generados en España. Además, los grupos reclamaban una retención final sobre determinados pagos hechos a proveedores no residentes por bienes y servicios ordenados on line, así como un impuesto sobre los ingresos de publicidad u otros servicios prestados por las empresas digitales.