El fin de la exclusión de mujeres solteras y homosexuales llega a la reproducción asistida

A finales de 2014 el Boletín Oficial del Estado publicaba una Orden Ministerial que modificaba la Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida del año 2006. Aquella reforma, articulada bajo el mandato de la conservadora Ana Mato al frente del Ministerio de Sanidad, marca como requisito que las personas usuarias de este tipo de técnicas tengan "un trastorno documentado de la capacidad reproductiva, constatada tras el correspondiente protocolo diagnóstico y no susceptible de tratamiento médico o tras la evidente ineficacia del mismo", así como la "ausencia de consecución de embarazo tras un mínimo de doce meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos". La limitación –que también vetaba a las mujeres menores de 40 años–, por tanto, dejaba fuera a mujeres solteras y homosexuales. Este viernes, el Consejo de Ministros ha aprobado recuperar la reproducción asistida para mujeres solteras y lesbianas, un compromiso que ya había suscrito la actual ministra de Sanidad, Carmen Montón.

Eugenia Sangil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), fue una de las personas que se reunió con la ministra el pasado miércoles 20, en representación de la plataforma, para poner sobre la mesa la necesidad de recuperar el servicio en su forma original. "Le recordé que ante la idea de recuperar la sanidad universal, no se despistaran en quitar esa disposición", explica Sangil en conversación con infoLibre. La respuesta, añade, fue que efectivamente el Gobierno "lo está mirando y lo tiene en cuenta".

La petición de la FELGTB se conjuga con la misma que desde hace años viene realizando la Federación de Planificación Familiar Estatal. Lo cuenta Luis Enrique Sánchez, ginecólogo y expresidente de la organización. "Valoramos políticamente como muy positiva la decisión, pensamos que es un camino más hacia la igualdad y evitar discriminación de colectivos con decisiones que contribuyen a su segregación y estigmatización", explica Sánchez.

De hacer efectiva su decisión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez lo que hace es "poner en las mismas condiciones del derecho a reproducción asistida a todas las mujeres, independientemente de su identidad sexual". Se trata de recuperar la"equidad e igualdad efectiva desde el punto de vista sanitario, moral y ético". Ahora, concluye el ginecólogo, "hay que llevarlo a la práctica y que se eliminen las normas legales que lo blinden, para que ni las comunidades ni los hospitales puedan poner trabas".

Familia tradicional

En el año 2013 la cartera de Sanidad anunciaba que las únicas razones válidas para la reproducción asistida debían atender a motivos médicos, y la posterior Orden Ministerial establecía diferentes supuestos de acceso a las técnicas. "Los tratamientos de reproducción humana asistida tendrán la finalidad de ayudar a lograr la gestación en aquellas personas con imposibilidad de conseguirlo de forma natural, no susceptibles a tratamientos exclusivamente farmacológicos, o tras el fracaso de los mismos" aunque también "se podrá recurrir a estos procedimientos a fin de evitar enfermedades o trastornos genéticos graves en la descendencia".

Limitar el acceso al tratamiento a factores estrictamente médicos supuso para las mujeres solteras y lesbianas una barrera prácticamente infranqueable, pese a que la Ley de 2006 señalaba que "la mujer podrá ser usuaria o receptora de las técnicas reguladas (...) con independencia de su estado civil y orientación sexual".

El equipo del anterior Gobierno, en opinión de Sánchez, "realmente no podía decir" que el motivo de la modificación fue el "rechazo ideológico" y una "concepción muy conservadora del modelo de familia". Para el ginecólogo, el grueso de la decisión fue tomado por "lobbies ultraconservadores del PP que presionaron" al Gobierno y lo condujeron "al error".

También a juicio de Sangil la decisión supuso una muestra de "homofobia y bifobia". La activista cree que "no existe otra lectura" y apela también a la "imposición del modelo tradicional de familia". Frente a ese modelo, considera, la realidad muestra que "hay diversidad de familias, por lo tanto el derecho tiene que ser igual para toda la ciudadanía".

Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, recuerda que aquella decisión fue "una medida claramente discriminatoria que condicionaba el acceso a la reproducción asistida de las mujeres al estado civil y además tenía claros sesgos de discriminación por razón de opción sexual". Soleto estima que "este tipo de medidas en la legislación no le hace bien a nadie, porque cuando se abre la puerta a una discriminación se cuelan todas las demás".

Por ello, agrega, "siempre es una buena noticia" la reversión al estado previo. "Tener elementos discriminatorios opera contra la calidad de los servicios públicos, que deben funcionar para todos", sentencia.

Victoria agridulce

La victoria, sin embargo, tiene un matiz agridulce: no se trata de nuevas conquistas, sino de "conseguir derechos que se han perdido". La voluntad de este Gobierno, por tanto, es "la restauración de derechos", pero el colectivo LGTBI "no se va a quedar ahí", dice Sangil. Son necesarias "más garantías y que aparezcan otros derechos que no están a través de un real decreto".

Sánchez también entiende que, incluso con el nuevo giro de volante, "siempre cabe el riesgo de que en el futuro esta consolidación de derechos sea interpretable y un nuevo Gobierno dé marcha atrás". Por este motivo, sería adecuado "normalizarlo de tal forma que tuviera encaje constitucional y no quepan sesgos ni marchas atrás".

Pese a su celebración, Soleto matiza que no se trata de la conquista de un derecho. "No estamos hablando de derechos, es gestión de servicios públicos", subraya. La experta cree que conviene "tener claro que cuando reconocemos un derecho y después la administración pública ofrece servicios de carácter público, tiene que poner esos servicios a disposición de la ejecución de los derechos sin caer en discriminaciones, porque sino la propia administración discrimina".

La prestación de esos servicios, por tanto, es "una herramienta" para la consecución de tales derechos. El cambio y la victoria radican en que "la intervención de la gestión se pongan a disposición de que las personas puedan sustanciar sus derechos".

Diferencias territoriales

Si bien es cierto que la modificación de Ana Mato se desarrolló a nivel estatal, las diferencias territoriales en cuanto a su aplicación han sido constantes en los años posteriores.

En el año 2013, antes de que el cambio de panorama entrara en vigor, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) condenó al Principado a indemnizar a una mujer que invirtió en cuatro inseminaciones artificiales realizadas en clínicas privadas. La sentencia señala a la Constitución para recordar la "igualdad de trato y no discriminación por razón de sexo". Negar el acceso a la reproducción asistida gratuita a parejas homosexuales, estima el dictamen, supondría obligar "a una persona de orientación homosexual a tener relaciones heterosexuales para la procreación".

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Ya en octubre de 2015 un juzgado madrileño condenaba a la Comunidad de Madrid y a la Fundación Jiménez Días por la interrupción de un tratamiento de fertilidad a una pareja de mujeres, debido a la "discriminación" que se vieron obligadas a soportar. El mismo mes la entonces presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, anunciaba su decisión de permitir el acceso a la reproducción asistida a todas las mujeres sin excepción.

Comunidades como Extremadura se inclinaron por seguir financiando las técnicas de reproducción asistida a lesbianas y mujeres solteras, tras el anuncio del Gobierno central, mientras que otras como la Comunitat Valenciana –bajo el mandato de Carmen Montón como consejera de Sanidad– optaron por devolver el acceso años más tarde.

Sangil recuerda que "hay comunidades donde se lo saltaron y se ofrece el servicio a mujeres solas, lesbianas y bisexuales. Otras no lo hacen y otras dan concesiones a las empresas privadas". Existen casos, explica, en las que "al no estar en la cartera de servicios lo hacen pero por debajo de la mesa". Al final, "no es lo mismo vivir en Murcia, que en Canarias, que en Madrid". Al menos hasta el momento. Aunque se trata de un "proceso administrativo que lleva su tiempo", los agentes sociales confían en la "voluntad política" expresada por el Gobierno y en que sus palabras se sustancien en cambios reales.