El Gobierno revisará las exportaciones de armas a Arabia Saudí presionado por los contratos de astilleros de Navantia

"El compromiso de un Gobierno con los Derechos Humanos es fácil de expresar, pero su deber es plasmarlo en acciones concretas". Es la valoración de Alberto Estévez, portavoz de Armas Bajo Control –campaña lanzada por Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón–, que se muestra optimista ante la "declaración de intenciones" del Gobierno de revisar los contratos de exportación de armas a Arabia Saudí. Pero lo cierto es que esa "declaración de intenciones", tal y como la calificó este viernes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, era el lunes un compromiso en firme. Según adelantó entonces la Cadena Ser, el Ministerio de Defensa había decidido paralizar la venta al país del Golfo de 400 bombas de precisión –por las que España recibiría 9,2 millones– que podrían emplearse contra la población civil en la guerra de Yemen, tildada ya por la ONU de "crisis humanitaria". 

El anuncio de Defensa llegó unos días después de un ataque de la coalición que lidera Arabia Saudí y que mató a decenas de personas en Yemen –muchos de ellos niños–. El Gobierno español se sumó a la "preocupación" expresada por Naciones Unidas y explicó que la venta de material de defensa a todos los países de esta zona está sujeta a "estrictas condiciones", incluida una garantía de que no será utilizado fuera del país. 

La decisión, según confirmó el propio Ejecutivo, generó algún conflicto con Arabia Saudí, pero fueron las protestas de los trabajadores de Navantia las que complicaron aún más la situación. Este viernes, más de un millar de trabajadores de la empresa en San Fernando (Cádiz) cortaron el tráfico de la autovía A-4 por temor a que el conflicto con el país rompiera también su contrato de construcción de cinco corbetas –de mucha más cuantía, 1.813 millones–, que se calcula generará 6.000 empleos directos e indirectos durante cinco años.

Y precisamente, esta puede ser una de las causas de la rectificación del Gobierno. Según Jordi Armadans, presidente de FundiPau, estas dos "presiones" han podido empujar al Gobierno a dar marcha atrás y a desdecirse de lo anunciado el lunes. "Algunos contactos y presiones han podido haber influido" en la decisión del Gobierno, afirma en conversación con infoLibre. Pero el Ejecutivo ha intentado salir al paso y desmentir, este mismo viernes, que los contratos de Navantia estén en peligro. En este sentido, la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, aseguró que el contrato "sigue vigente" y, de hecho, Arabia Saudí ya ha realizado los primeros pagos. "Hasta donde yo sé, la fabricación, funcionamiento y vigencia del contrato sigue en marcha", ha trasladado.

Lo confirmó, poco después, la portavoz del Gobierno. Celaá negó una crisis diplomática entre España y Arabia Saudí y, además, señaló que el Ejecutivo defenderá la carga de trabajo de los astilleros gaditanos de Navantia. "No creo que exista una crisis diplomática. Puede haber algún intercambio de opinión y puede haber habido alguna discrepancia, pero yo creo que se resolverá", dijo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

"Ruido innecesario"

Han podido servir como presiones al Gobierno, pero de manera injustificada, según Estévez. "Lo de Navantia ha sido un ruido innecesario, sobre todo porque la secretaria de Estado de Comercio ya dijo que el contrato no corría peligro", afirma. Lo dice porque, a su entender, no tiene sentido que la rescisión del contrato de las 400 bombas de precisión afecte al de los astilleros. Y lo constata con ejemplos: "Alemania, Bélgica o Noruega ya tomaron medidas restrictivas y prohibieron la exportación de armas que pudieran utilizarse en Yemen", recuerda. Y Arabia Saudí no tomó en ningún momento ningún tipo de represalia. 

"El Ministerio de Defensa tan sólo cumplió con su deber: ha afirmado que revisará los contratos y, si alguno no se ajusta a la ley, se eliminará", celebra. Pero desde Armas Bajo Control continúan insistiendo: debe eliminarse de forma completa el comercio de armas entre España y Arabia Saudí. 

Desde que comenzó la guerra en Yemen en el año 2015 y hasta 2017, España ha vendido 932 millones de euros en armas a Arabia Saudí. Tan sólo el año pasado, España ingresó 4.346,7 millones de euros por exportar material de defensa, y aunque el 72,6% de las ventas fue a países de la UE o la OTAN, fuera de este marco su principal cliente fue Arabia Saudí, de quien ingresó 270,2 millones de euros.

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El beneficio económico es elevado, pero, según las ONG, se recibe a costa de la violación sistemática de Derechos Humanos. Por eso, después de tantas insistencias al Gobierno para que cesaran las ventas de material armamentístico, ahora celebran la voluntad de revisión de los contratos de exportación. "Valoramos muy positivamente que el Gobierno anteponga los derechos a los intereses comerciales, pero hasta que no se concrete en paralizar las ventas o en paralizar algunas que ya están en marcha tampoco podemos decir mucho más", expresa Armadans. 

Por ello, de momento se muestran cautos. Desde Armas Bajo Control ya conocían que la intención del Gobierno era revisar los contratos, pues se lo adelantó Méndez en la reunión que mantuvieron el pasado martes. Aunque, según afirman en conversación con este diario, esperaban más de su comparecencia de este viernes. "Esperábamos que en el Congreso de los Diputados concretara la revisión de los contratos, pero hasta que no se reúna la JIMDDU –Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso–, no sabremos nada más", critica Armadans. "Veremos, en ese momento, si de verdad hay cambios o no", afirma. 

La decisión depende ahora, por tanto, de ese organismo, formado por Presidencia, Exteriores, Defensa, Economía, Industria, Hacienda, Interior y Energía –según un decreto de 2014–. Lo único seguro, por ahora, es que el Ejecutivo tratará de "encontrar una solución satisfactoria para todas las partes", que pase por "mantener buenas relaciones con Arabia Saudí" y al mismo tiempo asegurar la carga de trabajo de los astilleros en Cádiz, según dijo la propia Celaá.