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El futuro de Cataluña

El PDeCAT busca que el Congreso cuestione a la Justicia por los casos de La Manada y el 'procés'

El portavoz del PdeCAT en el Congreso, Carles Campuzano (en el centro), conversando con varios diputados.

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El PDeCAT quiere que el Congreso cuestione este jueves las sentencias dictadas en casos como los de La Manada, la agresión de Alsasua o el proceso soberanista catalán, fallos que, a su juicio, provocan que el Poder Judicial esté "alejándose" cada vez más de la sociedad, que percibe que la justicia "no es justa ni imparcial".

Así se recoge en unas de propuestas de resolución que los independentistas catalanes han registrado a la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del año 2016 que serán debatidas y votadas en sesión plenaria el jueves, tres días después de la apertura del año judicial que presidirá el Rey.

Con sus propuestas, que recoge Europa Press, el grupo que capitanea Carles Campuzano busca que el Congreso muestre su respeto a la independencia judicial, pero que también exprese el convencimiento de que la justicia "está alejándose de la sociedad", razón por la que reclama al CGPJ propuestas para "corregir" esta situación.

Según señala, existen "numerosos" ejemplos que demuestran que las sentencias judiciales están siendo "ampliamente contestadas" por la sociedad, entre las que reseña la de La Manada, que, a juicio del PDeCAT, ha supuesto un "retroceso" en los reconocimientos sociales en materia de igualdad y violencia de género.

Los casos Castor y Blanquerna Castor Blanquerna

Pero también refiere casos como la sentencia a los jóvenes de Alsasua, en el que han sido "numerosas" las manifestaciones de ciudadanos que han rechazado que se les condene por terrorismo, la del proyecto gasista Castor o el asalto violento por parte de ultras a la librería Blanquerna en 2013.

En esta lista, además, incluye la "larga" prisión preventiva aplicada a los líderes independentistas encargados por un delito de rebelión, "rechazada por cerca del 80% de la sociedad, según datos de una reciente encuesta".

Y, vinculado también con Cataluña, los independentistas catalanes vuelven a emplazar al órgano de gobierno de los jueces a manifestar la necesidad de derogar la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en lo que tiene que ver con la atribución de inhabilitar cargos electos y funcionarios, una potestad sancionadora que consideran que no debería corresponder al Alto Tribunal.

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Por otro lado, Ciudadanos reclama, en otra propuesta de resolución, la necesidad de que el Consejo del Poder Judicial apoye a los jueces y fiscales destinados en Cataluña para evitar la huida de la comunidad como consecuencia de las "presiones" que han recibido en los últimos meses.

Unos "ataques", sin embargo, que los independentistas catalanes de ERC ponen en duda en otra propuesta presentada a la citada Memoria del CGPJ, en la que califican como "llamativa" la "escasa" utilización del procedimiento de amparo del CGPJ.

En concreto, en su texto, los de Joan Tardà insta al órgano rector de los jueces a amparar "de modo efectivo" a los miembros de la carrera judicial de "cualquier ataque" recibido que afecte a su independencia.

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