El sistema de decisiones de Bruselas no cambia de hora

Convertida en efímero pero estelar objeto de debate, la consulta pública sobre el cambio de horario ha recubierto durante el verano a la Comisión Europea de la pátina de prestigio que la participación ciudadana confiere a quien la promueve. Abierta entre el 4 de julio y el 16 de agosto, la consulta recibió nada menos que 4,6 millones de respuestas. Atendiendo a sus resultados, el equipo del presidente Jean-Claude Juncker anunciaba el último día del mes que Bruselas propondrá la desaparición del cambio de hora en toda Europa.

Pero más allá de la cuestión en sí sobre los beneficios y contraindicaciones de un solo horario durante todo el año, la propia encuesta y la subsiguiente decisión del Ejecutivo comunitario han hecho aflorar la existencia de unas consultas públicas no vinculantes e ignoradas en todos los sentidos por buena parte de la ciudadanía.

Que son ignoradas lo denota el siguiente ejemplo: desde el 19 de junio de 2017 y hasta el 18 de septiembre de ese año, los habitantes de la UE estaban llamados a participar en una encuesta online bajo un larguísimo enunciado, Consulta sobre la legislación de la Unión Europea (UE) en materia de migración legal de ciudadanos de terceros países (control de adecuación de la legislación de la UE en el ámbito de la migración).

Como target de la consulta –grupos a los que se dirigía– aparecían los siguientes colectivos: "Ciudadanos no pertenecientes a la UE que desean ingresar a la UE; ciudadanos no comunitarios que residen o han residido en la UE; empleadores, representantes comerciales y empresas no pertenecientes a la UE con la intención de prestar servicios en la UE; autoridades públicas; y ONG, ciudadanos interesados ​​y otros". Los "ciudadanos" en general estaban por tanto llamados a participar en esa consulta. ¿Pero lo estaban realmente?, ¿cabe hablar de llamamiento en el sentido que ese término implica en cuanto a movilización?

El censo oficial de los 28 países de la Unión suma 508 millones de habitantes. Y según Eurostat, la oficina europea de estadística, el 71% de ese inmenso paquete humano ya accedía a diario a Internet en 2016. Pero aquella consulta de hace apenas un año, convocada por la Comisión Europea "para recabar pruebas, datos y opiniones en apoyo de la evaluación del marco jurídico vigente en la UE" sobre la política migratoria, recibió 874 respuestas al cuestionario planteado. Y 51 "contribuciones escritas".

De esas 874 respuestas –el cuestionario ya no está disponible–, la mitad –440– procedían de ciudadanos no comunitarios que residían o habían residido en territorio de la UE [puedes ver el documento oficial que lo acredita pinchando aquí, pero solo en inglés].

Y un dato más sobre la incidencia de esa encuesta sobre política migratoria: una búsqueda selectiva en Google mediante el procedimiento de encerrar entre comillas el nombre exacto de la consulta, en inglés y en castellano, arroja un balance sorprendente: nueve resultados en inglés localizados el viernes a las nueve y media de la noche. Ningún resultado en español.

Dada la capacidad de influencia –y de propaganda- de la UE, la pregunta vuelve por tanto a ser la misma: ¿estaban verdaderamente llamados los ciudadanos a participar en esa consulta sobre política migratoria, de resultado no vinculante como ninguna de las de esas características pero relativa a uno de los problemas que con mayor desgarro están poniendo a prueba la cohesión de todo un continente mientras avanzan dentro de sus fronteras los partidos xenófobos? ¿Sirve de algo ese procedimiento o constituyen las consultas una mera herramienta para publicitar el carácter democrático de las instituciones europeas y su afán oficial por acercarse a los de a pie y a las organizaciones sociales involucradas en cada materia?

La semana pasada, infoLibre formuló varias preguntas a los portavoces de la Comisión Europea sobre el contenido, alcance y efecto real de las consultas públicas lanzadas por Bruselas, 11 de las cuales permanecen abiertas ahora mismo [puedes verlas aquí] Una de ellas quedó formulada del siguiente modo: ¿quién y con qué criterio decide qué futuras iniciativas legislativas o políticas deben someterse a consulta pública?

La respuesta dice así: que la Comisión efectúa consultas públicas para iniciativas “basadas en evaluaciones de impacto y evaluaciones y controles de adecuación”, así como para los denominados Libros Verdes. El glosario oficial de la UE define un Libro Verde como un documento publicado por la Comisión “cuyo objetivo es estimular una reflexión a escala europea sobre un tema concreto”.

¿Pero cabe entonces la posibilidad de que grandes asuntos que puedan preocupar a las opiniones públicas de los diferentes Estados miembros queden fuera del plan de solicitud de opinión a los ciudadanos si la Comisión no tiene previsto promover ninguna nueva iniciativa legislativa o política sobre el asunto?

La contestación, pese al espíritu diplomático que impregna casi siempre el relato oral y escrito de la UE, apunta a que, en efecto, algunos grandes asuntos pueden quedar fuera del plan. "La Comisión –aseguran las fuentes sondeadas– lleva a cabo consultas y otros trabajos preparatorios cuando se desarrollan nuevas iniciativas o se evalúan las ya existentes. Aunque existen las llamadas consultas exploratorias, es decir, consultas no vinculadas a una iniciativa determinada, no son muy frecuentes".

Así las cosas, persisten dos grandes interrogantes sobre las consultas públicas auspiciadas por la Comisión Europea. El primero, qué efecto práctico tienen en la toma de decisiones por parte del Gobierno comunitario. El segundo, quiénes y con qué criterio deciden si la Comisión hace o suyo el resultado de una consulta, como ha ocurrido con el cambio de hora, o si, por el contrario, opta por no tenerlo en cuenta. 

La contestación a la primera cuestión arroja solo una tibia luz: "Los resultados de la consulta –explican fuentes de la Comisión– se incorporan a la elaboración de las políticas de la Comisión. El Comité de Control Reglamentario [pincha aquí para conocer sus funciones] examina la manera en que se consulta al público y a las partes interesadas y la forma en que dichos resultados han quedado reflejados en la evaluación de impacto o en el informe de evaluación".

"Contribuir a la toma de decisiones pero no sustituirla"

¿Pero qué ocurre, y esa es en realidad la segunda pregunta, si, por ejemplo, en la consulta sobre el futuro de la UE, lanzada en mayo con motivo del Día de Europa, los ciudadanos respondieran masivamente de modo afirmativo a la pregunta de si para mejorar el área impositiva o tributaria preferirían una mayor armonización entre los países de la Unión Europea? ¿Esgrimiría ese hecho Bruselas para imponer avances hacia la unificación en política fiscal en una Unión Europea donde un Estado como Luxemburgo, del que Jean-Claude Juncker fue primer ministro, opera en la práctica como paraíso fiscal?

Cambio de hora en Europa

Ver más

La respuesta, ofrecida a la pregunta general sobre quiénes y con qué criterio deciden si la Comisión hace suyo el resultado de una determinada consulta ciudadana, fue esta: "Las consultas públicas, como los demás instrumentos de mejora de la legislación (por ejemplo, análisis, evaluaciones de impacto) y otras formas de recogida de datos (por ejemplo, estudios), pueden contribuir a la toma de decisiones pero no sustituirla". En resumen, la última palabra la seguirá teniendo la Comisión, se aplique el horario que se aplique.

Este periódico lanzó una pregunta más para la que logró una larga respuesta que no despeja la incógnita: la de qué mecanismo de ponderación aplica la Comisión para que las respuestas proveniente de ciertos países no pesen más que las llegadas desde otros Estados donde la consulta haya tenido menos éxito de participación. "La Comisión –dicen las fuentes comunitarias– promueve la participación en las consultas públicas en toda la UE, en particular a través del material de promoción en las distintas lenguas de la UE: promoción general y promoción de una selección de iniciativas especialmente importantes".

"Nuestro objetivo –prosigue el portavoz consultado– es llegar a los ciudadanos de todos los Estados miembros, así como a una gama lo más amplia posible de interlocutores interesados. Analizamos detenidamente las respuestas, especialmente las respuestas a las preguntas abiertas (ya que nos proporcionan información, nos informan sobre problemas reales y nos facilitan ideas) para garantizar que las contribuciones de los distintos Estados miembros y de los diferentes interlocutores se entiendan adecuadamente y se tengan en cuenta".