España es el país europeo que más ingresa con el 'comercio' de permisos de residencia en plena crisis migratoria

El comercio con la residencia y la nacionalidad parece que se ha normalizado en la Unión Europea. A día de hoy, con la crisis migratoria centrando buena parte de los debates políticos a nivel comunitario, más de una decena de países europeos ofrecen la posibilidad de obtener un permiso de residencia, cuando no directamente la ciudadanía, a golpe de inversión. Algunos son más estrictos en las condiciones, otros menos, algunos la conceden por menos dinero, otros por más, pero todos ellos hacen caja con uno de los bienes más preciados en la actualidad, sobre todo si se tiene en cuenta que desde 2014 han muerto en el Mediterráneo en busca de un futuro mejor casi 20.000 personas. Y, en este mercado, España es el rey a nivel europeo, por delante de Chipre y Reino Unido, según los datos publicados este miércoles por Transparencia Internacional y el colectivo Global Witness en el informe European getaway. Inside the murky world of Golden Visas (Escapada europea. Dentro del oscuro negocio de las Golden Visas).

Las instituciones comunitarias ya se han pronunciado en más de una ocasión sobre las prácticas de este tipo para atraer fortunas. Así, por ejemplo, en una resolución aprobada por el Parlamento Europeo en enero de 2014 se pidió a todos los Estados miembro que actuaran “de manera responsable” para preservar “los valores y logros comunes de la Unión”, que son “inestimables” y no pueden “llevar pegada una etiqueta en la que se indique su precio”. El texto, subido al hemiciclo por las socialdemócratas Kinga Göncz y Sylvie Guillaume, criticaba con dureza que esta clase de programas terminaban desembocando “directa o indirectamente en la venta de la ciudadanía de la Unión Europea a nacionales de terceros países, incluso sin exigirles el requisito de la residencia”.  “Medidas que pueden conducir a una verdadera venta de la ciudadanía”, sentenciaba la resolución, aprobada por mayoría en la Eurocámara.

Pero de poco han servido los tirones de orejas llegados desde Bruselas. A pesar de las advertencias, el negocio no deja de expandirse año tras año en el Viejo Continente. Y en este mercado, España es el que hace más caja. Según el estudio, de media ingresa anualmente a través del programa de residencia por inversión 976 millones de euros, por delante de otros países como Portugal –670 millones–, Reino Unido –498 millones–, Grecia –250 millones–, Letonia –180 millones– o Irlanda –43 millones–. Esta clasificación, no obstante, hay que tomarla con cierta cautela, teniendo en cuenta que algunos Estados o no facilitan ese tipo de datos –Luxemburgo, Países Bajos o Austria– o solo ofrecen cifras parciales. Chipre, por ejemplo, desvela lo que ingresa anualmente a través de su programa de nacionalidad por inversión –914 millones–, pero no aclara qué beneficios le reporta el de permiso de residencia por inversión. Lo mismo pasa con Bulgaria o Malta.

Un negocio en auge

El mercado de las Golden Visas es abrumador. Se calcula que en la actualidad este tipo de programas cazafortunas generan unos ingresos a nivel mundial de 11.150 millones de euros, una cifra que en un par de años podría escalar hasta los 17.170 millones de euros. De todos estos esquemas, señala el estudio, los europeos “representan el extremo más alto de mercado”. “El coste promedio de un billete de entrada a la Unión Europea –una inversión de alrededor de 900.000 euros– es mucho mayor que el de otros esquemas populares de otros países, como el de San Cristóbal y Nieves –entre 130.000 y 347.000 euros de inversión– o Granada –el desembolso necesario oscila entre los 130.000 y los 303.000 euros–”, señala el estudio, que critica de forma contundente que los datos oficiales públicos de estos programas sean “escasos, dispersos y limitados”.

Fruto del descomunal negocio creado alrededor de las Golden Visas son las decenas de empresas nacidas para aconsejar y gestionar la tramitación de estos permisos de residencia, o ciudadanía en algunos Estados, a grandes fortunas e inversores –La Vida Golden Visas o Henley&Partners, son algunos de los nombres que aparecen con una simple búsqueda en Internet–. Alguna, como por ejemplo Citizenship Invest, está incluso avalada, según aseguran en su página web, por el Gobierno del país que vende la nacionalidad. Otras, como la anteriormente citada Henley & Partners, se presentan como líderes mundiales en el sector: “Cada año, cientos de individuos ricos, las familias y sus asesores se basan en nuestros conocimientos y experiencia en esta área”. E, incluso, llegan a editar y a poner a la venta por 80 dólares informes anuales sobre la situación del mercado a nivel global.

Visado por medio millón

En el caso de España, este negocio está regulado en la Ley de Apoyo a Emprendedores y su Internacionalización, una normativa a la que se pueden acoger los inversores extranjeros que quieran obtener un visado de residencia para vivir en nuestro país durante un año o una autorización de residencia de dos años, que se podrá renovar si la inversión se mantiene y si se ha realizado al menos una visita a España durante ese periodo. Aprobada en 2013, durante la primera legislatura de Mariano Rajoy en la Moncloa y en plena crisis, se presentó como “una de las reformas estructurales más importantes del programa reformista del Gobierno”. El objetivo era promover y agilizar la creación de empresas en un momento en el que el maremoto económico se había llevado por delante, según datos de la Seguridad Social, unos 250.000 negocios.

La Ley de Apoyo a Emprendedores y su Internacionalización fija, en su artículo 63, los requisitos de inversión indispensables para la obtención del visado de residencia. Unas barreras que sólo están al alcance de aquellos inversores con un elevado poder adquisitivo: comprar propiedades por valor de 500.000 euros; acciones, depósitos bancarios o participaciones sociales de empresas españolas por valor de 1 millón de euros; o la compra de deuda pública por valor de 2 millones de euros. También recoge la posibilidad de acogerse a este Programa de Residencia para Inversores y Emprendedores (PRIE) aquellos “proyectos empresariales” considerados “de interés general” siempre y cuando creen puestos de trabajo, se realice “una inversión con impacto socioeconómico” y que suponga una “aportación relevante a la innovación científica y tecnológica”.

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“Discriminación por razón estrictamente económica”

Durante el primer año de aplicación de la ley (de septiembre de 2013 a diciembre de 2014), un total de 531 inversores extranjeros han conseguido el visado acogiéndose a ella, según consta en el Informe sobre la aplicación de la Sección de Movilidad Internacional de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, publicado en 2017 y único balance de situación revelado por el Ejecutivo hasta la fecha. Desde entonces, el aumento ha sido exponencial. A día de hoy, según los datos recogidos en el estudio de Transparencia Internacional y el colectivo Global Witness, han conseguido en España el visado de residencia por inversión 24.755 personas. La inmensa mayoría procedían de China –7.118–, Rusia –4.715– y Estados Unidos –4.327–. De hecho, según el informe, los ciudadanos chinos copan “el 70% del mercado mundial de Golden Visas”.

Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y Política en la Universitat de València, se dedicó hace cuatro años a estudiar el crecimiento de este fenómeno. En conversación telefónica con infoLibre, el también investigador del Instituto de Derechos Humanos del centro universitario muestra su rechazo a estos esquemas de comercio de la ciudadanía, un bien jurídico que “no puede ponerse en venta”. Sobre todo, en un momento en el que miles de personas mueren al intentar llegar al Viejo Continente a través de rutas no seguras. “Todas aquellas personas que tratan de llegar a España para trabajar, como los magrebíes, los latinoamericanos o los africanos, jamás van a tener esa vía expedita para conseguir la residencia y, en último lugar, la nacionalidad, que tienen los que pueden permitirse poner esas cantidades de dinero encima de la mesa”, asevera el catedrático, que se muestra extremadamente crítico con esta “discriminación por razón estrictamente económica”.