Patronal, sindicatos y Gobierno cierran con el Plan de Empleo Joven su primer acuerdo tras cuatro meses de diálogo social

La CEOE se incorporó este miércoles al acuerdo que ya habían cerrado los sindicatos y el Gobierno sobre el Plan de Choque por el Empleo Joven de modo que han cerrado el primer pacto del Diálogo Social abierto en julio en cinco mesas sobre políticas laborales. Con un presupuesto de 2.000 millones de euros que se repartirán hasta 2021, el plan tiene como objetivo reducir la tasa de paro juvenil en 10 puntos desde el 33% actual, una cifra que convierte a España en el segundo país de la UE con el mayor porcentaje de menores de 25 años sin trabajo después de Grecia. También deberá aumentar los contratos indefinidos de los jóvenes en un 15% y recortar la brecha de género en otro 20% en un plazo de tres años.

Para conseguirlo, los agentes sociales y el Gobierno han diseñado 50 medidas destinadas a conseguir un empleo a los 528.000 menores de 25 años que se encuentran en paro en España. Si se les suman los 405.700 de entre 25 y 30 años que también carecen de trabajo, son casi un millón de personas –934.5000– según la última Encuesta de Población Activa (EPA) los potenciales beneficiarios del plan.

“Consideramos que era más importante enviar un mensaje a la sociedad en una materia tan importante como el paro de los jóvenes que estar de acuerdo en todo lo que incluye el documento”, explica el responsable de Relaciones Laborales de la CEOE, Jordi García Viña, sobre el cambio de postura de la patronal. La aceptación del Plan de Choque, no obstante, se produce dos semanas después del relevo en la presidencia de la patronal, que ha pasado de Juan Rosell a Antonio Garamendi.

A juicio de García Viña, el documento sólo dibuja las líneas generales de una política que tendrá que ser desarrollada por las comunidades autónomas. “Ése va a ser el elemento fundamental, que haya una buena coordinación con el Estado y que las comunidades se pongan las pilas”, resume. También Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, califica de “muy generales” las medidas incluidas en el plan e incluso critica una excesiva “dispersión” entre administraciones e instituciones que, resalta, puede obstaculizar su eficacia. “Es mejorable”, asegura, “y no nos gusta del todo, pero creemos que los jóvenes no pueden esperar más y que el plan no podía alargarse más en el tiempo; cuanto antes se ponga en marcha, mejor”.

Cotizarán los aprendices de las escuelas taller

El documento incluye la contratación por parte de los gobiernos autonómicos de 3.000 orientadores laborales, el mismo número de los que fueron despedidos nada más llegar el PP al Ejecutivo en 2012. De todos modos, estos profesionales se dedicarán a asesorar a desempleados de todas las edades, no sólo a los jóvenes. También se redactará un estatuto de las prácticas no laborables, para atajar el abuso de la figura del becario en las empresas, y se reconoce el derecho a cotizar a la Seguridad Social a quienes firman contratos de formación como parte de un programa de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo, que hasta ahora no tenían derecho a prestaciones por desempleo.

Además, el plan recurre a la colaboración público-privada para formar, orientar y emplear a los jóvenes. Pese a la desconfianza de los sindicatos hacia las agencias de colocación privadas y a las dudas sobre la eficacia del modelo puesto en marcha por el anterior Gobierno, la apuesta de la CEOE por este mecanismo ha terminado por consagrarlo en el acuerdo. Las comunidades autónomas continuarán utilizando a estas agencias, empresas de formación y a las ETT para sus políticas de empleo. “Necesitamos mecanismos que sean eficaces y las agencias y ETT conocen el terreno y las necesidades de las empresas e incluso tienen más presencia que los servicios públicos de empleo”, elogia Jordi García Viña. “Se habla de empresas privadas en relación con las lanzaderas de empleo [experiencias piloto para buscar trabajo y emprender]”, aclara Lola Santillana, secretaria de Empleo de CCOO.

Un Plan de Retorno, para recuperar a los jóvenes que emigraron durante la crisis por falta de oportunidades laborales en España, está igualmente esbozado en el acuerdo alcanzado este miércoles: abarca incentivos para que las empresas contraten a los jóvenes retornados, “pero sin discriminar a los que están aquí”, precisa Santillana, y ayudas al alquiler y a los gastos del traslado. Las medidas para garantizar la igualdad ante el empleo de ambos sexos incluyen la implicación de agentes de igualdad, a través del Instituto de la Mujer. Otras iniciativas tienen como objetivo los jóvenes inmigrantes y, en general, “los más vulnerables”, apunta Antoñanzas. Pero todas ellas están a la espera de ser concretadas más adelante en una Mesa de Contratación, avanza la dirigente de CCOO, que deberá abrirse inmediatamente, al tiempo que deberán ser desarrolladas por las comunidades autónomas, al poseer todas las competencias en la materia. Los gobiernos territoriales ya cerraron un acuerdo con el Gobierno sobre un borrador inicial del plan, indica la responsable de UGT, por lo que éste no debería encontrar ahora mucha oposición. De ahí, coinciden sindicatos y patronal, la importancia de la coordinación que recaerá en el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), encargado de gestionar los recursos.

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Esos 2.000 millones del plan proceden de los Presupuestos Generales del Estado, no de los fondos europeos con que se ha financiado los últimos años el Sistema de Garantía Juvenil. Por tanto, las medidas del plan podrán beneficiar también a los parados de entre 25 y 30 años, indica Cristina Antoñanzas. Desde julio de 2015, el acceso al Sistema Nacional de Garantía Juvenil se extendió a los desempleados menores de 30 años con carácter extraordinario y sólo hasta que la tasa de paro de los jóvenes cayera por debajo del 20%. En un principio, los programas de la UE estaban destinados únicamente a los menores de 25 años. El Plan de Choque, que aprobará mañana el Consejo de Ministros, ni siquiera menciona el Sistema de Garantía Juvenil, cuya eficacia ha sido puesta en duda por la misma Unión Europea. “No ha tenido ningún éxito, no funciona, los jóvenes ni siquiera lo conocen”, critica el dirigente de la CEOE. 

García Viña destaca la ausencia de en el plan de incentivos a las empresas para que contraten. “No somos demasiado partidarios de la subvenciones: si alguien no necesita contratar, no lo hará aunque le subvencionen”, sostiene. “Ese tema se decidirá más adelante”, avanza Cristina Antoñanzas, quien se muestra partidaria de restringir las bonificaciones de cuotasbonificaciones de cuotas a colectivos muy concretos, para aumentar su eficacia y evitar dañar los ingresos de la Seguridad Social.

La misma indefinición sufren las medidas para aumentar los contratos indefinidos de los jóvenes. UGT hace hincapié en el contrato de relevo para empujar a favor de la calidad en el empleo de los más jóvenes –“pero aún no hemos ido más allá de intercambiar documentos”, precisa Antoñanzas–, mientras Lola Santillana apuesta por la conversión en indefinidos de los contratos temporales como mecanismo más adecuado. “En noviembre el 37% del aumento de los indefinidos puede atribuirse a la transformación de contratos temporales gracias al plan especial de la Inspección de Trabajo”, subraya, que se puso en marcha en agosto.