El 'caso Cursach': una enredadera de extorsiones, corrupción policial y presiones a los investigadores

“Insólita” e “injustificada”. Así han definido este jueves más de 650 periodistas de toda España la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma de Mallorca, Miguel Florit, de ordenar la incautación de material profesional y personal a dos periodistas de Diario de Mallorca y la delegación balear de Europa Press para investigar un presunto delito de revelación de secretos. En un escrito presentado ante el Consejo General del Poder Judicial, los informadores recordaron que el secreto profesional de los periodistas es el “único constitucionalmente protegido” y cargan contra la decisión del juez, que contó con el respaldo de la Fiscalía, de incautar a los dos profesionales sus teléfonos personales y ordenadores para averiguar el origen de una filtración relacionada con la trama de corrupción por la que está siendo investigado el empresario de la noche mallorquina Bartolomé Cursach, un caso que salpica también a policías locales, políticos y funcionarios.

Para comprender los orígenes del conocido como caso Cursach es necesario retrotraerse un lustro. En septiembre de 2013, por orden del juez José Castro a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, agentes de la Guardia Civil irrumpieron en la sede de la Policía Local de Palma en busca de pruebas que acreditasen un presunto amaño de oposiciones para ascender a la categoría de oficial. Poco a poco, y a medida que avanzaron las pesquisas, se terminó destapando una presunta trama de corrupción en el seno de la Policía Local de Palma y Calviá, activa al menos durante las dos últimas décadas, que favorecía a algunos empresarios de la noche palmesana y extorsionaba a todos aquellos que no aceptaban sus chantajes, así como la connivencia de los policías con funcionarios del Ayuntamiento a los que se acusaba de tramitar denuncias falsas y de enterrar todas aquellas que afectaban a los empresarios cercanos a la trama.

Empresarios, policías y políticos

Pero la derivada Cursach no se despejó hasta 2017. A finales de febrero de ese año, agentes de la Policía Nacional detuvieron al rey de la noche mallorquina, Bartolomé Cursach, así como a uno de sus directivos en el grupo de empresas, Bartolomé Sbert, y al administrador de sus sociedades. En el momento de su arresto, el magnate controlaba un gran imperio. Bajo su propiedad estaban solares y hoteles, uno de los gimnasios más grandes de Palma, un gigantesco establecimiento de comida y numerosas salas de fiesta. Él era el dueño de la Riu, de Tito’s o de la macro discoteca BCM. Los registros se fueron multiplicando durante toda la jornada en las propiedades y compañías del magnate que años atrás había sido también el principal accionista del Real Club Deportivo Mallorca. Completados los arrestos, los agentes se dirigieron al departamento de Actividades del Ayuntamiento de Calviá, donde incautaron ordenadores y abundante documentación.

El juez Manuel Penalva decretó horas después el ingreso del empresario en prisión provisional. Lo hizo con un auto de 274 páginas en el que se acusaba a Cursach de hasta 16 delitos diferentes, entre ellos homicidio, extorsión, amenazas, tráfico de influencias o falsedad documental. En el escrito, el juez situó al empresario en la cúspide de una “organización criminal” que presuntamente, y según varios testimonios, pagaba a policías locales y funcionarios para que beneficiaran a sus firmas y “machacaran a la competencia” en un ejercicio de “extorsión sistemática”. Entre las dádivas que recibían agentes y políticos para favorecer sus negocios, algunos testigos apuntaron en el juzgado a fiestas con prostitutas y drogas. El pasado mes de abril, después de pasar trece meses en la cárcel, el rey del ocio nocturno de Palma fue puesto en libertad provisional después de pagar una fianza de un millón de euros.

Presiones al juez y al fiscal

Desde sus inicios, el conocido como caso Cursach ha sido investigado por el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán. Y las presiones sobre ellos para intentar que las pesquisas fueses metidas en un cajón han sido constantes. Entre ellas, destacan las protestas organizadas en Palma contra la instrucción de la causa. En noviembre de 2017, coincidiendo con la declaración del empresario ante el juez, tres centenares de personas se concentraron bajo el lema “Corrupción en el Juzgado de Instrucción” para pedir la inhabilitación del juez y el fiscal por “haber manipulado e inventado pruebas dentro del caso”. Las marchas, a las que asistieron algunos empleados de Cursach, se repitieron durante los dos meses siguientes, mientras que las asociaciones de jueces y fiscales de Baleares respaldaban a sus compañeros. Además, contra el juez y el fiscal también se interpusieron varias querellas por encubrimiento y prevaricación, así como por injurias y calumnias.

Todos ellos ponían sobre la mesa el cambio de testimonio de una madame de un prostíbulo que comenzó asegurando que el empresario de la noche había pagado fiestas con prostitutas a los políticos del PP balear José María Rodríguez y Álvaro Gijón –ambos suspendidos actualmente por la formación conservadora– pero que acabó desdiciéndose y acusando a juez y fiscal de haberla presionado. Al final, la testigo acabó presentando una serie de mensajes intercambiados con Penalva en los que el juez llamaba “hijos de puta” a algunos de los imputados en la causa. Esto permitió a las defensas solicitar su recusación. Él, sin embargo, hizo todo lo posible para evitar que le apartasen del caso. Así, en un informe de 192 páginas respondiendo a la petición, Penalva calificó sus expresiones de “poco estéticas” y recordó que durante toda la instrucción tanto investigadores como testigos han estado sometidos a un “implacable hostigamiento” de la “organización criminal” bajo la lupa.

De poco sirvió. El pasado mes de marzo, la Audiencia Provincial de Baleares le apartó del caso Cursach por considerar que había puesto en peligro su “apariencia de imparcialidad”. Ya desde la barrera, el pasado mes de abril concedió una entrevista en el programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser donde relató el calvario sufrido durante años. Comentó cómo trataron de quemarle el coche. Aseguró que habían dibujado pistolas en su casa. Y explicó que tanto Subirán como él se han visto obligados a salir a la calle armados –la Guardia Civil les autorizó a ello en enero de 2016–. “El fiscal ha sufrido más, porque empezó antes que yo en esta investigación. A veces es de manera sutil, por ejemplo, verse rodeado de policías locales cuando está nadando. No son hechos denunciables, son miradas, son actuaciones, conductas que provocan una intimidación”, completó, recordando que también algunos testigos de la causa han sido agredidos.

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Una compleja enredadera

Tras la recusación, ha sido el juez Miguel Florit el que ha cogido las riendas de la macrocausa, en la que se encuentran investigadas más de un centenar de personas –altos mandos policiales, funcionarios, políticos y empresarios–. Suya será la tarea de resolver un puzzle con gran cantidad de ramificaciones, algo que le ha obligado a ir abriendo diferentes piezas separadas. Una de ellas fue, por ejemplo, la que se abrió en secreto a raíz de un informe remitido al juez por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional. A lo largo de 500 páginas, los expertos señalaban que el Grupo Cursach habría defraudado al menos 51 millones de euros a Hacienda y otros 14,7 millones a la Seguridad Social entre 2010 y 2016, aunque añadía que esta cantidad supondría “una ínfima parte de lo defraudado en la totalidad de sociedades del grupo”. Sin embargo, a finales de noviembre Florit decidió dar carpetazo al delito fiscal después de que la Agencia Tributaria presentara un escrito rechazando el fraude.

La filtración del informe del Grupo de Blanqueo de Capitales, publicado el pasado verano en exclusiva por Europa Press y Diario de Mallorca, es lo que ha desencadenado la decisión del juez de ordenar la incautación de los teléfonos y ordenadores de los periodistas para averiguar quién fue la fuente que se lo facilitó. La maniobra ha terminado poniendo al juez Florit en un aprieto. Este jueves, ambos medios han interpuesto una querella contra él acusándole de los delitos de “prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista”. “Ha tratado de burlar el secreto profesional jibarizando artificiosamente su contenido mediante su reducción a un mero derecho a rehusar el testimonio, absolutamente inútil para alcanzar el fin de protección de la norma constitucional”, apunta la querella. De nuevo, el caso Cursach vuelve a ponerse sobre la palestra.