Sin derecho a ayudas o condenados a ser héroes: el doble castigo tras la dana a los migrantes irregulares

La imagen está tomada desde una ventana. Un hombre negro se acerca a una mujer que, paraguas en mano, no es capaz de cruzar una de las calles que la dana inundó este miércoles en Málaga. Él se acerca y, tras cogerla en brazos, la pone a salvo. De fondo, una mujer grita: "¡Qué grande, hermano!". La escena corrió como la pólvora en redes sociales y los medios no tardaron en encontrarle y contar su historia. Se llama Mansour, tiene 18 años y llegó a España desde Guinea-Conakri a través de la ruta canaria. Ahora espera que se resuelva su solicitud de asilo. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecía este lunes al mediodía para exponer el segundo paquete de ayudas urgentes para los afectados por la primera dana. Este, de 3.765 millones, incluía medidas destinadas a cubrir los daños de las viviendas o a congelar las hipotecas 12 meses más de los primeramente aprobados por el Consejo de Ministros. También a garantizar que no se produzcan cortes de suministros o a obligar a las compañías a compensar a sus clientes por los servicios no recibidos durante la catástrofe. Y se contemplaron además nuevas medidas en materia de empleo y familia como la ampliación de las condiciones para aplicar los ERTE o el incremento del 30% del complemento para la infancia incluido en el Ingreso Mínimo Vital (IMV). 

En paralelo, la Generalitat Valenciana anunció su parte. Desde este miércoles, por ejemplo, los afectados por las riadas del pasado 29 de octubre podrán acceder a ayudas directas para pagar el alquiler o para comprar muebles y electrodomésticos. Además, recibirán facilidades para su realojo o para cambiar de residencia. O incluso para llevar a cabo obras de rehabilitación o remodelaciones de los bienes afectados.

El despliegue es evidente, pero tiene letra pequeña. Se desconoce exactamente el número de personas que se verán beneficiadas por estas ayudas, pero sí se sabe que Mansour no podrá hacerlo. Y como él, otras tantas personas en situación irregular sobre las que ahora ponen el foco organizaciones como Regularización Ya u Oxfam Intermón. "Se condena a mucha gente a una situación de absoluta invisbilidad", lamenta Ximena Medina, responsable de esta segunda ONG en Valencia.

La consagración de la desigualdad

La Comunitat Valenciana, ya antes de la llegada de la dana, sufría una tasa de riesgo de pobreza y exclusión social cuatro puntos superior a la media nacional. Y subiendo. Además, el porcentaje de pobreza laboral se sitúa en la región en el 13,8%, alcanzando a un total de 273.546 personas y 223.720 hogares. En el sector primario y en el de las trabajadoras del hogar, entre los que hay una gran presencia de trabajadores migrantes en situación irregular, el porcentaje asciende hasta el 30%. Es decir, ya estaban desprotegidos antes, así que la llegada de la dana sólo lo ha acrecentado: primero porque les ha hecho perder bienes o incluso el empleo y segundo porque no recibirán las ayudas del Gobierno para paliar lo que eso supone. Están, lamentan desde las organizaciones, fuera del sistema.

"Todas estas personas ya vivían en la precariedad, esto sólo va a hacer que las estadísticas de su pobreza aumenten, porque su vida va a ser peor a partir de ahora", señala Medina. Hay más datos que lo apuntalan. Según también los datos recogidos por Oxfam, una de cada cuatro personas empleadas en el sector agrícola europeo son migrantes. En términos absolutos se trata de 2,4 millones de personas de las cuales, además, una gran parte se encuentra en España, país de procedencia junto a Francia, Italia, Países Bajos y Polonia del 72% de las frutas y hortalizas producidas en la Unión Europea. Según estima la fundación porCausa, el número de trabajadores irregulares en este sector podría ascender a los 20.000.

En el sector de los trabajos del hogar y los cuidados ocurre algo similar. En el año 2023, en España había más de 355.000 empleadas domésticas, según datos del Régimen Especial de Empleados del Hogar. De ellas, 159.114 son mujeres sin papeles.

Pues bien, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, el 31,4% de las personas trabajadoras en el sector primario y el 29,4% de las del hogar se encontraban, ya antes de la llegada de la dana, en situación de pobreza laboral. ¿Qué pasa ahora? Que muchas de estas personas, al trabajar sin contrato y de manera completamente opaca de cara al sistema, no podrá acceder ni a un ERTE, ni una incapacidad laboral, ni a ninguna de las ayudas desplegadas en materia de empleo.

Tampoco podrá hacerlo con las planteadas para afrontar las dificultades con la vivienda. Un estudio de la Fundación Foessa publicado el año pasado puso el foco en que el 23,9% de las personas en situación irregular viven en casas "en precario", es decir, facilitadas gratuitamente por otras personas o instituciones o realquiladas. Además, un 34,7% lo hacía en hogares en los que se producían situaciones de "hacinamiento grave". En resumen: las personas en situación irregular no tienen viviendas a su nombre. Ni en contratos de propiedad y muchas veces ni siquiera en los de alquiler.

"Es prácticamente imposible", denuncia Silvana Cabrera, de Regularización Ya en Valencia, que apunta también a que la mayor tasa de pobreza expulsó a muchas de estas personas de la ciudad hacia las zonas más alejadas que han sido, precisamente, las afectadas.

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Ambas organizaciones reclaman que todas las ayudas, ya sean estatales o autonómicas, puedan contemplar a estas personas. "Tendrían que haberlo hecho. La dana sólo va a incrementar las dificultades que ya habitualmente sufren", lamenta Cabrera. "Tendrían que haber flexibilizado cada ayuda pero, además, creemos que es momento de abordar la regularización extraordinaria que lleva años solicitándose", añade Medina.

Se refiere a que se apruebe la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que precisamente Regularización Ya llevó ante el Congreso de los Diputados, donde después de diez prórrogas y meses en el limbo ya se avanza en su tramitación, aunque todavía no parece cercana. Llegó a la Cámara con un apoyo popular de más 700.000 firmas y pasó el primer examen con el 'sí' de todos los grupos parlamentarios excepto Vox, que precisamente ha aprovechado la dana para cargar, una vez más, su odio hacia este colectivo.

Según Oxfam y Regularización Ya, tanto estos mensajes como el no haberlas tenido en cuenta a través de la aprobación de ayudas muestra que no se las considera "vecinas y vecinos con quienes convivimos", denuncia Medina. Y recuerda en este sentido el caso de Mansour. "Siempre es de agradecer que se salven vidas, sin embargo, hablar bien de las personas migrantes solo cuando arriesgan sus vidas para salvar otras no es de justicia", sentencia.