Una cesión de trenes turísticos con polémica

El sindicato ferroviario SF-Intersindical presentó el pasado jueves un escrito ante la Fiscalía General del Estado pidiendo que investigue las presuntas irregularidades que, según considera, podrían estar cometiendo Renfe, Adif y Alsa-RailAdif mediante la cesión de varios vehículos ferroviarios para su explotación por la empresa privada. En la denuncia también se pone en duda que los trenes cuenten con la seguridad necesaria. 

A preguntas de infoLibre en relación con dicha denuncia, fuentes oficiales de Adif, de Alsa y de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles —un ente público cuyos patronos son Renfe y Adif— aseguraron que todo está en regla: las cesiones están cerradas por contratos "perfectamente legales" y la seguridad está garantizada. "Todas las cesiones están avaladas por acuerdos contractuales y si no tuviéramos todos los certificados de seguridad en regla Adif no nos dejaría circular", explican desde la fundación. 

En el escrito del sindicato se explica que Renfe y Adif son propietarias de varios vehículos que, por su antigüedad, ya no son utilizados para prestar ningún servicio ferroviario. Algunos de ellos son cedidos de forma gratuita a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, que los expone como vehículos históricos. Pero eso sí, esto es posible "siempre que la cesión no se convierta en un negocio de lucro", se indica en el escrito. A su vez, la Fundación cede de forma gratuita algunos de los ferrocarriles a la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid —pero de nuevo, siempre que la transacción no tenga como objeto el lucro—. Y aquí está, a juicio del sindicato, el problema: esta última asociación —junto a otras similares de otros territorios— cede esos vehículos a la empresa privada Alsa-Rail, "desconociéndose si se ceden gratuitamente o a cambio de algún tipo de compensación pecuniaria, oculta o transparente".

Fuentes de la asociación, en cambio, aseguran en conversación con este diario que, en realidad, no se trata de una cesión, sino de un contrato con una operadora de servicios. "Para que podamos salir a la vía a circular, necesitamos una empresa operadora, que antes era sólo Renfe. Ahora, la relación con Alsa es la misma", afirman. Lo hacen, insisten, sin ningún ánimo de lucro y con sus propios recursos. Además, la ley reguladora de este tipo de vehículos, del año 2010, indica que esos trenes pueden circular "con cualquier empresa", puntualizan. 

El sindicato destaca que Alsa-Rail es una empresa privada, que "utiliza para hacer negocio los trenes que son propiedad del grupo Renfe y de Adif y, por ende, son propiedad del conjunto de la ciudadanía por tratarse de empresas públicas". ¿Dónde acaban esos trenes? Alsa-Rail pone estos ferrocarriles en circulación en forma de trenes turísticos, "por los que obtiene beneficios económicos al cobrar los pertinentes títulos de transporte a sus clientes", continúa el escrito. Lo hacen, afirma el sindicato, sin las "preceptivas revisiones técnicas realizadas por una entidad de mantenimiento homologada, poniendo en peligro la seguridad del tráfico ferroviario". 

Cesión por restauración

Fuentes oficiales de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, consultadas por este periódico, explican que cuando este organismo cede algún vehículo, lo que se obtiene es "la preservación y la conservación de ese material". "Cedemos los vehículos temporalmente en uso, no dejan de ser propiedad de Renfe o de la Fundación", aseguran. 

Concretamente, hablamos de dos trenes: el Tren de Felipe II —un tren turístico que realiza el trayecto Madrid-El Escorial— y el Tren de los Reyes Magos —que funciona en Navidad y recorre los alrededores de la ciudad de Madrid y El Pardo—. El primero fue cedido, de forma directa, de la Fundación a Alsa, que es la que lo opera, explican las fuentes de dicho organismo; el segundo, en cambio, fue cedido primero a la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid y, después, a la misma empresa privada, también encargada de comercializarlo. 

Todos ellos, insisten, se ceden sin ninguna compensación económica. Lo único que se recibe es el compromiso de que los vehículos serán restaurados y conservados, según explican. ¿Cómo? Mediante los fondos que obtiene Alsa con la venta de billetes para estos trenes turísticos. 

"Alsa dispone de los preceptivos convenios, acuerdos y contratos, observando siempre la legalidad vigente, con las entidades correspondientes y debidamente legitimadas para ello, invirtiendo significativos importes, a su propio riesgo y ventura, para la rehabilitación, mantenimiento y operación del material histórico ferroviario", informan por su parte fuentes de la empresa a infoLibre. "Todos los trenes disponen del correspondiente plan de mantenimiento en vigor, aprobado por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), realizándose las preceptivas revisiones por centros de mantenimiento debidamente homologados por la AESF, entre los que se encuentra la propia Renfe", añaden. 

Adif, por su parte, señala que tiene diversos vehículos de su propiedad cedidos a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles con fines exclusivamente de exposición y sin ningún ánimo de lucro. "Se trata, en muchos casos, de antiguos vehículos que se usaban en las tareas de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria", aseguran. 

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La Fundación y Alsa también niegan categóricamente que los trenes circulen sin las preceptivas revisiones técnicas, como denuncia el sindicato. Desde el primer organismo, por una cuestión muy clara: "Si los trenes no reuniesen las condiciones necesarias, Adif no permitiría que se pusieran en circulación". 

Alsa lo confirma. La empresa asegura disponer "de su propio Sistema de Gestión de Seguridad Ferroviaria en vigor, aprobado por la AESF, garantizando en todo momento la plena seguridad de sus operaciones ferroviarias". De hecho, añade, "el pasado día 23 de diciembre técnicos de la AESF realizaron una inspección de seguridad sobre toda la documentación que acredita y certifica que las intervenciones de mantenimiento sobre los trenes que opera Alsa están en vigor y son conforme a la normativa vigente".

Hecha la denuncia, el siguiente paso lo tendrá que dar la Fiscalía. Tanto Adif  como la Fundación de los Ferrocarriles Españoles dicen ponerse a disposición del Ministerio Público para "todo lo que pueda requerir para contribuir al esclarecimiento de los hechos denunciados".