La comunidad educativa coincide en dar por muerta la 'Ley Celaá' aprobada por el Gobierno

Los diferentes sectores de la comunidad educativa coinciden en dar por muerto el proyecto de Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación, conocida como Ley Celaá y aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, coincidiendo con el adelanto electoral anunciado por el presidente Pedro Sánchez, porque no tendrá tiempo de tramitarse en el Congreso. "Es un brindis al sol", resume una de las voces consultadas por Europa Press.

La responsable de Enseñanza de FeSP-UGT, Maribel Loranca, considera que la aprobación de esta ley es "un gesto de voluntad política" del Gobierno, lo cual el sindicato respalda porque apoya el proyecto "en sus líneas básicas, en lo que supone recomponer el equilibrio roto" por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada por el Partido Popular en 2013. En este sentido, Loranca ha indicado que FeSP-UGT estudiará "en detalle" el texto para ver si alguna de las medidas pudiera tramitarse como decreto ley. "Se lo sugeriríamos al Gobierno, pero las medidas más lesivas sólo podrían ser revertida con ley orgánica", ha destacado, para después añadir que les hubiera gustado que las medidas se hubieran tomado "más rápidamente".

Aprobación por real decreto 

Desde CCOO coinciden en que el Gobierno estudie la posibilidad de utilizar el decreto ley para acabar con algunas medidas de la LOMCE. "Es un Plan B que no tendrá los mismos efectos que una ley orgánica, pero no parece razonable que las cosas se queden como están", ha explicado su secretario general de enseñanza, Francisco García. Para García, la aprobación de la Ley Celaá tras la convocatoria electoral es un "gesto simbólico" y lamenta que no vaya a prosperar un texto que incorporaba "reivindicaciones de la comunidad educativa" como el final de "la segregación, los itinerarios y la deriva privatizadora" de la LOMCE. "Se ha echado de menos un poco más de decisión", ha añadido aludiendo a la iniciativa del Gobierno.

 

En cambio, el presidente del sindicato independiente de profesores ANPE, Nicolás Fernández, habla de "brindis al sol". "Una vez que se han convocado las elecciones qué sentido tiene aprobar el proyecto", ha planteado Fernández, que ha agregado que "no era un proyecto ambicioso, que diera respuesta a una gran reforma educativa". Para el presidente del sindicato independiente de profesores ANPE, la reforma se ha hecho "con cierta prisa o celeridad" y no ha habido tiempo de hacer un "debate profundo". Así, ha avanzado que exigirán al nuevo Ejecutivo que trabaje en la senda de recuperar el Pacto de Estado por la Educación. "Es una reforma muy parcial", ha insistido.

El responsable de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, ha tachado de "barbaridad" la aprobación de un proyecto de ley tras una convocatoria de elecciones generales, "sin ninguna intención de ser ni siquiera tramitada". "Es una maniobra política que introduce tensión en el sistema cuando la educación no necesita eso", ha subrayado. "Se produce una perversión porque los que criticábamos la LOMCE nos tememos que con esta manera la LOMCE va a seguir en vigor a todos los efectos", ha manifestado Mario Gutiérrez, que ha agregado que los ocho meses de Celaá al frente del Ministerio de Educación han sido "una verdadera, absoluta decepción" ya que "no ha contado nada con el profesorado".

Críticas a la educación concertada 

Por su parte, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) considera la aprobación del proyecto por esta vía "de extrema gravedad ya que se trata de una Ley Orgánica". Para FSIE se trata de "todo un desprecio y falta de seriedad respecto a una de las áreas de más importancia en un país como es la educación", y también discrepa "completamente con el contenido del proyecto de ley que, con un alto contenido ideológico, pretende fundamentalmente recortar libertades y perjudicar a la enseñanza concertada".

 

El presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), Pedro Caballero, se ha mostrado "decepcionado" porque, en su opinión, la aprobación del proyecto de ley es "una vuelta de tuerca más a las familias". "No tiene trayectoria, no tiene tiempo para poder hacerlo", ha recalcado. "Lo hemos visto desde un punto de vista electoralista de decir: 'Bueno, yo ya he tumbado la LOMCE, la Religión, la demanda social, he tumbado todo pero mis acompañantes de viaje no me han dejado y no hemos podido", según Caballero, que lo ve con "muchísima tristeza" porque la educación se ha usado "como un arma arrojadiza". Así, ha dicho que esto demuestra que "más que nunca" se necesita en España un Pacto Educativo.

El secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, ha explicado que "no tiene mucho sentido" aprobar el proyecto la misma mañana en que se anuncia la convocatoria de elecciones, por lo que ha calificado el momento de "inoportuno" y "precipitado". Asimismo, ha valorado el reconocimiento que ha tenido Celaá con todos los que han colaborado en la elaboración del texto; y ha añadido que el proyecto "mejora la redacción inicial" en aspectos vinculados a la libertad de enseñanza. Sin embargo, Escuelas Católicas cree que "el tratamiento otorgado a la elección de centro por parte de las familias, la programación de puestos escolares y la composición y funciones asignadas al Consejo Escolar de los centros concertados, contravienen los derechos y libertades de padres y titulares, obviando el carácter complementario de la enseñanza concertada en la prestación del servicio público y social de la educación, que reconoció la propia LOE en 2006".

El presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Alfonso Aguiló, ha señalado que "no hay tiempo para el trámite parlamentario de la ley y, por lo tanto, es más bien como el programa electoral del partido de Gobierno". "No es buena –la ley– para el sector", ha recalcado, para después agregar que Celaá "no ha variado la propuesta inicial que tiene unas cesiones muy importantes a sus aliados más extremos".

La directora general de la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), Elena Cid, ha asegurado que, aunque la ley no recogía su reivindicación de que las ayudas y las becas sean para las familias y no para los centros, "sí que daba algún paso positivo y mejoraba la anterior porque mejoraba los intereses de los padres de la concertada porque ponía coto cuando se producían excesos en el cobro de cuotas".

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Los estudiantes piden seguir trabajando

Por su parte, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes CANAE ha afirmado que hay políticas urgentes que no pueden "quedar paradas", como la reforma del sistema de becas y ayudas al estudio o la titulación de Formación Profesional Básica, y ha defendido la necesidad de seguir abordando "con el mayor consenso posible" los aspectos que más afectan a los estudiantes. El presidente de CANAE, Carles López, ha expuesto que "se debe seguir trabajando para que los estudiantes reciban su beca a tiempo y no sufran la inestabilidad en las aulas" en referencia a la normativa que se tendrá que desarrollar durante los próximos meses. Sobre la Ley Celaá, la organización estudiantil ha destacado que "soluciona aspectos que causan inseguridad de la LOMCE".

Desde el Sindicato de Estudiantes, su secretaria general Ana García ha destacado que la aprobación del proyecto de ley "tiene poca validez práctica" dado que el mandato del Ejecutivo llega a su final. "Las medidas que han anunciado van a quedar ya veremos dónde", ha recalcado García, que ha afirmado que "ahora se va a pagar el precio de no haber llevado a cabo las medidas que el PSOE se comprometió" a tomar.