El exministro Miguel Sebastián se persona como acusación particular en la causa contra Villarejo por el espionaje del BBVA

El exministro Miguel Sebastián se ha personado como acusación particular en la causa que el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional sigue contra el excomisario José Manuel Villarejo por la Operación Trampa, el espionaje que supuestamente le encargó el BBVA en 2004 y 2005 para frenar el intento de control del banco por parte de la constructora Sacyr. Sebastián, que en esa época era secretario de Estado y director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, se une así a otros espiados, como el exvicepresidente de la CNMV Carlos Arenillas, el expresidente de Sacyr Luis del Rivero, el ex consejero del BBVA José Domingo Ampuero y el ex director general adjunto y consejero de Sacyr Vicente Benedito, que han interpuesto denuncias en el mismo juzgado contra el expolicía y contra los responsables del banco.

En un escrito presentado ante el juez al que ha tenido acceso infoLibre, Miguel Sebastián explica que fue objeto de “seguimientos y vigilancias continuadas” por parte de “grupos operativos coordinados” por Villarejo, quien además intervino sus comunicaciones telefónicas, tanto privadas como oficiales, e incluso “construyó un falso relato en torno a su persona” para “desacreditarlo ante los demás y torcer su voluntad”. En concreto, resalta que de las 15.000 llamadas pinchadas, 65 tenían su origen o su destino en la Presidencia del Gobierno, el Ministerio de la Presidencia o el palacio de la Moncloa. “Y en 60 de las 65 ocasiones aparece el móvil corporativo que tenía Miguel Sebastián en aquel momento”, apunta.

El exministro de Industria asegura que se utilizaron “recursos del BBVA” para defender “posiciones internas de poder en perjuicio de accionistas minoritarios”. Sebastián se refiere a que el entonces presidente del banco, Francisco González, intentaba impedir que Sacyr obtuviera una participación significativa de las acciones de la entidad financiera. Y González creía que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero apoyaba la operación. “De resultar finalmente probados, [estos hechos], podrían constituir el mayor escándalo de corrupción corporativa de la democracia española”, subraya Miguel Sebastián.

Además, esos “grupos operativos” contratados por Villarejo, añade en su denuncia el exministro socialista, parecen tener “una estrecha relación con personas pertenecientes a cuerpos policiales, lo que les habría permitido acceder a informaciones privadas y reservadas especialmente protegidas”.

Investigación interna “absolutamente ineficaz”

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Sebastián también reprocha al BBVA que ninguno de sus representantes se haya “disculpado públicamente” por esta operación ni se haya dirigido a él para informarle de las “medidas internas que piensa adoptar” o para prestarle ayuda y colaborar en la identificación de los responsables y en defensa de los derechos de los perjudicados por el espionaje. A su juicio, el banco incumple así “la más elemental política de compliance [cumplimiento normativo]”. “Tampoco se ha adoptado una sola medida de apartamiento o suspensión cautelar de las personas presuntamente implicadas y que todavía desempeñan ciertas tareas de representación institucional del BBVA”, destaca. Aunque Francisco González abandonó su cargo como presidente el 31 de diciembre pasado, continúa como presidente de honor del banco que dirigió durante 18 años. El exministro señala igualmente en su escrito al jefe de Seguridad del BBVA, Julio Corrochano, que trabajaba directamente para González y recibía los informes de Villarejo.

Para terminar, pone en duda los resultados de la “supuesta investigación interna” que sobre el espionaje abrió el BBVA el pasado mes de junio. A su juicio, será “absolutamente ineficaz” porque la persona al frente de la auditoría interna del banco, Joaquín Gortari, fue jefe de gabinete de Francisco González y las firmas que la llevarán a cabo –PwC, Uría Menéndez y Garrigues– tienen “un claro conflicto de intereses” por sus “previas vinculaciones personales y profesionales” con los implicados en el caso. Sebastián advierte de que la investigación no concluirá antes del verano, con posterioridad a la Junta General de Accionistas del BBVA, por lo que a éstos “se les sustraerá el conocimiento o resultado” de las indagaciones.