Las razones por las que el fin de la energía nuclear perjudica a Endesa y no a Iberdrola

El pacto entre eléctricas y Gobierno para poner fin de manera escalonada, y superando el límite de los 40 años de vida útil, a la energía nuclear en España tiene una gran perjudicada: Endesa. La filial española de Enel, una de las tres grandes del mercado energético en España –junto a Iberdrola y Naturgy copan el 90% del negocio–, pese a que ha aceptado el calendario propuesto por el Gobierno en su Plan Integrado de Energía y Clima (cierres de centrales de 2025 a 2035), ha puesto muchas más reticencias para los detalles: un año concreto de clausura de cada instalación. La empresa prefiere acatar la flexibilidad del plan de Transición Ecológica y no calendarizar cada central. Aseguran que hay motivos de interés público: el futuro es incierto, la seguridad de suministro tiene que ser preservada y hay que evitar los apagones. Argumentan que la red, que ahora cuenta con un superávit de potencia instalada (hay potencial para generar más electricidad de la que se necesita), podría entrar en déficit con el fin de las nucleares. En realidad, los motivos que más pesan son los del interés privado: Endesa tendrá que afrontar pérdidas contables millonarias con la clausura del parque, a diferencia de sus competidoras.

El negocio nuclear en España está participado, principalmente, por dos empresas: Endesa e Iberdrola. Entre las dos se reparten todo el parque. La mayoría de las instalaciones están participadas por las dos compañías, siempre con una con un capital mayor a la otra, y otras son propiedad exclusiva de una de las dos eléctricas. Así, Endesa posee la mayor parte de Ascó II y Vandellós II, y controla al 100% Ascó I: Iberdrola, por su parte, maneja en mayoría Almaraz II y II y Trillo, y controla en su totalidad Cofrentes. Por número de centrales, gana Iberdrola: sin embargo, en cuanto a potencia instalada y producción, gana Endesa. La filial de Enel tiene instalados 3.443 MW de nuclear y produjo gracias a ello en 2017 26.448 GW/h de electricidad, frente a los 3.176 MW y los 23.661 GW/h de la energética que preside Ignacio Sánchez Galán.

Sin embargo, estas diferencias no son las que explican que Iberdrola esté encantada con el cierre del parque, frente a las reticencias y las quejas de Endesa. Lo explica el resto de la capacidad de generación de energía eléctrica de ambas compañías. Iberdrola sabe desde hace años que el futuro del mix pasa ineludiblemente por las renovables, y así ha configurado su parque. El 61% de su capacidad instalada y el 45% de su producción es renovable (contando la hidroeléctrica). Endesa, sin embargo, cuenta con un 27% de su capacidad renovable y un 10% de producción, muy lejos de su principal competidora. Las instalaciones que más electricidad generan para Endesa son las nucleares. Y, por si no fuera eso suficiente obstáculo, cuenta con 8.130 MW instalados de térmicas de carbón, a las que posiblemente no les quede más de una década de vida. Es, de lejos, la empresa más contaminante del país.

Así las cosas, en su Plan Estratégico 2019-2021, Endesa prevé un "crecimiento significativo" en capacidad y generación renovable, pero también "mantener una generación libre de emisiones que garantice la seguridad del suministro": es decir, apostar por la nuclear. Y eso la pone en una situación diametralmente opuesta a Iberdrola. Mientras que Endesa quiere llevar las centrales hasta los 50 años de vida, la energética vasca lleva años deseando librarse de las que tiene cuanto antes. No porque esté muy preocupada por su impacto medioambiental: sino porque, considera, no le salen rentables y está perdiendo dinero. Y ante el giro en la política energética del país con la llegada del Gobierno de Sánchez, Iberdrola ha ganado y Endesa ha perdido.

La situación antes de la llegada de Ribera a la cartera con las competencias de Energía era muy diferente. Por entonces, Iberdrola y el ministro de Energía, Álvaro Nadal, mantenían varios pulsos a cuenta del desmantelamiento de las centrales que funcionaban con combustibles fósiles. En febrero de 2018, Nadal declaró su intención de que las eléctricas que quisieran desprenderse de sus instalaciones tuvieran que hacerse cargo del desmantelamiento. Hasta ahora, las empresas pagan una tasa a la pública Enresa, que cuenta con un fondo para estas labores. "La ley es la ley y lo deja muy claro, es responsabilidad del Estado", criticó Sánchez Galán.

El movimiento del Ejecutivo conservador era claro: impedir que la iniciativa privada boicoteara una generación de electricidad que el PP ve con buenos ojos. Algo similar, de hecho, intentó el ya exministro con respecto a las centrales de carbón. En noviembre de 2017, impulsó un decreto para condicionar la clausura de térmicas al visto bueno del Gobierno: es decir, para paralizar los cierres, que también le enfrentó con Iberdrola y causó estupor en la cumbre del clima que se estaba celebrando en aquella semana. Las circunstancias, en aquellos años, eran claramente favorables a las compañías que pretendían aguantar lo máximo posible con sus activos nucleares, y desfavorables para la apuesta sin ambages por las renovables.

El error de la amortización

En este contexto, Endesa tomó en 2015 una decisión de la que ahora podría arrepentirse. Decidió ampliar, en sus cuentas, el periodo de amortización de las centrales nucleares de 40 a 50 años. Ante las dudas de la CNMC, la eléctrica fue contundente: en su respuesta al regulador, citó frases textuales de distintos responsables del Gobierno del PP para demostrar que el Ejecutivo no rechazaba esa extensión, informó El Periódico de la Energía. Con dicha maniobra contable, que le permitía destinar anualmente menos dinero a la amortización, la empresa se aseguraba un efecto positivo de 28 millones de euros. Lo que no podía prever ni Endesa ni prácticamente nadie era que una moción de censura a raíz de la sentencia del caso Gürtel iba a cambiar, de un día para otro, el rumbo del país en materia energética.

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Con la llegada de Sánchez a Moncloa empezaron las conversaciones para calendarizar el cierre de las centrales nucleares, algo que el PP ni siquiera se había planteado. Y, según fuentes de la empresa citadas por diversos medios, fijar la clausura de las instalaciones antes de los 50 años de vida previstos, por el efecto de una amortización mal calibrada, podría acarrear un efecto contable negativo de 200 millones de euros. Por eso Endesa se niega a poner sobre la mesa fechas exactas: prefiere atenerse a la horquilla gubernamental de 2025-2035 y, posteriormente, jugar sus cartas. En público, sin embargo, aluden a la "seguridad de suministro".

Iberdrola, sin embargo, está de acuerdo con el calendario establecido en una reunión celebrada el pasado febrero entre ellos, Endesa, Naturgy y EDP (las otras dos energéticas que tienen participaciones minoritarias en algunas centrales) y Enresa, la empresa pública cuya misión es gestionar el desmantelamiento y el tratamiento de los residuos nucleares. El plazo de amortización establecido por la eléctrica vasca sigue siendo de 40 años: y, además, ya están asentados en el mercado de las energías renovables, del que prevén sacar grandes beneficios en las próximas décadas. Aunque generalmente suelan ser etiquetadas dentro del "oligopolio eléctrico", Iberdrola y Endesa siguen estrategias muy distintas.

Las diferencias se han evidenciado en las conversaciones para comenzar con el fin de Almaraz, la central nuclear más antigua que sigue en activo y la primera en cerrar, según todas las previsiones: 2027 para el primer reactor y 2028 para el segundo. Las socias —Iberdrola (53%), Endesa (36%) y Naturgy (11%)— no se pusieron de acuerdo: Endesa rechaza los planes aceptados por las otras dos sobre las inversiones a realizar en las instalaciones hasta el fin de su funcionamiento. El próximo martes 19 están convocadas a otra reunión, de cara a llegar al consenso antes de la fecha límite del 31 de marzo. El caso de esta instalación ejemplifica que en el cierre del parque nuclear español  no está todo ni mucho menos cerrado, y que aún quedan años de cambios de planes, tanto por parte del Gobierno como de la iniciativa privada.