Estereotipos y falta de sensibilización: las trabas a las que se enfrentan los refugiados LGTBI para pedir asilo en España

En 70 países está prohibido tener relaciones consensuadas con personas del mismo sexo; en 11 de ellos se castiga con pena de muerte; en 26 la homosexualidad o transexualidad es sinónimo de hasta diez años de cárcel e incluso de cadena perpetua; en 31 puede llegar a ser penado con hasta ocho años de prisión, mientras que en dos la criminalización es de facto. Así lo refleja el último informe de homofobia de Estado realizado por la asociación ILGA.

Hay otros 32 países que limitan la libertad de expresión de estas personas, entre ellos Rusia o China, que también se encuentran entre los 41 Estados que ponen barreras a las ONG que trabajan con temas de orientación sexual e identidad de género. Pero no todo es negativo. En 123 países pertenecer al colectivo LGTBI no es delito y nueve Estados lo recogen así en su constitución, entre ellos Ecuador, Bolivia, Nepal y Portugal. Aunque no es la panacea. Debemos recordar que aunque en sus países no les persiguen, sí que sufren discriminación por parte de las familias, en el trabajo, escuela o en la calle.

¿La solución? A veces consiste en marcharse de los países que criminalizan la homosexualidad, bisexualidad o trasnsexulidad. Pero el proceso no es nada sencillo. No lo es por varios motivos, entre ellos, por los prejuicios y estereotipos de las autoridades que tienen que decidir si dar o no la condición de refugiado, según explicó José Díaz Lafuente, profesor de Derecho, Relaciones Internacionales y Estudios para el Desarrollo en Universitat de València y exasesor político en la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo, durante una reciente charla celebrada en la Complutense sobre los derechos de los refugiados LGTBI.Además, las mujeres lesbianas o las bisexuales lo tienen más difícil porque por su orientación sexual no encuentran trabajo y viven de manera muy precaria. También lo tienen muy complicado las mujeres trans ya que suelen entrar en mafias de trata de personas.

   

Ovil es una chica trans de 22 años que tuvo que huir de su país, Bangladesh, después de que su familia la rechazase. Su historia la recoge la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) a quienes cuenta que, a través de Internet, encontró a alguien que estaba pasando por lo mismo que ella y decidieron huir juntos. Junto con Omar, un joven paquistaní gay, se marchó rumbo a Europa "donde nadie nos mataría", asevera. En Bangladesh pertenecer al colectivo LGTBI supone hasta 10 años de cárcel o cadena perpetua, mientras que en Pakistán la pena de muerte.  

Leyes sobre orientación sexual en el mundo 2019. Ilga.org

Sin embargo, su encuentro tardó en producirse porque Ovil fue secuestrada en Turquía por una mafia. Un tiempo más tarde por fin se vieron por primera vez. Fue en el campamento de Moria, en Lesbos, y a pesar de que allí sufren discriminación Ovil decidió que iba a mostrarse tal como es. Ahora son pareja y el deseo de ambos es llegar a España: "Nos gustaría ir allí porque he escuchado que respetan a las personas LGTBI", relata Ovil. Por el momento su idea no se cumplirá porque al ser de Bangladesh no puede solicitar participar en el proceso de reubicación ya que no entra dentro de los países que "superan una tasa de reconocimiento de protección internacional de un 75% en la media del conjunto de los Estados miembro". Además, Grecia rechazó la petición de asilo de Osman.

Traumas, vergüenza, homofobia interiorizada en un proceso interminable

Antes de que en 2009 la orientación sexual y la identidad de género fuesen reconocidas como motivo para el reconocimiento de la condición de refugiado en el artículo 3 de la ley de asilo española, las personas LGTBI se aferraban a que en la Convención de Ginebra de 1951 se acordó dar refugio a quienes "debido a fundados temores son perseguidos por pertenecer a un determinado grupo social". En aquella convención no pensaron en quienes podían ser perseguidos por su orientación sexual o identidad de género, pero sí que lo hicieron en quienes podrían ser hostigados por motivos de raza, religión y nacionalidad. Encontraron un pequeño resquicio en la propia ley que, al menos, les daba la opción de intentar escapar de su realidad para conseguir vivir en otra en la que las leyes les reconociesen como sujetos de derechos.

Los pasos a seguir para llegar a un país donde la homosexualidad, bisexualidad y transexualidad no estén penadas son muchos y muy diferentes dependiendo del lugar de origen de la persona que pide asilo. Quienes soliciten protección en España tienen que hacerlo, según la información ofrecida por ACNUR, en los puestos fronterizos habilitados de entrada al territorio español, es decir, puertos o aeropuertos internacionales; en la oficina de Asilo y Refugio (OAR) en Madrid o en las oficinas de Policía autorizadas. Quienes se encuentren en CIES, deben ponerlo de manifiesto a la Dirección del centro para que se dé traslado de la petición en la comisaría correspondiente.

También hay que tener en cuenta el Reglamento de Dublín, es decir, la ley europea que establece los criterios para determinar el Estado de la Unión Europea que se responsabiliza de la solicitud de protección internacional. El país que estudia los casos será por el que la persona haya accedido a la Unión. No pueden elegir.

 

Ovil, refugiada bangladeshí transexual, en Lesbos (Grecia). CEAR

Si el solicitante de asilo lo ha hecho en un paso fronterizo o en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), las autoridades correspondientes estudiarán los casos de manera "rápida". Según la asociación de migrantes y refugiados LGTB Kif Kif –entre iguales– de la Comunidad de Madrid, a través de estas vías se contempla la posibilidad de "inadmitir a trámite" o "denegar" directamente las solicitudes en el plazo de cuatro días y la persona es devuelta a su país de origen. Si por el contrario quienes piden asilo lo hacen en una de las oficinas de Oficina de Asistencia al Refugiado (OAR), deben saber que el proceso se divide en varias fases. En la web de Kif Kif detallan este proceso y aseguran que es extenso en el tiempo, pues conseguir cita en la OAR resulta muy complicado porque puede llevar varios meses. La asociación aconseja preparar la entrevista inicial con la OAR, en donde preguntarán el motivo por el cual la persona pide asilo y esta tendrá que exponer su caso, algo que no les resulta nada agradable. Incluso desde ACNUR apuntan que algunas personas LGTBI necesitan apoyo adicional para relatar sus casos porque pueden presentar traumas, vergüenza, homofobia interiorizada o estar acostumbradas a ocultar su identidad de género.

Puede ser la explicación de que los casos de las personas que llegan a la frontera se resuelvan tan rápido y de manera negativa: no están preparadas mentalmente para contar a un desconocido su situación. En Kif Kif insisten que para que los solicitantes se sientan cómodos y puedan optar al asilo, deben contar con redes de apoyo, ellos mismos se ofrecen, y también con una "correcta orientación y respaldo por parte de los abogados". El expediente es fundamental para la aprobación de la condición de refugiado y si en él no consta la información primordial, puede que las autoridades responsables se inclinen por el no.

Tras la entrevista en la OAR, se supone que en un plazo no superior a un mes se informará si la solicitud ha sido admitida a trámite o no, en caso negativo deben explicar los motivos y el solicitante puede recurrir a la Justicia. Si la respuesta es positiva, las autoridades tienen un plazo de seis meses para estudiar el caso, aunque puede prorrogarse en el tiempo. ACNUR aclara que el procedimiento de asilo en España se encuentra desbordado — el pasado año el Estado español recibió 55.668 peticiones de asilo y sólo concedió 615, según el Ministerio del Interior — y las personas LGTBI lo sufren en particular. Mientras tanto, la OAR tiene que ofrecer documentación a quienes se encuentren en proceso de estudio y en este punto se pueden dar más entrevistas. Finalmente, las autoridades deciden si reconocer o no a una persona como refugiada, en caso de denegación estas también podrán recurrir.

Otro de los problemas que ACNUR pone sobre la mesa es el de la falta de formación de los profesionales que realizan las entrevistas a las personas LGTBI. "En algunos casos las personas que se encargan de realizar la primera entrevista pueden no haber recibido suficiente formación en técnicas de entrevista o en cómo tratar a estas personas y se pueden tomar datos de una forma que no es la más correcta. También en la oficina de asilo se han incorporado funcionarios nuevos que necesitan formación", argumentan desde la agencia.

Para la organización de la ONU queda mucho por hacer y por eso señalan que hay solicitantes de asilo que "pueden estar quedando fuera por un mal análisis de la información del país de origen, un análisis de credibilidad o porque no se hacen segundas entrevistas en profundidad". Sin embargo, consideran importante destacar que las nuevas autoridades y responsables de la oficina de asilo están "muy sensibilizados y receptivos con las personas LGTBI" y que están preparando materiales para "tratar de mejorar el enfoque y el estudio de los casos".

"Con disimulo se ahorrarían la persecución"

El profesor José Díaz Lafuente señalaba en su exposición el "escaso número de resoluciones favorables" y lo relacionaba con los estereotipos y con el denominado criterio de discreción. Es decir, que algunas autoridades deniegan el asilo porque aseguran que si la persona esconde su orientación sexual o identidad de género, puede vivir en su país sin que nadie le persiga. "Por ejemplo, algunos piensan que las personas bisexuales no tienen que optar al asilo porque pueden vivir siendo heterosexuales. Como si el sentir se pudiese controlar", expuso Díaz Lafuente.

La aplicación del criterio de discreción hizo que el Tribunal Justicia Europeo se pronunciase al respecto y sentenciase que vulnera el derecho de asilo. Según Díaz Lafuente, hasta 16 países de la UE aplicaban el criterio de discreción, entre ellos los Países Bajos, que en noviembre de 2013 llegó a preguntar al tribunal europeo si era "razonable esperar que, para evitar ser perseguida, una persona que solicita asilo oculte su homosexualidad en su país de origen". La Justicia europea determinó que no era "legítimo".

Ante la pregunta de si en España se sigue aplicando el criterio de discreción, en ACNUR argumentan que: "en general el enfoque y la actitud de las autoridades españolas es positivo, y el criterio de discreción quedó atrás hace años, aunque no quiere decir que siempre, en todos los casos, se valore adecuadamente la credibilidad".

Otra de las cuestiones que preocupan al profesor es la necesidad de demostrar que son perseguidos para que les concedan el asilo. En el caso de los refugiados LGTBI, hasta el año 2013 era imprescindible que probasen que en sus países eran hostigados, y por este motivo las denegaciones eran sistemáticas. En España para ser refugiado existen condiciones, entre ellas que los solicitantes no hayan cometido un delito, y si ser homosexual o transexual supone un castigo en algunos países, los solicitantes pedían asilo en vano. Además, acudir a unas autoridades que te persiguen para que reconozcan que lo hacen es algo impensable, pero la UE lo exigía.

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A pesar de que la ley ya no ordena como requisito la persecución, desde ACNUR afirman que hay una tendencia en los estados —incluida España— a reconocer como refugiados a quienes hayan sido amenazados por sus países. Sin embargo, también indican que pueden solicitar asilo quienes deseen evitar una situación "que entraña un riesgo de persecución y su vida corre peligro".

Pero la prueba es la cuestión más compleja. Y es que algunos Estados han llegado a vulnerar los derechos humanos para cerciorarse de que alguien es homosexual, bisexual o transexual. En 2009, según una noticia recogida en El País, la República Checa sometió a un solicitante de asilo iraní a varias "pruebas" para demostrar su homosexualidad, entre ellas, el test falométrico, es decir, medían el volumen de sangre que fluía por su pene mientras le mostraban películas pornográficas heterosexuales. No era el único país, en Turquía realizaban pruebas de recto anal.

Asimismo, las pruebas que se piden son fotografías o vídeos para comprobar la pertenencia al colectivo LGTBI y si tenemos en cuenta que cuando alguien huye lo hace de forma desesperada y no repara en llevarse consigo imágenes, demostrarlo puede llegar a ser casi imposible. Por eso Díaz Lafuente aboga por la inversión de la prueba: "Si la persona demuestra un relato coherente, a las autoridades les toca demostrar lo contrario".