Fin del 'roaming', helicópteros en Canarias y Metro en Madrid: todo lo que hace Europa (sin llevarse el mérito)

Si las genealogías nacionalistas suelen estar teñidas de épica guerrera, el germen del europeísmo es justo lo contrario: el club comunitario nace contra la guerra y sobre sus ruinas. Hay que recordar cómo el punto de partida del federalismo europeo, el manifiesto Por una Europa libre y unida, de los deportados políticos Altiero Spinelli y Ernesto Ross, apela a un espacio compartido en el que viejos enemigos se unan para no repetir "antiguos absurdos". Eso es Europa: una comunidad contra el "absurdo" de la guerra. Ahí, en su elevado propósito fundacional, radica el alto valor político y moral de la UE, pero también algunos de sus problemas. Porque quizás es una institución demasiado alejada del suelo. Y a menudo es vista como un ente abstracto, imbuido de altos valores, tan altos como inaccesibles, custodiados por burócratas que no sabrían colocar ni un pueblo en el mapa. Pero lo cierto es que no es así. Europa se nota, y cada vez más. Se nota en la calidad del aire y en la cola del economato, en el avión y en el aceite del desayuno, en la relación con nuestro proveedor digital y en la cola del paro.

Aunque el grueso de la regulación de la vida diaria sigue en manos de los Estados, la UE tiene cada vez mayor incidencia a pie de calle, sea con medidas o planes específicos o con el impacto creciente de sus programas o leyes. La orientación de todo ello se dirime en las elecciones al Parlamento europeo, que en España se celebran este domingo, tras una campaña en la que los asuntos comunitarios han quedado eclipsados. No porque sean irrelevantes. Del desarrollo rural al fin del roaming, de la conectividad a Internet a la lucha contra el terrorismo, de los programas contra el paro juvenil a la modernización de la agricultura, del metro de Madrid al Museo de Bellas Artes de Asturias, es amplio el abanico alcanzado por la mano –y el dinero– de Europa.

infoLibre pone el foco en el impacto –tan real como a veces desapercibido– de las políticas comunitarias y señala la agenda venidera.

  Paz y estabilidad

"La Unión Europea tiene un problema con la pedagogía. Si tú explicas a los ciudadanos la importancia de los fondos Feder o de la PAC, o en última instancia del euro, puede entenderse que es algo que merece la pena mantener. Pero ha faltado explicación. Hay que insistir en que el proyecto europeo es lo más extraordinario que nos ha pasado desde la Segunda Guerra Mundial", señala Guillermo Pérez, catedrático de Historia y director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid. Pérez se refiere sobre todo a lo "extraordinaria" que es Europa políticamente. Más que al detalle, va al concepto: un club de 28 países –serán 27 si se consuma el Brexit– que negocian, comparten mercado y delegan competencias. Esa sería la portada del libro europeo: más de 500 millones de ciudadanos viviendo en paz y con estabilidad bajo el imperio de la ley en el seno de uno de los entornos económicos más prósperos del mundo, protegidos por el sistema de derechos más garantista y con la agenda sociopolítica más centrada en la sostenibilidad de todas las potencias avanzadas. Y todo ello sobre los suelos de la batalla de Verdún, los campos nazis y el Muro de Berlín.

Amenazada por el auge del ultraderechismo, zarandeada por el Brexit, castigada por el desapego popular, la UE resiste, de momento. "La Unión Europea sigue. A veces, mirando a lo concreto y puntual, se nos olvida que en 2020 cumplirá 70 años", insiste el catedrático Guillermo Pérez.

  Medidas cercanas, instituciones lejanas

Sí, de acuerdo, la UE sigue. Y no es frecuente que un proyecto de tanta envergadura dure siete décadas. Pero, ¿y si miramos los árboles y no el bosque? ¿Y si buscamos en lo concreto? "La importancia de Europa es enorme. Tres de cada cuatro leyes que se aprueban en España provienen de la UE. ¿Cuál es el problema? Que no se dice. Por ejemplo, el control de la jornada laboral o los permisos de paternidad mínimos de cuatro meses vienen de medidas aprobadas por Europa, pero esto se pasa por alto", señala un portavoz del Europarlamento.

A la hora de seguir el rastro que une las medidas de mayor impacto con la UE nos encontramos con varios problemas, empezando por la lejanía de Bruselas y siguiendo por la complejidad de la Unión, en cuyo entramado conviven el Parlamento, la Comisión –lo que sería el gobierno– y el Consejo –donde se integran los líderes nacionales–, así como tribunales, comités, un banco central, supervisores... Para añadir dificultad, está el ventajismo de los Estados. "La práctica de echar la culpa a 'Bruselas' de los problemas y atribuirse el mérito de los logros, el hecho de no asumir como propias las decisiones adoptadas conjuntamente [...] han demostrado ser perjudiciales" para la UE, señala la Comisión en su Libro blanco sobre el futuro de Europa, lanzado en marzo de 2017, aún con el arrepentimiento por no haber desmentido los bulos de aquella campaña.

  Dinero invisible

La legislatura 2014-2019, en la que el conservador Jean-Claude Juncker ha ostentado la presidencia de la Comisión, ha venido marcada por el Brexit, el primer ciclo tras la recesión económica y la crisis migratoria. Existe un consenso bastante amplio entre los observadores en que la UE ha acertado en los dos primeros hitos y no en el tercero, aunque la fracasada respuesta a la crisis de los refugiados es sobre todo responsabilidad de los Estados. "Los planes de inversión y la política monetaria expansiva han incidido para bien en la superación de la crisis y el crecimiento económico. El papel de Europa en la crisis del Brexit, con el negociador Michel Barnier al frente, ha sido un éxito. Se ha mantenido una posición conjunta. Y luego está la crisis de los refugiados de 2015, que no se ha gestionado bien", señala el investigador del Real Instituto Elcano y profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales Ignacio Molina. En el terreno económico, los tratados para evitar futuras crisis –Estabilidad, Euro Plus– y los "requisitos prudenciales" con el mismo fin tienen sello europeo. El tiempo dirá si funcionan.

Pero, además de la legislatura del Brexit y los refugiados, la que ahora acaba ha sido también la legislatura en que las instituciones europeas se han hartado de pagar los platos rotos, aguantar que los dirigentes nacionales culpen a Bruselas de sus desgracias y poner la otra mejilla. "A veces el dinero gastado por la UE no es fácilmente visible, ya que se redistribuye a través de una variedad de programas y por diferentes actores nacionales, regionales y locales, que a menudo añaden financiación ellos mismos", señala el Parlamento europeo en una comunicación precisamente llamada ¿Qué hace la Unión Europea?

  Bicicletas y 'smartphones'

Tanto la Comisión como el Parlamento europeo parece que han entendido que ya no es suficiente con detallar las grandes líneas de actuación fijadas en la hoja de ruta comunitaria: empleo, crecimiento e inversión, innovación, cambio climático, peso internacional.... Estas áreas consumen buena parte de los 2.134 textos adoptados por el Europarlamento en la legislatura que agoniza, de los cuales 708 han sido actos legislativos vinculantes, es decir, directivas –que requieren de trasposición a los Estados–, reglamentos y decisiones de obligado cumplimiento, según los datos oficiales entre julio de 2014 y diciembre de 2018.

Todo eso son grandes palabras, las luces de neón del proyecto europeo. Ahora la UE se esfuerza en escribir todo eso con letra pequeña. Regresamos al texto ¿Qué hace la Unión Europea?, que dice: "¿Eres ciclista? ¿Utilizas tu smartphone durante las vacaciones? ¿Te preocupa la calidad del aire? ¿Eres conductor de autobús, cervecero o incluso apicultor? ¿O eres una persona joven con una gran idea para tu propio negocio? La UE no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? ¡Te equivocas!". En efecto, si aplicamos el zoom al ciclo europeo 2014-2019, se observa que la legislatura europea es pródiga en decisiones de alto impacto a pie de calle.

  Economía digital y protección de datos

Estas decisiones son especialmente relevantes en el ámbito tecnológico. El fin del roaming entró en vigor en junio de 2017, poniendo fin al pago extra por realizar llamadas, enviar mensajes de texto o usar datos móviles dentro de la UE. En 2015 la Eurocámara introdujo medidas restrictivas a las comisiones que los bancos cargan a los comercios por procesar los pagos de sus compradores. En el campo comercial, nuevas normas evitan las limitaciones geográficas para las compras por Internet.

El Parlamento europeo aprobó en 2017 un programa de financiación para ofrecer wifi gratuito en lugares públicos. Desde 2015 hay reglas europeas que favorecen la introducción de nuevos operadores en el mercado de pagos online, lo que en teoría debe abaratar costes y evitar fraudes. Este mismo año se ha elevado protección de los derechos de autor en el entorno digital. Lo que aún está pendiente de concreción –aunque sobre el papel las instituciones europeas están en ello– son las medidas para erosionar la posición omnipotente de los gigantes tecnológicos, así como para reducir el impacto en los derechos laborales del capitalismo digital

Las nuevas reglas europeas de protección de datos obtuvieron en 2016 la luz verde del Parlamento europeo, obligando a los Estados miembro a su trasposición. El marco comunitario ha supuesto la aplicación de criterios garantistas en la recopilación y uso de datos personales, en un contexto marcado por los abusos cometidos por grandes compañías como Facebook. Ese mismo año, 2016, la Cámara aprobó la directiva sobre registro de datos de pasajeros para la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Se trata de batallas que constituyen cada vez más un proyecto europeo. Las policías estatales advierten con frecuencia de que el repliegue nacional es contraproducente en la persecución del crimen transfronterizo. Lo mismo ocurre con la lucha contra el fraude fiscal. En lo que fue una de las primeras decisiones de relevancia de la legislatura, en 2015, el Parlamento europeo elevó las exigencias de transparencia a los países del club.

  Medio ambiente

Aunque los críticos con el modelo vigente en la UE protestan por que se que acepte como dogma económico el capitalismo, sistema que ha demostrado su capacidad de depredación medioambiental, lo cierto es que las instituciones europeas llevan años en la vanguardia de las medidas contra el deterioro ecológico del planeta. Medidas como Madrid Central han evitado a España sanciones europeas, ya que la superación de límites contaminantes supone el incumplimiento de normas comunitarias. En la Conferencia de París sobre el clima de 2015, la UE asumió el compromiso de reducir al menos un 40% de sus emisiones para 2030. En esta línea la UE ha acordado la reducción en un 37,5% y un 31% de las emisiones de C02 de los coches y furgonetas. Sus objetivos de eficiencia energética, fijados en 2018, son los más exigentes entre las grandes potencias económicas.

Hay más en el terreno medioambiental. El Parlamento Europeo ha aprobado la prohibición del uso de plásticos de un solo uso (como pajitas o bastoncillos) a partir de 2021. El fin de las bolsas de plástico gratis también tiene origen en la UE. Es sólo un ejemplo de cómo el Congreso ha acabado haciendo suyo un mandato europeo. Según la agencia Efe, del total de 58 leyes (incluidos decretos) que se han aprobado en España desde junio de 2018, cuando se produjo el cambio de Gobierno, 32 (un 61,5 % del total) son trasposiciones de directivas europeas. Medidas de igualdad laboral entre hombres y mujeres aprobadas este mismo año en España son en realidad trasposiciones de directrices europeas. Y habrá más. El Parlamento europeo aprobó el mes pasado dos meses de permiso de paternidad no transferible y hasta cinco días al año para cuidados. El impulso a las políticas de conciliación viene también de las instituciones europeas, aunque a menudo no se mencione.

  De los tratados internacionales al último pueblo

Es frecuente que se evalúe a la UE únicamente por los grandes hitos en política internacional. Sus tribulaciones diplomáticas ante Estados Unidos, China y Rusia, potencias de perfil exterior más duro, suelen devaluar su imagen. En cambio, las instituciones europeas reivindican sus acuerdos económicos con Canadá, Japón, Mercosur y México, con las consiguientes rebajas de aranceles y facilidades de acceso a dichos mercados. Se trata, en todo caso, de un enfoque liberalizador que suscita división en el seno de la UE.

También las suscitan las prioridades en la inversión, aunque hasta la fecha le UE ha esquivado el bloqueo presupuestario. El resultado del domingo determinará el rumbo del proyecto comunitario en cuanto al dinero. A corto-medio plazo afectará al marco económico plurianual 2021-2027, todavía pendiente de aprobación. Sobre las cuentas de 2019 sí hay acuerdo, con un montante de 165.800 millones (3,17% más). ¿Tendrá impacto todo este dinero en España? Lo tendrá.

Para hacernos una idea, en 2017 España recibió de la UE 9.664 millones de euros, de los que un 54,13% fueron destinados al sector agrícola (la PAC, sobre todo), mientras que el 32,6% sirvió para financiar políticas estructurales y de cohesión y el 10,76 % para I+D. En 2019 está previsto reforzar la financiación de los programas de crecimiento y empleo, Erasmus, infraestructuras sostenibles, ayudas a pymes, I+D+i... Programas que acaban llegando al último rincón del último pueblo. Si el lector percibe alguna ayuda pública vinculada a los anteriores temas, es altamente probable que sea total o mayoritariamente europea.

  Pesca gallega, arrecifes cántabros...

A pesar de que le persigue el sambenito de institución derrochona –la asignación mensual a un eurodiputado es de 8.757,7 euros, a los que se suman 4.513 euros en dietas–, el gasto administrativo de la UE supone un 6% del total. El resto del dinero presupuestado aterriza en la realidad. ¿Cómo? No hace falta usar la imaginación. El detalle es público y puede consultarse área por área. Los programas de la UE abarcan casi cada aspecto de la vida del país: centros de acogida de menores, ayudas a la maternidad, etiquetado del vdddino, seguridad de la calidad del marisco, requisitos de humanidad en los mataderos de animales... Lo más sencillo para medir el impacto de las instituciones, las políticas y el dinero europeos es observar ciudades y autonomías. Aquí van algunos ejemplos –en un listado no exhaustivo– de programas e intervenciones financiados íntegra o mayoritariamente por la UE:

– La línea 8 del metro de Madrid.

– Ayuda al sector pesquero gallego.

– Programa de Desarrollo Rural de Extremadura.

– Inserción laboral en Cataluña.

– Atención médica a ancianos mediante programa Carewell en Euskadi.

– Recuperación ambiental del río Segura en Murcia.

– Desarrollo urbano sostenible en Navarra.

– Cooperación fronteriza con Portugal en Andalucía.

– Ampliación del Museo de Bellas Artes de Asturias.

– Ayudas a las pymes en Aragón.

– Apoyo a enfermos mentales en Baleares.

– Investigación sobre arrecifes artificiales en Cantabria.

– Mejora de la conectividad a internet en los colegios de la Comunidad Valenciana.

– Alivio del sobrecoste en transporte en Canarias, financiando –entre otras cosas– el transporte sanitario en helicópteros.

– Seguimiento de cultivos en Castilla y León.

Se trata de inversiones y proyectos que, más allá de su aparente disparidad, tienen algo en común: su rentabilización electoral corre a cargo de políticos de ámbito estatal, regional o local, nunca europeo, a pesar de que el origen de los fondos es la UE. Las instituciones europeas tratan ahora de darle la vuelta a la tortilla y que la ciudadanía sienta que Europa hace algo por ella. El grado de abstención y de auge del euroescepticismo dirán si ha surgido efecto.

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  ¿Y ahora qué?

La próxima legislatura, 2019-2024, las instituciones europeas deberán seguir lidiando con problemas económicos y migratorios, tensiones internacionales y el Brexit. El profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales Ignacio Molina señala con el dedo los grandes temas que tendrá que abordar ahora la UE: "El cambio climático, la transición energética, sostenibilidad, la privacidad...". A la espera de ver qué imprevistos echan por tierra las previsiones –como suele ocurrir en política–, la agenda agenda 2019-2024 establece en principio cuatro prioridades: protección de las libertades; desarrollo económico; ecología y justicia social; y promoción de los valores europeos. Es previsible que ahí se inscriba el grueso de la actividad del nuevo Europarlamento.

No es un secreto que Europa está en una encrucijada: ¿Irá a una o varias velocidades? ¿Cómo lidiará con el crescendo autoritario de Hungría? ¿Será capaz de compatibilizar crecimiento e igualdad? El rumbo se marcará en buena medida en el marco 2021-2027. Descendiendo aún más al detalle, está por ver si se establece un seguro europeo de desempleo, que los principales candidatos españoles –salvo el de Vox– apoyan. Si se estableciera, otra vez Europa dejaría ver su impacto en nuestro día a día. Hay mucho en juego.