El Consejo de Europa saca a España de la lista de países que incumplen sus recomendaciones contra la corrupción

El Consejo de Europa ha sacado a España de la lista de países que no cumplen satisfactoriamente sus recomendaciones para luchar contra la corrupción. Lo ha hecho en su último informe, aprobado en la reunión plenaria del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) celebrada entre el 17 y el 21 de este mismo mes, cuando analizó la más reciente evaluación sobre España y constató “avances” respecto al anterior, publicado en abril de 2018.

No obstante, ese análisis de las políticas para prevenir la corrupción entre parlamentarios, jueces y fiscales no se hará público hasta que las autoridades españolas lo autoricen. Tampoco se dará a conocer hasta que lo permita el Gobierno español un segundo informe sobre las políticas contra la corrupción entre los altos cargos de los gobiernos centrales y en los cuerpos de seguridad.

De forma que, mientras tanto, España sigue figurando en el último informe anual del Greco, publicado este martes y con datos hasta el 31 de diciembre de 2018, como uno de los 14 países –el Consejo de Europa lo integran 49 miembros– señalados por su “insatisfactorio” cumplimiento de las recomendaciones contra la corrupción de parlamentarios, jueces y fiscales. Le corresponde compartir ese dudoso honor con Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Francia, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Portugal, Rumanía, Serbia y Turquía.

En ese momento de la evaluación, España no había aplicado la mitad de las recomendaciones sobre parlamentarios y la otra mitad, sólo parcialmente. Lo mismo que con los jueces. Respecto a los fiscales, había puesto en práctica todas las recomendaciones del Greco, pero sólo de forma parcial. Por el contrario, Finlandia ya había implementado completamente en 2017 el 100% de las recomendaciones para parlamentarios, jueces y fiscales. Suecia también ha cumplido al 100% todas las medidas contra la corrupción de jueces y fiscales y el 60% de las que se refieren a los parlamentarios. Reino Unido sólo falla en los jueces, para quienes ha aplicado completamente la mitad de las sugerencias del Greco. Junto con España, los más incumplidores resultan ser Turquía, Portugal y Serbia.

Con los jueces, menos cumplimiento

El informe anual del Greco lamenta que el ritmo de cumplimiento de sus recomendaciones se ralentizara en 2018: si en 2017 se aplicaron el 40,5% de ellas, un año después sólo se llega al 33,9%. La categoría de recomendaciones con menos éxito es la referida a los jueces –sólo se han puesto en práctica el 22,6%–, mientras que las más implementadas son las que protegen a los fiscales de la corrupción –el 45,2%–.

Para los parlamentarios, el Greco invita a los estados a conseguir que los proyectos de ley se tramiten “con la adecuada nivel de transparencia y consulta” y que los procedimientos de urgencia sean sólo excepcionales. También pide códigos éticos o de conducta para los diputados y procedimientos para gestionar los conflictos de interés. Además, los parlamentarios deberían publicar declaraciones de sus bienes, ingresos, intereses y deudas, así como los regalos, invitaciones y cualquier otro beneficio. Finalmente, el Consejo de Europa pide una regulación de las relaciones con los lobistas, y que la inmunidad parlamentaria no sea un impedimento para procesar a los diputados en casos de corrupción.

Catálogo de medidas

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Para los jueces, el Greco reclama también códigos de conducta y mecanismos para gestionar los conflictos de interés pero, sobre todo, pide que todos los sectores de los gobiernos garanticen la independencia judicial. Que se prohíba que un juez pueda simultanear la toga con un escaño o una concejalía y se impida la recepción de favores, regalos o cualquier otro beneficio forma parte igualmente del catálogo de medidas necesarias según el Consejo de Europa. Así como la supervisión de la actividad de los jueces, definiendo con precisión las medidas disciplinarias en caso de mala praxis profesional.

Por último, para los fiscales el grupo exige mecanismos de selección “justos, transparentes y basados en el mérito”. E incluso sistemas para gestionar la asignación de casos a un fiscal así como su retirada.

La última ronda de evaluaciones puesta en marcha por el Greco insta a los gobiernos a aprobar códigos de conducta para ministros y altos cargos públicos, pero también a regular las “puertas giratorias”, a hacer públicas sus declaraciones de bienes y a regular las condiciones de inmunidad de los altos cargos. Con respecto a los cuerpos de seguridad, el Consejo de Estado cree que debería comprobarse de forma regular la promoción de los agentes y limitar los empleos a los que pueden acceder al dejar la policía, además de supervisar la mala praxis profesional de los agentes con investigaciones independientes, siempre con transparencia pública y protegiendo a los filtradores de corrupción.