Organizaciones LGTBI denuncian que el discurso de la extrema derecha "legitima" los delitos de odio

"Te voy a hacer heterosexual a hostias". Son las palabras que protagonizaron una agresión homófoba sucedida el pasado viernes en Barcelona. "Me estás faltando al respecto vistiendo así", decía el agresor, quien además apelaba a la presencia de menores para increpar y amenazar a la víctima por su forma de vestir. El vídeo de lo ocurrido corrió por las redes sociales y aterrizó enseguida en los medios de comunicación, pero no es el único acontecimiento de estas características que se reproduce en las calles y que ahora, denuncian las organizaciones, ha encontrado cobijo en el discurso de la extrema derecha. El mismo lunes, también en la capital catalana, un hombre atacó a dos mujeres, acompañadas de su hijo de cuatro años, tras amenazarlas de muerte.

Las organizaciones LGTBI llevan años trabajando por consolidar un seguimiento pormenorizado de las agresiones que habitualmente permanecen silenciadas. Funcionan como una suerte de contador que, además, busca servir de altavoz para el colectivo. La Federación Estatal LGTB (FELGTB) recopiló los datos en un informe global, donde concluye que en el año 2017 se recogieron 629 incidentes de odio por orientación sexual o identidad de género, todos los sucesos registrados por las entidades LGTBI a través de sus servicios u observatorios, excepto en Cantabria, Navarra, Ceuta y Melilla.

Cada comunidad ha ido actualizando sus datos anualmente, de manera que los últimos balances dibujan un panorama todavía preocupante. Durante 2018, se produjeron 79 incidentes de odio en la Comunitat Valenciana; 113 en Cataluña a lo largo del mismo año o un total de 33 recogidos por el Observatorio contra la LGTBIfobia de A Coruña. En Madrid, el observatorio constató un total de 345 incidentes de odio hacia el colectivo en la comunidad, lo que supuso un pequeño incremento del 7% respecto al año anterior.

El Ministerio del Interior efectúa cada año un análisis de los delitos de odio cometidos en el país. Los últimos datos al respecto datan de 2017 e indican que los incidentes de delitos de odio registrados y relacionados con la identidad u orientación sexual de las víctimas ascendieron a un total de 271, un 17,8% más que el año anterior. Este tipo de delitos se sitúa únicamente por detrás del racismo y la xenofobia (524) y de los ataques por motivos ideológicos (446). En total, los delitos de odio cometidos a raíz de la orientación sexual de las víctimas suponen un 19,1% de todos los registrados.

El problema de la infradenuncia

Lo sucedido en Barcelona, sostiene Eugeni Rodríguez, presidente del Observatori contra l'homofobia, no supone un caso aislado. "Desgraciadamente está siendo habitual", relata en conversación con infoLibre, y el patrón es el de "un agresor joven, hombre, que normalmente agrede verbal o físicamente los fines de semana, de madrugada y en la vía pública". En los últimos meses, comenta, cada dos semanas se constatan episodios de tales características, especialmente graves en locales concurridos.

La abogada y activista Charo Alises forma parte del equipo jurídico de la FELGTB. A su entender, lo común es que este tipo de situaciones sucedan con frecuencia sin que "nadie diga nada". La letrada insiste en situar ahí, en la denuncia, el foco. "Todo esto es denunciable y es un delito", explica, pero existen "agresiones cotidianas" que no trascienden, especialmente por el "miedo a las represalias" o porque "la gente, que no confía en las instituciones, puede pensar que no sirve para nada". También hay víctimas, afirma Alises, que "no están fuera del armario, por lo que ir a denunciar es hacer visible su orientación sexual".

Los observatorios que trabajan por recopilar los datos coinciden en que la infradenuncia sigue siendo el mayor reto por afrontar. El observatorio madrileño detalla en su último informe que el índice de denuncia ha caído ligeramente, de manera que sólo un 30% de los hechos conocidos acabaron en comisaría. Las víctimas, opina la organización, "siguen teniendo miedo a acudir a denunciar, a coincidir con los agresores y a recordar ese incidente tan estresante una y otra vez".

Toño Abad preside el Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia. Subraya, al otro lado del teléfono, que las personas "no quieren denunciar porque no se sienten representadas" por las autoridades. Lo que evidencia, a su juicio, la necesidad urgente de mejorar la formación del personal que interviene en el proceso de denuncia y posteriormente en el judicial. La violencia, lamenta, "es un continuo completamente normalizado que está siempre presente en la sociedad", por eso "hay que ponerlo en la agenda, porque las agresiones siguen en las calles".

El discurso de la extrema derecha

Y como fenómeno íntimamente ligado a la violencia en las calles se encuentra el discurso de odio, difundido de manera explícita por la extrema derecha. Para Abad, resulta extremadamente preocupante que esté en riesgo "todo lo construido en estos años, que la sociedad se haya sumado a la causa y la entienda como propia". "Estos discursos de odio de la extrema derecha en las instituciones atentan contra los derechos del colectivo LGTBI, pero también de las mujeres o las personas migrantes", expresa Abad.

Cobijadas y amparadas por la extrema derecha, añade, las agresiones de odio encuentran "un discurso detrás que las legitima". Un discurso que hasta el momento estaba "fuera de las instituciones" pero que ahora tiene "portavoces" en su seno. También Rodríguez coincide en que "los discursos de odio refrendados por los partidos políticos" resultan "realmente preocupantes y deben ser abordados con toda la fuerza". Porque el resultado final es que "los jóvenes encuentran un colchón donde acomodarse" contra los derechos del colectivo.

El discurso que abandera la ultraderecha "influye en la percepción que tiene la gente de las personas LGTBI y legitima las agresiones", sostiene también Alises. La respuesta del movimiento, entienden los activistas, debe ser rotunda y no permitir ni un paso atrás. Ese es precisamente el camino escogido por la Comunitat Valenciana, donde las Corts han dado respuesta a la pretensión de Vox de recopilar datos sobre colectivos LGTBI, no sólo rechazando su petición, sino llevándola ante la Fiscalía por si pudiera constituir un delito de odio.

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En esa respuesta las principales armas tienen que ver con la pedagogía y las leyes. Es necesario "analizar los instrumentos que existen, tanto sancionadores como mediadores, para ver si se están tomando las medidas correctas", apremia Rodríguez. En ese sentido, destaca el papel de la formación. Su propio observatorio, de hecho, cuenta con programas formativos y varios convenios firmados con festivales y locales de ocio.

Alises se aferra igualmente al poder de la formación, no sólo en cuanto al trato con la víctima, sino también respecto a la tramitación de la denuncia. Cuando una persona da el paso de denunciar, ocurre en ocasiones que "en vez de tramitarse como delito de odio se hace como delito leve". La diferencia es abismal, detalla la abogada, pues los delitos leves tienden a concluir "como mucho, en una pequeña multa".

Abad se inclina por resaltar además el peso de un marco normativo sólido que "reconozca derechos y penalice la difusión de mensajes discriminatorios". Y recuerda que, aunque buena parte de las comunidades cuentan con legislación propia, no existe una norma estatal que homogenice las normas y blinde los derechos conquistados.