La investidura alimenta el cisma en el soberanismo

“A mí no me roba España. Repito: a mí no me roba España. A mí me roba Rato, me roba Bárcenas, me roba Millet y me roba Pujol, y esos da igual de dónde sean”. La frase de Gabriel Rufián, pronunciada en el debate de investidura de esta semana, es un buen ejemplo de la distancia cada vez mayor que separa la estrategia de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de la que defiende JuntsxCat, el espacio político posconvergente liderado desde Bélgica por el expresident huido de la justicia española Carles Puigdemont. Y del interés de Oriol Junqueras, su líder, encarcelado desde hace 21 meses, por distanciarse de sus socios en la Generalitat.

De hecho, el jueves ambas formaciones votaron por separado en el Congreso. Junts se opuso a la investidura de Pedro Sánchez y unió sus fuerzas a la derecha española (PP, Ciudadanos, Vox, UPN y Coalición Canaria). Esquerra, en cambio, no sólo se abstuvo sino que el propio Rufián se empleó a fondo para intentar un acuerdo entre el candidato socialista y Unidas Podemos. Y eso que la influyente Assemblea Nacional Catalana (ANC), la principal organización civil del independentismo, presionó hasta el último minuto para que votasen en contra. 

“Es un gravísimo error político generar expectativas de diálogo con el Estado. Denunciamos nuevamente la preocupante regresión autonomista de las fuerzas políticas catalanas que un día declararon la independencia y ahora vuelven a las luchas partidistas por la hegemonía electoral”, reprochó la ANC  través de un comunicado. Esquerra hizo caso omiso, hasta el punto de que en vez de coordinarse con Junts, prefirió exhibir unidad de acción con EH Bildu. 

Los desencuentros entre ambas formaciones se remontan a la declaración unilateral de independencia, el 27 de octubre de 2017. Y su desenlace está únicamente pendiente de la sentencia del Tribunal Supremo sobre lo ocurrido en aquellos días.

El actual president, Quim Torra, corre el riesgo de ser desalojado de la Generalitat desde que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acordó la apertura de juicio oral contra él por un presunto delito de desobediencia al no haber acatado la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en periodo electoral. Todo lo contrario que el antecesor de Puigdemont, Artur Mas, que ya deshoja la margarita sobre su futuro mientras el calendario le acerca al 23 de febrero del año que viene. Ese día vence la condena de inhabilitación a la que fue condenado y quedará en situación de regresar a la primera línea de la política.

Visto para sentencia el juicio del procés, Torra se apuntó al desafío al Estado. "Yo también estoy convencido de que lo volveremos a hacer”, declaró en referencia a la ruptura del orden constitucional haciendo suyas la palabras pronunciadas en su alegato final por Jordi Cuixart, el presidente de Òmnium Cultural. Una declaración de intenciones —que tiene difícil encaje con el pragmatismo en el que se ha instalado Esquerra— sobre la que quiere reconstruir la “unidad estratégica” del soberanismo catalán dando respuesta a la sentencia del Supremo y situando de nuevo la autodeterminación como el objetivo inmediato del Govern y la sociedad catalana. Y recuperar así “el hilo de la historia”, proclamó.

Esquerra también defiende una respuesta unitaria del independentismo a una sentencia que todo el mundo presume condenatoria, pero no la que propone Torra. “Hay que trazar un camino conjunto, una estrategia unitaria” pero “que interpele al 80% de la ciudadanía", en palabras de su portavoz parlamentario, Sergi Sabrià. Un porcentaje que apela a involucrar a los comunes, o al menos al espacio social que representan y que reivindica un referéndum para resolver el conflicto democráticamente. Siempre dentro de la estrategia diseñada por Junqueras tras el fracaso de la declaración de independencia y que no es otra que acumular cada vez más fuerzas del lado del soberanismo para que acabe siendo inevitable la convocatoria de un referéndum pactado y reconocido internacionalmente.

Las elecciones pendientes

Torra busca una respuesta unitaria a la sentencia, pero de convocar elecciones, nada de nada. Recientemente confirmó que no tiene intención de aprovechar el fallo del Supremo para llamar a los catalanes a las urnas, algo que sus adversarios relacionan con las encuestas que, de manera unánime, anticipan un fuerte retroceso de Junts y un avance sin precedentes de ERC. Si Cataluña votase hoy, el independentismo seguiría siendo hegemónico en el Parlament pero la victoria de Esquerra garantizaría a los republicanos la Presidencia de la Generalitat. Y Puigdemont no quiere perder esa baza.

El último sondeo publicado es de este viernes. Según el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO), el CIS catalán, realizado entre el 25 de junio y el 17 de julio, ERC ganaría las elecciones si se celebrasen ahora con entre 38 y 40 diputados, mientras que el PSC y JxCat empatarían como segunda fuerza seguidos muy de cerca por Cs. JxCat obtendría entre 25 y 27 escaños, el PSC 25, Cs entre 23 y 24, los comunes serían quintos con entre 11 y 12 diputados, la CUP sumaría 6 o 7 y el PP quedaría último con 3.

La misma encuesta sostiene que el presidente de ERC es el líder político mejor valorado por los catalanes, que le dan una nota media de 6,26 sobre 10, mientras que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el expresidente Carles Puigdemont suspenden con un 4,15 y un 4,31 respectivamente.

Que Torra haya reivindicado su derecho a decidir la fecha de las elecciones catalanas ha añadido más leña al fuego. Esquerra reclama que debe ser una decisión conjunta, aunque formalmente sea una competencia del president.

Para complicar más las relaciones entre Junts y Esquerra, que comparten tareas de gobierno en Cataluña, la Generalitat atraviesa una situación cada vez más insostenible. Si la situación se prolonga tendrá que intentar sacar adelante unos Presupuestos para 2020 porqueen estos momentos están gobernando aún con la prórroga de los de 2017. Y no tienen mayoría para sacarlos adelante en el Parlament.

Frente a la posición legitimista y de defensa de la vía unilateral a la que Puigdemont ha dado prioridad en Junts, los republicanos de Junqueras acumulan casi dos años de militancia en el posibilismo desde que la intervención de la autonomía catalana disipó el espejismo de la república independiente. Y esta estrategia les ha conducido a donde están ahora: 15 diputados en el Congreso, frente a solo siete de Junts. Su actitud constructiva durante la investidura, reconocida incluso por Pedro Sánchez, les sitúa además en una posición inmejorable para llevar la voz cantante en la interlocución con el Gobierno si la legislatura se desbloquea y se reinicia el diálogo para buscar una solución al conflicto.

Una posición que Esquerra se propone defender aunque no goce de la comprensión de la principal organización social del soberanismo, la ANC, que sigue apostando por la vía unilateral y que persigue hacer de las próximas elecciones catalanas un nuevo referéndum. Si los independentistas logran la mayoría, exigen, el Govern que salga de las urnas deberá implementar la república.

La Diada “más difícil”

A la vista de la evidente fractura que sufre el soberanismo, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, defiende aumentar la presión a los partidos, sobre todo después de que los pactos municipales agudizasen el cisma entre Junts y Esquerra. “Hemos comprobado de forma muy cruda el regreso al partidismo y la disputa por espacio de poder autonómico y local, llegando al extremo de ceder el liderazgo de algunos de estos espacios al PSC”, se lamentaba hace pocos días Paluzie en referencia al pacto entre los posconvergentes y el PSC que entregó a los socialistas catalanes la Presidencia de la Diputació de Barcelona.

La ANC, principal responsable de organizar la manifestación del 11 de septiembre, en la que el independentismo exhibe desde hace años su músculo, pretende utilizar la convocatoria de este año para interpelar a los partidos recordándoles que “el objetivo es la independencia y que hay que establecer una estrategia conjunta para conseguirla”. “No es una manifestación más, es la manifestación más difícil de todas las que hemos hecho hasta ahora”, reconoce Paluzie.

La preocupación de la ANC está justificada. La constitución de los ayuntamientos no ha hecho sino agravar el abismo entre Junts y Esquerra. Los republicanos reaccionaron con indignación al acuerdo de Junts con el PSOE para la Diputació de Barcelona. Y los posconvergentes replicaron recordando los 28 municipios en los que sacaron más votos que ERC pero los republicanos les dejaron sin la alcaldía pactando con otros partidos, sobre todo con el PSC. La pérdida de San Cugat, en la que Junts llevaba 32 años, dolió especialmente en las filas del partido de Puigdemont. Por el desalojo de la Alcaldía, pero también porque se llevó a cabo en virtud de un pacto de izquierdas suscrito por Esquerra, el PSC y la CUP.

Junts se ha sumido en un debate sobre su futuro en medio de fuertes divisiones internas. Puigdemont y su estrategia exterior no acaban de alcanzar el eco deseado. El tan buscado reconocimiento de Europa y la legitimidad que esperan por parte de Parlamento Europeo no acaban de llegar. Esquerra no cedió a la presión de la unidad. El resultado municipal premió a los alcaldes que menos énfasis pusieron en la independencia y eso ha dado fuerza a los moderados del PdeCAT. Y una gran parte de la antigua Convergència teme estar a punto de ceder la hegemonía política catalana a Esquerra y alienta un cambio de rumbo antes de que sea tarde.

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Los de Junqueras confían, ahora sí, en que su pragmatismo político tenga premio y les permita desbordar a Puigdemont en las urnas para tomar las riendas de la negociación con el Gobierno español. Una estrategia en la que Esquerra quiere utilizar como punto de partida la llamada Declaración de Pedralbes, que Sánchez y Torra firmaron el 20 de diciembre de 2018 en Barcelona.

Aquel documento estableció un punto de partida para buscar una solución política desde el reconocimiento de la existencia de “un conflicto sobre el futuro de Cataluña” y pactar la apertura de un diálogo en busca de una “propuesta política” que respalde la sociedad catalana. La declaración afirmaba que, a pesar de que los dos gobiernos “mantienen diferencias notables” sobre “el origen, naturaleza o las vías de resolución” del mencionado “conflicto sobre el futuro de Cataluña”, comparten “por encima de todo su apuesta por un diálogo efectivo que vehicule una propuesta política que cuente con un amplio apoyo en la sociedad catalana”.

“Con el objetivo de garantizar una solución, deben seguir potenciándose los espacios de diálogo que permitan atender las necesidades de la sociedad y avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica”. “La vía del diálogo”, concluía el texto pactado, “requerirá del esfuerzo de todas las instituciones, de los actores políticos y de la ciudadanía. Ambos gobiernos se comprometen a trabajar para hacerlo posible”.