Seis rituales electorales españoles que se quedaron obsoletos pero que los partidos se empeñan en conservar

En el mitin de apertura de campaña de Unidas Podemos de este jueves en Madrid habló todo el mundo menos su líder. A esa hora Pablo Iglesias, que sigue siendo la principal baza electoral de la formación morada, estaba en un programa de televisión (El Hormiguero, Antena 3) haciendo una exhibición de pragmatismo: más vale una aparición en horario de máxima audiencia en televisión, especialmente en un espacio de infoentretenimiento abierto a públicos a los que normalmente es mucho más difícil llegar que participar en el mitin de apertura de campaña de su propia formación.

Estamos a punto de entrar en la tercera década del siglo XXI pero las campañas electorales españolas siguen habitando en las estrecheces de los años setenta. Y los políticos parece que no tienen la menor intención de cambiar las cosas. Los partidos y sus líderes, los viejos y los nuevos, se adaptan a las normas vigentes, la mayoría de ellas aprobadas en los años de la Transición, y adoptan con naturalidad los rituales de un tiempo superado por la lógica de una sociedad hiperconectada. infoLibre repasa algunos de ellos.

  1. El período oficial de campaña

La Ley Electoral española tiene 34 años. Cuando se aprobó, España tenía sólo dos canales de televisión —ambos públicos—, no había teléfonos móviles e Internet era una ocurrencia de la que sólo habían oído hablar algunos militares e investigadores. Así que las campañas electorales eran no ya analógicas sino simple y llanamente presenciales, lo que facilitaba su control. Así que, para que tuvieran lugar de forma ordenada, la legislación estableció un período acotado de quince días durante el cual los partidos pueden organizar actos políticos y pedir el voto a los ciudadanos. “Se entiende por campaña electoral el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones en orden a la captación de sufragios”, dice la legislación.

De hecho, señala que fuera de ese período “no puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña”, incluida “la realización de publicidad o propaganda mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales [esta precisión se incluyó en una reforma posterior], no pudiendo justificarse dichas actuaciones por el ejercicio de las actividades ordinarias de los partidos”.

La prohibición sigue vigente, pero los partidos hace años que, en la práctica, hacen caso omiso de ella. Desde el mismo momento de la convocatoria electoral se ponen en marcha las maquinarias de cada formación y empieza la organización de actos públicos, la difusión de documentos y la distribución de publicidad a través de toda clase de soportes, especialmente digitales. La campaña electoral del 10 de noviembre empezó este viernes pero ese día el PSOE, por poner un ejemplo, ya había realizado más de 300 actos en toda España desde la disolución de las Cortes, el pasado 23 de septiembre. Y difundido decenas de vídeos y mensajes electorales. Y lo mismo hicieron los demás partidos.

En cambio sí ha desaparecido prácticamente el ritual de la pegada de carteles, al filo de la madrugada del primer día de campaña, que marcó durante años el inicio de la carrera electoral. Hoy, décadas después, con precampañas electorales larguísimas que a menudo se prolongan durante meses y sin apenas soportes físicos sobre los que colocar carteles —en esta ocasión hay además un acuerdo entre partidos para ahorrar ese gasto— y una cobertura informativa al minuto marcada por Internet y las redes sociales, casi todos los líderes de los partidos han abandonado el formato y lo han sustituido por mítines de apertura de campaña. Este jueves sólo el candidato de Más País, Íñigo Errrejón, paradójicamente la formación más reciente de la política española, se hizo fotos pegando carteles con su imagen. Los demás recurrieron a Internet para difundir vídeos y trasladar a sus seguidores las consignas.

  2. Los mítines y las caravanas

Los mítines son un clásico de la política desde hace mucho más de un siglo. Y la joven democracia española los abrazó en los primeros años de la Transición como una forma de movilización, casi la única a su alcance para trasladar el ideario político de los partidos a una ciudadanía ávida de discursos después de cuarenta años de dictadura.

Los actos políticos en directo tuvieron además durante mucho tiempo la virtud de ser acontecimientos locales capaces de acercar a los líderes nacionales al público en un recorrido por toda España en los tiempos en los que la información política independiente dependía casi en exclusiva de la prensa.

Hoy los mítines, en cambio, se han convertido en espectáculos que ya no tienen al público como espectador sino como un elemento más de la representación. El objetivo es producir una actividad diseñada a la medida de los medios de comunicación, sobre todo de las televisiones, que siguen siendo el principal recurso de difusión transversal de los mensajes políticos. Si no fuera por eso, muchos piensan que hace tiempo habrían desaparecido.

De hecho, hasta las caravanas electorales —los periodistas que cubren el periplo de un candidato durante toda la campaña— están en crisis. Los profesionales de la información tienen cada vez menos acceso directo a los líderes de los partidos en el contexto de los mítines —las imágenes que se ofrecen suelen además estar realizadas por los propios partidos— y van camino de convertirse en parte de la figuración.

  3. La limitación de las encuestas

La Ley Electoral sigue prohibiendo la difusión de encuestas en los últimos días de la campaña, un límite que en el caso de las elecciones del 10 de noviembre entra en vigor el próximo lunes. Pero es una prohibición absurda en los tiempos de Internet: nadie puede impedir la publicación de estudios de intención de voto en España durante todos los días de campaña en webs de otros países.

De hecho, en los últimos años se ha convertido casi en una tradición la encuesta que publicó en elecciones anteriores El Periòdic d'Andorra,hoy propiedad del grupo Editorial Prensa Ibérica, y que medios y redes sociales españolas—también infoLibre— enlazaban o difundían utilizando analogías con frutas y verduras para burlar la ley.

La ley prohíbe la difusión de encuestas en los últimos días de campaña electoral con la intención de prevenir una influencia supuestamente nociva sobre la opinión pública. Algo que teóricamente puede ocurrir si se publican estudios de opinión que malintencionadamente sesguen los resultados con ese objetivo.

Pero, más allá del hecho de que la tecnología ha hecho imposible impedir su difusión desde otros países, lo cierto es que no faltan voces que defienden que saber cómo va evolucionando la intención de voto es un elemento que los electores tienen derecho a conocer. Saberlo, además, puede ayudarles a formarse una opinión y decidir con más criterio qué papeleta depositan en la urna.

  4. La jornada de reflexión

El origen de la jornada de reflexión, que en España también está blindada por ley, era garantizar la paz social en las horas previas a la votación. De hecho, todavía hay países en los que, en la misma línea, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas e incluso la organización de espectáculos públicos en vísperas de un día de elecciones.

Sin embargo, en democracias avanzadas y consolidadas como Alemania, Estados Unidos o el Reino Unido no existe esa figura. De hecho, se puede seguir haciendo campaña electoral en la puerta de colegios electorales el mismo día de la votación sin que eso les haga cuestionarse la limpieza del sistema.

La existencia de la jornada de reflexión se ha convertido además en un problema en España ya en dos ocasiones. La primera, cuando manifestaciones espontáneas —que el PP de José María Aznar se empeñó en atribuir a Alfredo Pérez Rubalcaba— exigieron en 2004 en las calles la verdad sobre los atentados del 11M, que el Gobierno quería endosar a ETA a pesar de que todos los indicios apuntaban al terrorismo islámico. Y la segunda en 2011 cuando, también Rubalcaba, en esa ocasión como ministro del Interior, se negó a desalojar por la fuerza la acampada del 15M en la Puerta del Sol de Madrid en la jornada de reflexión de las municipales de aquel año.

Lo habitual en España es que los líderes políticos, imposibilitados por ley para seguir defendiendo sus programas y pedir el voto de los ciudadanos, reserven para ese día alguna actividad con la que hacer un guiño a los electores que al día siguiente están llamados a las urnas.

  5. Los debates

Los debates en España siguen siendo una asignatura pendiente. La ausencia de una regulación legal deja su celebración a expensas de que los líderes se pongan de acuerdo sobre asuntos tales como la fecha, la hora, el lugar y el formato.

La comparación con otros países saca los colores a la política española. En las recientes elecciones portuguesas que ganó el socialista António Costa se celebraron, sólo en el mes de septiembre, 14 debates electorales en todos los formatos y combinaciones posibles, incluidos cara a cara cruzados que, según la mayoría de los expertos en comunicación política, son los más útiles para que los ciudadanos puedan contrastar las diferencias entre unos candidatos y otros.

RTVE lo intentó al comienzo de la campaña. Propuso dos debates a cinco y tres cara a cara (un Sánchez-Iglesias, otro Sánchez-Casado y un Casado-Rivera). Sin ningún éxito. El PSOE impuso su criterio y sólo habrá un debate a cinco en estas elecciones.

La otra característica que hace insólitos estos espacios en televisión en España es el hecho de que sean los partidos los que establezcan las reglas y que los periodistas que los conducen apenas tengan margen para hacer periodismo, lo que significa capacidad para preguntar y repreguntar.

En el debate organizado por la Academia de Televisión para este lunes, los periodistas Ana Blanco (TVE) y Vicente Vallés (Antena 3) apenas podrán hacer otra cosa que hacer preguntas dirigidas a los cinco participantes, introducir los bloques temáticos y vigilar los tiempos de intervención. Un formato impensable en las democracias de referencia de nuestro entorno, donde los líderes políticos tienen que hacer constantemente frente a preguntas incómodas por parte de los periodistas, especialmente en los debates en televisión.

  6. Los límites a los medios de comunicación

El derecho a la información en España se aplica durante todo el año, excepto durante los períodos electorales. Desde el momento en que se convocan las elecciones entran en vigor las limitaciones establecidas por la Ley Electoral para los medios audiovisuales, especialmente para los de titularidad pública, lo que significa que no pueden aplicar su propio criterio a la hora de informar como hacen el resto del año.

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Un buen ejemplo de esta situación paradójica tuvo lugar en la campaña de abril. La Junta Electoral prohibió la emisión de un debate a cinco,prohibió con participación de Vox, que La Sexta había programado atendiendo a criterios de interés informativo —todas las encuestas ya daban representación a la ultraderecha y su llegada al Congreso formaba parte del debate público— con el argumento de que los de Santiago Abascal todavía no tenían representación en la Cámara Baja.

Lo más curioso es que esa limitación, establecida en la ley, afecta sólo a las televisiones. El debate se podría haber celebrado sin ningún problema en un periódico digital y la señal en streaming se podría haber emitido sin ninguna limitación.

Los trabajadores de los medios públicos —RTVE y las televisiones y radios autonómicas— son los más afectados por estas normas. Cuando llegan las elecciones, su capacidad para hacer información queda en suspenso y se ven obligados a monitorizar y compartimentar toda la información política atendiendo además a criterios cuantitativos y no cualitativos. Sus protestas, a las que en varias ocasiones se han unido organizaciones de periodistas de toda España, siguen sin embargo sin tener eco en los partidos políticos, reacios a levantar los límites que en su día decidieron imponer a los profesionales que prestan servicio en las televisiones, especialmente las de titularidad pública.