Sánchez completa en un mes su viaje de vuelta a la España plural

De la nación de naciones a la amenaza de un nuevo 155. Y vuelta. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, emprendió hace ahora un año un recorrido circular desde el Palau de Padralbes (Barcelona). Allí reconoció la existencia de un “conflicto político” en Cataluña cuya solución pasa por un diálogo capaz de fraguar “una propuesta política que cuente con un amplio apoyo de la sociedad catalana” y acabe dando lugar a una “respuesta democrática en el marco de la seguridad jurídica”.

Después, a bordo de la larga campaña electoral que comenzó en febrero y concluyó el pasado mes de noviembre, fue enterrando progresivamente todas sus propuestas federalistas y reformistas y sustituyéndolas por advertencias cada vez más duras dirigidas al independentismo y, sobre todo, al electorado menos comprensivo con las demandas territoriales. Todo ello para volver, en las últimas cuatro semanas, al punto de partida:el reconocimiento del conflicto políticoreconocimiento y la apelación a la normalización de las relaciones con la Generalitat. De la foto con Torra en Pedralbes al anuncio de una nueva reunión con el president en cuando supere la investidura.

Sánchez llegó a la Secretaría General del PSOE a lomos, entre otras cosas, de una propuesta de reconocimiento de la España plural. De común acuerdo con el PSC de Miquel Iceta, el líder socialista defendió una reforma constitucional en clave federal destinada a combatir el independentismo ofreciendo al nacionalismo un encaje más satisfactorio de Cataluña en España con el que superar el trauma del desencuentro constitucional que supuso la anulación de una parte del Estatuto de 2010.

Las bases de esa propuesta política las había sentado mucho antes su antecesor en el cargo, Alfredo Perez Rubalcaba, en la llamada Declaración de Granada, “un proyecto para seguir juntos”, según la expresión utilizada por el entonces secretario general.

Aquel documento reivindicaba el Estado de las Autonomías pero reconocía la existencia de “disfunciones”. Y con el respaldo de todos los barones del partido, incluidos tres tan poco sospechosos como Emiliano García-Page, Javier Lambán o Guillermo Fernández Vara, el PSOE asumió que “el Estado de las Autonomías tiene que evolucionar, tiene que actualizarse y perfeccionarse. Y tiene que hacerlo en su sentido natural: avanzando hacia el federalismo, con todas sus consecuencias” porque “es el único punto de encuentro posible para restablecer el consenso territorial en España” frente a los partidos que defienden una recentralización y los que plantean la independencia de Cataluña.

En la fallida investidura de julio, sin embargo, Sánchez evitó cualquier propuesta para enfrentar el conflicto catalán. En dos horas de discurso sólo hizo una referencia tangencial a defender “una España autonómica en una Europa federal. Un nuevo espacio de soberanía que no merma el sentimiento de pertenencia. Nadie es menos español, o menos catalán, menos vasco, menos madrileño o menos andaluz”, remarcó, “por ser europeo; ocurre todo lo contrario: reforzamos nuestras identidades a fuerza de ser europeos”. “¿Qué es más útil?”, preguntó. “¿Ejercer una soberanía pequeña e inútil desde el aislamiento? ¿O ser parte de un espacio común, compartiendo soberanía para enfrentar desafíos que nos desbordan como país?”.

Sánchez enterró entre febrero y noviembre de este año la Declaración de Granada y también la Declaración de Barcelona,el otro documento sobre el que descansa su estrategia para hacer frente a la crisis política catalana. El líder del PSOE estaba convencido de que Ciudadanos iba a naufragar en las elecciones y que muchos de sus votantes buscarían refugio en las candidaturas socialistas.

Para atraerlos no dudó en agitar la bandera de la defensa de la unidad de España, advirtió de su disposición a impulsar una nueva intervención de la autonomía catalana y alentó nuevas actuaciones del Tribunal Constitucional en contra de varias resoluciones del Parlament de Cataluña. Su apuesta por la “firmeza” y la “proporcionalidad” en relación con las protestas que siguieron a la sentencia del Tribunal Supremo contra los dirigentes políticos y sociales procesados por su participación en la declaración unilateral de independencia de 2017 culminó con su negativa a descolgar el teléfono al president de la Generalitat, Quim Torra, con la excusa de que no se había desmarcado lo suficiente de los disturbios en las calles de las ciudades catalanas.

El cambio de mensaje

Durante todo el verano, Sánchez se negó a negociar su investidura con los independentistas. Y ni siquiera aceptó que su portavoz, Adriana Lastra, se sentase a la misma mesa con EH Bildu, a quien la derecha sigue identificando con la organización terrorista ETA, desaparecida hace ocho años. Era una parte esencial del mensaje que construyó para intentar mejorar su mayoría en el Congreso en las elecciones de noviembre: nunca aceptaría supeditar la investidura a un acuerdo con los soberanistas.

Aquella estrategia fracasó el 10 de noviembre. El grupo socialista perdió tres escaños, la presencia de fuerzas políticas autonomistas, nacionalistas e independentistas en el Congreso es mayor que nunca y la dependencia del PSOE de un acuerdo con los soberanistas catalanes sigue condicionando la investidura.

Sánchez sabe que ni PP ni Ciudadanos le van a facilitar la reelección para gobernar con Unidas Podemos. Tal es su convencimiento que, en un ejercicio de circunvalación política poco frecuente, acaba de regresar a Pedralbes.

Apenas cuatro semanas después de afirmar su negativa a alcanzar la Presidencia negociando con los soberanistas y de hacer de las advertencias al independentismo uno de los ejes de la campaña electoral socialista, el PSOE negocia con Esquerra un acuerdo de investidura a cambio de poner en marcha un foro de diálogo sobre el conflicto político catalán.foro

Y no sólo eso: la portavoz socialista ha puesto en marcha una negociación inédita con EH Bildu —que según el secretario general adjunto del Grupo Socialista, Rafael Simancas, está teniendo “una actitud constructiva, con ánimo de no obstaculizar la formación de gobierno”—, una organización a la que el PSOE navarro tuvo que excluir en junio de cualquier negociación para intentar hacerse con el Gobierno de la Comunidad Foral porque Ferraz se negó en redondo a autorizar cualquier diálogo con la formación que lidera Arnaldo Otegi.

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Para completar el círculo, Pedro Sánchez llamó este miércoles por teléfono al president de la Generalitat,president Quim Torra, con quien no hablaba precisamente desde la cita de Pedralbes. Le transmitió su propósito de “reducir la tensión territorial” y su deseo de que la próxima sea “la legislatura del diálogo” con el fin de “encarar políticamente la situación en Cataluña”.

El candidato socialista, estimulado por la necesidad de contar con la ayuda de Esquerra, promete ahora una normalización de las relaciones con la Generalitat que evoca a la que él mismo puso en marcha nada más llegar a la Moncloa, en julio de 2018. Como entonces, ha prometido a Torra que, en cuanto supere la investidura, no tendrá inconveniente en celebrar una reunión a la que el president llevará el núcleo de sus demandas: un referéndum de autodeterminación y una amnistía para los condenados del procés y los dirigentes políticos huidos de la justicia española. Dos demandas que el PSOE rechaza de plano.

A ese diálogo no sólo estarán convocados los catalanes. El necesario concurso en la investidura de otras formaciones soberanistas, como el PNV y el BNG, de partidos nacionalistas y regionalistas —Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, y el PRC— y hasta de nuevas expresiones políticas como Teruel Existe obligará a Sánchez a construir un programa político condicionado por equilibrios territoriales.