Diez años de cleptomanía en Haití: urge una investigación internacional

Sin duda es el mayor escándalo internacional de la década. Cuestiona a la ONU, a Estados Unidos, Europa, a decenas de Estados donantes, a miles de ONG, a ejércitos de asesores, a grandes grupos privados, a partidos políticos y a sus líderes.

Todos han sido actores o participantes pasivos en una gigantesca operación de ayuda “humanitaria” en Haití. Se ha transformado en un desbarajuste financiero terrible, acompañada de corrupción industrial y de malversación masiva. La unidad de medida son los mil millones de dólares. Desde 2010, se han desembolsado oficialmente casi 12.000 millones de dólares destinados a Haití. Sin contar los otros miles de millones provenientes de donaciones privadas y transferencias de la diáspora haitiana.

Haití conmemoraba este domingo el décimo aniversario del terremoto ocurrido el 12 de enero de 2010, en el que murieron entre 250.000 y 300.000 personas, resultaron heridas cientos de miles y echó a las calles al menos a un millón y medio de personas. La destrucción y los daños materiales se estimaron en un 120% del PIB. Esta conmemoración ha sido doblemente siniestra: los conmovedores recuerdos de los muertos de ayer se mezclaron con la insoportable situación de los vivos de hoy.

La ceremonia principal tuvo lugar en el memorial (aún inacabado y ya deteriorado) de Morne Saint-Christophe, donde miles de víctimas fueron enterradas en fosas comunes. Después se presentó la maqueta del futuro Palacio Nacional, sede de la presidencia, destruido en 2010. Francia llegó a proponer reconstruirlo. Ahora es un terreno baldío, ya que las ruinas de los edificios fueron evacuadas por la ONG Haitian Relief Organization de la estrella de Hollywood Sean Penn.

El día fue, por lo tanto, un resumen de la década pasada. Haití es un país devastado, sumido en violentas crisis sociales y políticas. La pobreza es aún mayor que antes de 2010. El Estado ya no es fallido, como diagnosticaron los expertos antes del terremoto, es un Estado desaparecido, evaporado, que deja a los 12 millones de haitianos a merced de un clan que ostenta la presidencia de la República y de bandas criminales que controlan grandes partes del territorio.

Carambolas del destino, desde este lunes 13 de enero, la República de Haití ya no tiene Parlamento (la legislatura ha expirado y no ha habido elecciones). El gobierno dimitió en la primavera de 2019. No se han votado los presupuestos desde hace tres años. La economía está en recesión. La inflación se desboca. Los servicios básicos (educación, salud, administración) ya no se prestan o se prestan a niveles muy bajos.

El presidente Jovenel Moïse sigue siendo rechazado por todos los partidos excepto el suyo, por todas las iglesias, por amplios sectores del mundo económico y por todas las organizaciones de la sociedad. Desde el lunes gobierna por decreto, protegido por unos cientos de soldados y mercenarios reclutados por la empresa americana Blackwater.

Pero la negligencia y la corrupción de la clase política haitiana, la violencia de las élites contra una población mísera y la depredación de la riqueza nacional, por parte de docenas de familias que poseen el 80% de la economía del país, no son suficientes para explicar el desastre actual. El balance es también el de la comunidad internacional, el de los grandes actores de la “ayuda” que, en diez años, ha acelerado la destrucción de Haití.

“Entregado, desvestido, desnudo, Puerto Príncipe sin embargo no era obsceno. Lo que fue obsceno fue su exposición forzada. Lo que fue y sigue siendo obsceno es el escándalo de su pobreza”, escribió Yanick Lahens en su libro Failles, publicado unos meses después del terremoto de 2010. “Haití ocupa un lugar ejemplar en cualquier genealogía de la fábrica moderna de la pobreza”, añade en un texto reciente.

“La catástrofe aquí es una permanencia odiosa. Una catástrofe que dura desde hace diez años y que se perpetúa, pero cuya fealdad está hoy al desnudo”, escribió también el escritor Lyonel Trouillot en Le Club de Mediapart.

Ya en la década de 2000, mucho antes del terremoto, Haití se había ganado el apodo de “República de las ONG”. El país, bajo tutela de la ONU en 2004, con el envío de una fuerza armada de mantenimiento de la paz (Minustah), iba a convertirse en un laboratorio para los experimentos más locos de las almas caritativas humanitarias. Las ONG, que se colaban por los huecos dejados por un Estado deficiente y en crisis, en en los vacíos dejados por un Estado fallido y en crisis, dando palos de ciego.

Mala suerte para las ONG fuertes y con experiencia. Lástima, especialmente para los haitianos, “la fábrica moderna de la pobreza” podía comenzar en nombre del bien y del mal. Asesores, expertos, asociaciones de todo tipo, sectas evangélicas o personas amables e iluminadas llegaron dispuestos a “salvar a Haití”. Cada uno con su opinión, su receta, sus créditos.

Este mismo proceso se repitió después de la destrucción de Puerto Príncipe y de varias otras grandes ciudades del país. Ban Ki-moon, entonces secretario general de las Naciones Unidas, se proclamó “un gran amigo de Haití” e impulsó a Bill Clinton, otro gran amigo de Haití, a la vicepresidencia de la Comisión Interina para la Reconstrucción. El objetivo era tranquilizar a los países donantes –y al Congreso de los EEUU– de la correcta utilización de los miles de millones de dólares que llegarían.

“Un verdadero laboratorio para la cleptomanía”

Lo que sigue es una larga letanía de escándalos, advertencias, informes alarmantes, fracasos, malversaciones, ira y desesperación. La Comisión Interina pronto se convirtió en una monstruosidad burocrática. Decenas de millones de dólares se esfumaron en consultoras (la Fundación Príncipe Carlos recibió 300.000 dólares para un proyecto de reconstrucción en Puerto Príncipe), en absurdos proyectos de viviendas temporales, en pueblos “modelo” que ahora no tienen agua potable ni electricidad.

Bajo el título “La década perdida”, Frantz Duval, director de Le Nouvelliste, el principal diario francófono de Haití, hace balance en estos términos: “La reconstrucción prometida por la comunidad internacional permanece invisible. Los cooperantes y los receptores de la ayuda se entendieron para desviar lo mejor: la esperanza y los miles de millones”.

En esta línea, Jean-Euphèle Milcé, escritor y director de Le National, otro diario de la isla, se pregunta: “Al pueblo haitiano le gustaría entender por qué y cómo la reconstrucción ni siquiera ha comenzado. Se trata de un enigma difícil de resolver porque el cinismo de los agentes, tanto humanitarios como políticos, ha sido terriblemente burdo. El terremoto del 12 de enero fue un verdadero laboratorio de cleptomanía, de despreocupación humanitaria en el marco de una búsqueda de oportunidades”.

A lo largo de estos diez años, se ha demostrado la existencia de corrupción y de apropiación indebida. El resultado es la total impunidad de sus autores. ¿Un ejemplo? La Cruz Roja de EEUU ha recaudado 486 millones de dólares en donaciones hasta el año 2015. El resultado de su acción: seis casas construidas... Otro ejemplo, USAID, la agencia de ayuda al desarrollo de Estados Unidos, desbloqueó 2.500 millones de dólares en ayuda. El 2,6 % se entregaron directamente a empresas o asociaciones haitianas; el 54 % se entregó directamente a empresas o asociaciones norteamericanas (aquí un excelente blog del CEPR sobre los escándalos de la reconstrucción).

De la misma manera, los grandes grupos de la República Dominicana se han beneficiado masivamente de los mercados amañados, para proyectos a menudo abandonados en el camino. Canadá, uno de los principales Estados donantes, ha permitido que sus empresas obtengan enormes beneficios en los diversos sectores de la industria de la construcción. En cuanto a Bill Clinton, su inauguración más espectacular fue la de un hotel Marriott en el centro de Puerto Príncipe, una burbuja de lujo irreal custodiada por hombres armados hasta los dientes.

Los únicos informes oficiales que identifican a los beneficiarios de la corrupción, la sobrefacturación, la apropiación indebida y las obras abandonadas son los del Tribunal de Cuentas de Haití, la última institución estatal que funciona más o menos. Fueron estos informes, dedicados al programa de ayuda de PetroCaribe (3.500 millones de dólares en 10 años), los que desencadenaron el vasto movimiento de protesta social que ha sacudido a Haití en los últimos 18 meses. Se citan unos 15 ministros, primeros ministros y el actual presidente Jovenel Moïse.

¿Dónde están las otras investigaciones oficiales? El Congreso de los Estados Unidos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo han investigado los repetidos fiascos. Pero todos evitan nombrar a los Estados, las ONG, los grupos industriales interesados y sus dirigentes. Sí, hay corruptores y gente corrupta. Permanecen en el anonimato, protegidos por razones de Estado, al abrigo de procedimientos judiciales que podrían hallar otras responsabilidades distintas de las de los políticos haitianos.

Entrevistado en Puerto Príncipe, el escritor Gary Victor, un espectador comprometido con la política haitiana, dice estar convencido de que “esta corrupción no se ha limitado a Haití”. “Tantos miles de millones de dólares... Mire PetroCaribe: necesariamente se ha untado a oficiales venezolanos y no sólo nuestros políticos. Los partidos políticos de Estados Unidos, la República Dominicana, los líderes de las ONG, todos vinieron a Puerto Príncipe y negociaron su parte”, dijo a Mediapart.

De ahí la urgencia de una investigación imparcial llevada a cabo por la ONU. Las Naciones Unidas tienen mucho por lo que disculparse en Haití, especialmente por el escándalo de la epidemia de cólera causada por los soldados de la Minustah.

Durante varios años, Naciones Unidas ha negado obstinadamente que la epidemia fulminante, causada en 2010 por soldados nepaleses contaminados, fuera responsabilidad de la Minustah. El balance también es terrible. Oficialmente provocó 10.000 muertos, “al menos ocho veces más”, según el epidemiólogo francés Renaud Piarroux, y 800.000 enfermos. El cólera fue erradicado hace sólo unos meses.

Sólo una investigación detallada, llevada a cabo por tribunales de distintos países y que derive en la celebración de juicios, permitirá establecer cómo una operación internacional tan importante pudo derivar en pillaje generalizado. Los petrochallengers haitianos piden que se inicie el juicio de PetroCaribe en Puerto Príncipe. La opinión pública mundial debería exigir una investigación sobre el fiasco de la reconstrucción. Sólo a este precio se puede restablecer la confianza en las instituciones internacionales, la ONU y las ONG.

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Traducción: Mariola Moreno

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