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Nace una plataforma que defiende el consenso y el concurso público como única solución para RTVE

Torrespaña, conocida como el pirulí, amanece con niebla.

Casi doscientos profesionales vinculados al mundo de la comunicación y hasta 40 organizaciones sociales se han unido para reclamar a las fuerzas políticas representadas en las Cortes la continuidad del concurso público para la elección de los miembros del Consejo de Administración y de la Presidencia de la Corporación RTVE. El colectivo, que se muestra abierto a nuevas incorporaciones, recuerda que “los grupos políticos aprobaron por unanimidad la ley de septiembre de 2017 cuya aplicación llegó a su tramo final en anteriores legislaturas con el concurso de los aspirantes y las actuaciones del Comité de Expertos, y ahora debe terminar su recorrido. No hacerlo representaría un fraude político a la ciudadanía y el golpe de gracia a una radiotelevisión pública que lleva más de año y medio en una provisionalidad insostenible. Por otro lado, si se habla de agenda social, ello implica atender el derecho de los ciudadanos a acceder a una información libre e independiente y a unos contenidos gratuitos, universales y de calidad, que puedan competir en igualdad de condiciones con los grandes consorcios privados y las cada vez más potentes plataformas de pago".

Para los firmantes, "es vital que el nuevo Gobierno apueste por una política audiovisual ampliamente reformista y progresista que sirva, a corto y medio plazo, para regenerar el espacio público democrático, reconectar con la sociedad y asegurar una mayor repercusión pública. Estas actuaciones son urgentes dada la situación actual de RTVE, que sufre una paralización de sus reformas y proyectos estratégicos que deteriora día a día su imagen y su peso social, de una forma que en pocos años será irreversible. Más allá de la caída de audiencias, se trata de la incapacidad actual del servicio público de abrirse a la sociedad y de adecuarse a las profundas mutaciones digitales de los usos sociales de la comunicación".

Tras referirse a los cambios legislativos, necesarios para acomodarse a la normativa europea, señalan las siguientes medidas urgentes que habría que acometer en RTVE:

Gobernanza. En el plazo más corto posible, culminar el concurso público y nombrar un presidente y un Consejo de Administración entre los seleccionados por el Comité de Expertos. Instamos al gobierno y a los grupos parlamentarios a continuar la tramitación y a llegar al consenso más amplio posible.

Financiación. Restaurar en los próximos presupuestos la dotación de RTVE, aproximándose a los 1.200 millones, establecidos como límite presupuestario en la Ley del 2009. Estos presupuestos deben de actualizar las tasas por utilización del espectro radioeléctrico y las aportaciones que realizan los operadores de televisión y las compañías de telecomunicaciones y extender estas a los operadores OTT de las plataformas de distribución de contenidos audiovisuales de pago. A medio plazo, llevar a cabo una revisión normativa profunda que permita una financiación sostenible y suficiente.

Nuevo modelo. Creación de un Consejo, de amplia participación social (con expertos y entidades sociales no lucrativas), para la reforma integral de RTVE. La búsqueda del reconocimiento de la sociedad, del rigor y la transparencia en la gestión de los recursos que se ponen a su disposición, de la propia exigencia en la evaluación de los resultados, deben presidir la transformación de una nueva RTVE, refrendada con altos niveles de aceptación por el conjunto de la sociedad.

Para lograr esos objetivos, proponen las siguientes acciones:

Mandato Marco. Instan a las Cortes para que en el plazo más breve posible procedan a aprobar un nuevo Mandato Marco, ampliando los compromisos de servicio público a las nuevas plataformas.

Contrato-programa. Tan pronto como se apruebe el Mandato Marco instan al Gobierno a negociar de forma inmediata con la Corporación el primer Contrato-Programa trienal de la historia de RTVE, como exige la ley del 2006.

Independencia. En el terreno informativo la nueva dirección debe afianzar la independencia, ofrecer al ciudadano una información rigurosa e imparcial y estar dispuesta a someterse a todos los controles que garanticen el cumplimiento de esas obligaciones.

Plan Estratégico. La nueva dirección de la Corporación debe elaborar a la mayor brevedad un Plan Estratégico para el cumplimiento de las misiones de servicio público, de conformidad con el Acuerdo Marco y el Contrato-Programa. De modo destacado, el Plan debe contemplar la transformación de RTVE en un servicio multiplataforma, abordar la digitalización de RNE en el contexto de la migración digital del conjunto de la radio digital española y conectar a RTVE con la agenda digital española. Entretanto, debe proseguirse con la expansión sistemática a las nuevas plataformas, sin descuidar los canales tradicionales.

Después de hacer mención a las regulaciones que se deben llevar a cabo en el conjunto de los medios públicos, el documento hace hincapié en la denominada Agenda Digital para afirmar que ha de ser concebida como un plan sistemático de acceso inclusivo universal a la banda ancha (y no solo de más rapidez y seguridad para los más ricos), pero también y especialmente a los contenidos de calidad informativos, educativos, culturales y de entretenimiento producidos y difundidos por RTVE mediante la TDT, la radio (que debe migrar progresivamente a la emisión digital) en Internet y las redes sociales.

Lo público es mucho más que lo gubernamental

Ha de apostarse también por la participación intensiva de los ciudadanos y sus entidades sin ánimo de lucro en la construcción de esa Sociedad del Conocimiento. Un programa en el que el servicio público de radiotelevisión, por sus medios, su experiencia y su todavía importante presencia social, resulta indispensable como locomotora del resto de las entidades públicas (museos, bibliotecas, universidades...) y puerta de acceso a todos los ciudadanos.

Aquí puedes leer el documento:

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