Anticorrupción interrogó a un exdirectivo del BBVA sobre el camuflaje usado durante 10 años en los contratos con Villarejo

La Fiscalía Anticorrupción interrogó en octubre a un exdirectivo del BBVA sobre el camuflaje en los contratos con la empresa del comisario Villarejo que en 2010 dieron origen a dos facturas opacas donde se aparentaba que las había emitido una marca comercial sin actividad mercantil propia. Durante la segunda declaración, esta a petición propia, que prestaba el exjefe de Riesgos y Recuperaciones del banco, Antonio Béjar, el fiscal Ignacio Stampa le preguntó de golpe si recordaba que no era Cenyt SL, buque insignia de Villarejo, la que firmó el contrato "sino una marca, V&V Development". Stampa se refería a dos contratos suscritos en febrero de 2010.

Béjar, a quien el banco despidió justo cuando en julio se convirtió en el único directivo que había accedido a declarar como imputado y quien señala al expresidente de la entidad, Francisco González, FG, como el que ordenó recabar los servicios del policía, respondió así: que no se fijó en esos detalles porque no era el responsable de aquella contratación. "Si yo soy el responsable y me dan el cambiazo de sociedad en el último minuto me fijo y digo: espera, espera, esto qué es". Pero según Béjar, resulta casi imposible de aceptar que pilares de la entidad bancaria como son los servicios jurídicos, los de contabilidad o el área de auditoría interna no detectaran durante 13 años que los contratos con Villarejo se habían saltado los controles.

La presencia de V&V Development en los contratos por los que el BBVA pagó 10,28 millones entre 2004 y 2017 adquiere relevancia para los investigadores por cuanto la propia empresa Cenyt definía esa marca como "una organización dirigida y coordinada por miembros de Seguridad del Estado en situación administrativa de disponibilidad".

Los informes de Anticorrupción indican cuál es su tesis en este capítulo: que si, además del entonces director de Seguridad del banco, Julio Corrochano, áreas esenciales como las enumeradas por Béjar –de servicios jurídicos a auditoría interna pasando por contabilidad y otras– sabían de la participación de V&V Development en los trabajos de investigación y espionaje, difícilmente cabe sostener que la entidad ignoraba la profesión de Villarejo. Es decir, que no estaba al tanto de su condición de policía en activo. Y no ignorarlo equivale aquí –sostiene la Fiscalía– a fortalecer la imputación que sobre el banco, como persona jurídica, pesa por un supuesto delito de cohecho, otro de revelación de secretos y un tercero de corrupción en los negocios. Si el BBVA sabía a qué se dedicaban Villarejo y los suyos era consciente, subraya Anticorrupción, de la "naturaleza ilícita" de los contratos.

La probabilidad de que los fallos que quebraron los reglamentos internos de contratación hubieran existido "sin que nadie se diera cuenta es tendente a cero". Así lo expresó Béjar durante el interrogatorio de octubre como colofón de un párrafo que inició con un ejemplo muy gráfico sobre los férreos controles que aplicaba la segunda entidad financiera del país: "Un director de sucursal paga [en una comida] un vino de 30 euros en vez de 20, que es la norma, y al día siguiente lo llaman". Fue su respuesta cuando el fiscal Stampa inquirió si era posible "que saltara alguna alarma" y que nadie dijese nada o que nadie se diera cuenta. Según Béjar, si con Villarejo no se aplicaron controles como el del vino de 30 euros fue porque desde la cúspide se dieron instrucciones para sortearlos. El viernes, el exjefe de Riesgos y Recuperaciones del BBVA cerró con el banco un acuerdo para retirar su demanda por despido a cambio de 1,7 millones. Todavía no es posible saber si ese acuerdo modificará su postura ante el caso Villarejo.

Solo las dos facturas opacas que se derivaron de los contratos de 2010 sumaron 1,17 millones de euros. El banco las aceptó pese a que ni aparecía por ningún sitio el nombre de Cenyt SL –ni por tanto su CIF/NIF– y a que el encabezamiento mostraba con grandes caracteres "VV Development". Los portavoces del BBVA aseguran de manera tajante que quien suscribió los contratos que cobijaron esas dos facturas y todos los demás fue Cenyt y no la marca comercial V&V Development, propiedad del grupo empresarial de Villarejo.

Este lunes, infoLibre preguntó al BBVA si sus servicios jurídicos estaban obligados a revisar los contratos antes de su firma. La entidad no respondió. Pero lo cierto es que, durante 10 años el banco suscribió con el socio principal de José Manuel Villarejo, el abogado Rafael Redondo, ocho contratos en los que no se sabe dónde acaba el pacto jurídico con Cenyt SL y dónde empieza con una marca comercial –V&V Development– sin competencia para rubricar un acuerdo de obligaciones y derechos.

A partir de diciembre de 2004, cuando el BBVA fichó al entonces poderoso comisario y hoy preso preventivo, y hasta el mismo mes de 2014, todos los contratos con Cenyt SL salvo uno van rubricados por Redondo..., pero como representante de V&V Development, no de Cenyt. Es más, a excepción del primer contrato de la serie, que presenta a V&V Development como una "sociedad limitada de duración indefinida", los demás la definen como "sociedad anónima". Y pese a que no es ni lo uno ni lo otro, esos mismos contratos precisan en su clausulado que será V&V Development la que "percibirá" las cantidades pactadas. Los portavoces oficiales del banco remarcaron el viernes un dato nunca discutido: que el dinero se abonó siempre a Cenyt SL. 

Por qué Cenyt SL se camufló tras el nombre comercial que había patentado el grupo empresarial de Villarejo constituye todavía una incógnita. 

Las dos facturas de 2010 que el BBVA pagó a Cenyt pese a que ni su denominación social ni su CIF/NIF ni su domicilio social constaban en ninguno de los dos documentos se correspondían con sendos contratos para “rastreo y detección” de bienes de dos grandes deudores del sector inmobiliario: Fernando Martín, entonces dueño de la luego ruinosa Martinsa; y Luis Portillo, que era presidente de Colonial.

Los contratos habían arrancado en diciembre de 2004, mes en que el banco fichó a Cenyt SL para abortar el desembarco del grupo inmobiliario Sacyr. Para evitar su toma de posiciones en el accionariado, Villarejo espió, entre otros, al político socialista Miguel Sebastián; al entonces vicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas; y al máximo responsable de Sacyr, Luis del Rivero.

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Ya en la siguiente década, el banco encargó al comisario investigar al fundador de la asociación Ausbanc, Luis Pineda, ahora en el banquillo por supuestos delitos de extorsión y quien sostiene que su juicio es fruto de un montaje policial urdido por el BBVA en venganza por las demandas que derribaron las cláusulas suelo. Según el diario El País, el banco había cobrado por ese concepto en torno a 100 millones que se vio obligado a devolver como consecuencia de una denuncia de Ausbanc.

El informe de Anticorrupción previo a la imputación de Francisco González consignó en noviembre un hecho por completo desconocido hasta entonces. En un documento denominado "Relatorio", quien ocupó el cargo de director de los servicios jurídicos contenciosos, Eduardo Ortega, narró lo que la Fiscalía resume así: que Ortega "participó junto al presidente Francisco González Rodríguez en un almuerzo en el Complejo Policial de Canillas el día 7 de enero de 2015 junto a la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía, tras la cual se decidió la redacción de una denuncia que se interpondría de forma anónima contra Ausbanc ante la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía para proceder a la investigación de dicha asociación".

La denuncia, prosigue la Fiscalía tomando como fuente el citado "Relatorio", la redactó el propio Eduardo Ortega, que se la habría entregado a Corrochano. "Y este a su vez a José Manuel Villarejo, que la presentaría ante la UDEF, dando lugar posteriormente" a las diligencias contra el fundador de Ausbanc, Luis Pineda, y otros miembros de su grupo.