La Audiencia obliga al juez de 'Púnica' a investigar pelotazos urbanísticos que desechó alegando que habían prescrito

La Audiencia Nacional acaba de tumbar el auto con que el juez instructor de Púnica dio en enero un paso que en la práctica enterraba la investigación sobre pelotazos urbanísticos en el municipio de Valdemoro, durante años feudo de Francisco Granados, que fue primero su alcalde y luego consejero de Presidencia y Justicia y número 2 del PP de Madrid. En ese auto, el juez Manuel García Castellón denegó una batería de diligencias pedidas por Anticorrupción que afectaban a actuaciones anteriores a 2004. Lo hizo bajo el argumento de que, al haber transcurrido más de 15, años, todo aquello estaba ya prescrito. Ahora, las diligencias deberán ser practicadas. Queda poco tiempo para ello: la reforma legal aprobada bajo el Gobierno de Mariano Rajoy obliga a que la instrucción finalice, esté como esté, el 6 de junio.

Entre las operaciones de las que pedían nueva documentación las fiscales del caso –y así lo remarcaron luego en un demoledor recurso que este miércoles ha aceptado la Sala de lo Penal de la Audiencia– figura una que afectó a una bolsa de suelo propiedad de El Corte Inglés: de rústicos, los terrenos pasaron a urbanizables de uso residencial y fueron adquiridos por uno de los conocidos como socios ocultos de Granados, el empresario Ramiro Cid, el promotor que levantó a gusto del político una mansión que la Fiscalía considera un soborno en especie. La semana pasada, el juez denegó otra solicitud: esta, formulada por las acusaciones populares que ejercen el PSOE y la asociación de abogados Adade para que declare como imputado quien ejerció en aquella operación como representante legal de la cadena de distribución. El magistrado rechazó la solicitud sin esperar a que se pronunciase la Fiscalía. 

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Tras la resolución de la Sala de lo Penal, instancia superior que dirime los recursos sobre los pasos dados por cada uno de los seis jueces centrales de la Audiencia, todas las diligencias deberán practicarse. Porque –concluyen los magistrados de la Sección Cuarta– no ha prescrito ninguno de los hechos sobre los que el ministerio público ha puesto el foco. Las actuaciones urbanísticas en las que la Fiscalía pretende profundizar –dice el auto de la Sala– tuvieron efectivamente lugar antes de 2004. Pero "por supuesto –añade el texto– no pueden considerarse prescritas habida cuenta de ser solo una fase de esa misma actividad criminal prolongada en el tiempo en el seno de una organización dedicada a la comisión de hechos delictivos para su enriquecimiento personal". En otras palabras, lo sucedido entre 1999 y 2004 se inscribe en una etapa preparatoria de lo que el PGOU de 2004 terminó consagrando. Y, por tanto, todo ello forma parte de una  "presunta actividad delictiva que se inicia y concreta en los años 1999 y 2000".

El auto de García Castellón lleva fecha del 14 de enero. Seis días más tarde, el juez suspendió sobre la marcha y a petición del abogado de Granados la comparecencia de una testigo largamente esperada por las acusaciones por cuanto iba a explicar, como experta, la ruta de muchas decisiones urbanísticas plasmadas en el PGOU de mayo de 2004. Ese día, 20 de enero, la Fiscalía aún no había recibido la resolución del magistrado. Y –según su recurso– no le fue notificado por fax hasta el viernes 24 de ese mismo mes.

A los tres días, el 27 de enero –esa es la fecha del sello de registro– Anticorrupción cursó su recurso al juzgado de García Castellón para que lo remitiese a la Sala de lo Penal. Ahora, el auto por el que esa Sala da la razón a la Fiscalía precisa que el recurso llegó a la Sección Cuarta el pasado día 9. Escrito en mayúsculas, el encabezamiento del escrito de la Fiscalía era este: "Causa urgente. Plazo máximo de instrucción". Era un aviso de que todo lo que no se haga antes del 6 de junio quedará literalmente fuera de la escena jurídica.