Corrupción
Imputado en 'Púnica' un exdirectivo de El Corte Inglés por una operación urbanística bajo sospecha
El antiguo jefe de la asesoría jurídica de El Corte Inglés Faustino José Soriano comparecerá el próximo día 24 como investigado ante el juez del caso Púnica por una operación urbanística bajo sospecha e investigada en la causa. Solicitada por las acusaciones populares –Adade y PSOE– y respaldadas por la Fiscalía Anticorrupción, su imputación aparece relacionada con la recalificación de unos terrenos rústicos que la cadena de distribución poseía en el municipio madrileño de Valdemoro. Iniciada en 2001 durante el mandato como alcalde de Valdemoro de Francisco Granados, aquella operación benefició sobre todo a uno de los socios ocultos de quien pronto se convertiría en el número dos del PP madrileño: el constructor Ramiro Cid, a quien los investigadores atribuyen uno de los grandes pagos en especie de Púnica, la construcción de una mansión que nunca llegó a estar escriturada a nombre de Granados y cuya existencia destapó en 2009 el diario Público.
El juez había denegado la imputación de Soriano, con quien no ha logrado contactar este periódico pero que a comienzos de junio y en declaraciones a El País negó toda ilegalidad al tiempo que minimizaba su participación en aquellos hechos. Pero la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha terminado dándole la razón a la Fiscalía y a las acusaciones populares, lo que obliga al juez Manuel García Castellón a citar al exdirectivo como imputado. El instructor de Púnica sostenía que "la afirmación sobre la existencia de información privilegiada por parte de personas relacionadas con la mercantil El Corte Inglés" se basa "en el más absoluto vacío indiciario".
Junto con otro directivo ya fallecido, Soriano participó en convenios públicos y privados –estos últimos, con Obras y Vías, de Cid Sicluna– que en 2004 condujeron a la recalificación de los terrenos que El Corte Inglés poseía en la zona de Valdemoro conocida como El Majuelo Norte. Dos años después de que el suelo fuese recalificado para uso residencial, el Ayuntamiento adjudicó parte de él de forma directa al empresario Ramiro Cid Sicluna. A través de su empresa Obras y Vías, Cid Sicluna se había comprometido con El Corte Inglés en 2001 a convertir aquel suelo en urbanizable. Y todo indica que lo consiguió.
La operación incluía también la permuta de parcelas propiedad de la cadena por otras del Ayuntamiento en un área industrial donde El Corte Inglés preveía levantar una plataforma logística que no llegó a existir. Al igual que en ocasiones anteriores, la cadena negó este martes cualquier irregularidad en ningún eslabón de la cadena. Sus portavoces aseguran que lejos de obtener un trato privilegiado salió perdiendo en Valdemoro. Las fuentes recalcaron de nuevo que la vinculación profesional con Soriano dejó de existir hace años.
Sobre el papel de Soriano, la Fiscalía había destacado en su escrito que colaboró "en un plan que desviaría de las arcas públicas más de siete millones de euros y sustraería al Ayuntamiento unas plusvalías que pudieron superar los 60 millones de euros".
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En el auto por el que le cita a declarar el juez considera clave "esclarecer" si realmente hubo una actuación concertada a tres bandas: el Ayuntamiento de Valdemoro, los socios ocultos de Granados –Ramiro Cid y el arrepentido David Marjaliza– y El Corte Inglés. Ni del escrito de la Fiscalía, escribe García Castellón, ni de la documentación que lo acompaña se desprende "en este momento la existencia de indicios que permitan sostener la actuación concertada de la mercantil El Corte Inglés" para que Ramiro Cid se hiciera con toda la finca registral que centró la operación.
El auto prosigue en esa línea: "Es importante acreditar en qué medida se trataba de un plan criminal y hasta dónde llegó la intervención de El Corte Inglés como ente social o bien si la responsabilidad se circunscribe a uno de sus empleados". Ese punto, añade el auto, "tampoco resulta claro" en el escrito de la Fiscalía.
En el auto por el que fija la comparecencia del exdirectivo de El Corte Inglés, García Castellón rechaza otra solicitud de las acusaciones: el embargo de varios bienes inmuebles de Soriano que, según la Fiscalía, fueron en realidad un "regalo" encubierto de los Cid Sicluna.