Sánchez cita el jueves a Casado para proponerle que se sume a un pacto de reconstrucción económica y social

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere abrir el jueves con el líder del PP, Pablo Casado, la ronda de contactos con partidos y agentes sociales con la que quiere sentar las bases para negociar un pacto de reconstrucción económica y social con el que hacer frente a los daños que está causando la pandemia del covid-19.

Así lo anunció este martes en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, la ministra María Jesús Montero, sin pactar previamente la fecha con Casado y sin ni siquiera habérselo comunicado antes de hacerlo público. Una actitud que ha enfadado al PP. “Ésa es la manera de pactar del Gobierno”, aseguraron fuentes desde la dirección nacional conservadora. No llamar ni siquiera a Casado demuestra cuál es su “espíritu de pactos”.

La ministra vistió el anuncio de la reunión con Casado, a la que seguirán en días sucesivos citas con los demás lideres de partidos con representación parlamentaria, renovando el llamamiento que en los últimos días esta haciendo el Gobierno a la necesidad de alcanzar ese pacto. “Tenemos que empezar a construir la prosperidad del mañana”, enfatizó Montero.

Tras las reuniones con los líderes políticos, Sánchez recibirá a los representantes de la patronal y de los sindicatos antes de buscar el aval y la participación de los presidentes autonómicos y de representantes de la sociedad civil. “Todo el que quiera aportar una propuesta tendrá oportunidad de hacerlo”, prometió la ministra portavoz.

Y anticipándose a la posibilidad de que alguien se niegue a negociar este pacto, Montero subrayó que quien quiera “hacer una lectura de este acuerdo con las claves de hace mes y medio se equivocará de plano. El virus lo ha cambiado todo”. Por eso “no se trata sólo de acudir, sino de hacerlo con espíritu constructivo, de arrimar el hombro, para trasladar que estamos dispuestos a prestar ese servicio” al país como dirigentes políticos, indicó. “Nos jugamos mucho como sociedad y tenemos que estar a la altura”.

“Es una tarea de una complejidad” tal “que compete al conjunto de la sociedad”. Debe servir “para sentar las bases de una recuperación rápida y alumbrar el futuro de nuestro país para los próximos años”.

El Gobierno insiste, pese a las reticencias de los demás partidos, en que es “el momento del diálogo, de sentar las bases de un gran acuerdo, que es lo que piden los ciudadanos. Y es básico que el primer partido de la oposición no se autoexcluya. No creo que nadie entendiera que los principales partidos no se sumaran a un intento de llegar a un acuerdo básico de reconstrucción social y económica tras la crisis mas importante que hemos tenido desde el pasado siglo”, explicó Montero.

El Ejecutivo, explicó, se siente “fuerte, cohesionado y capaz de impulsar esta gran convocatoria al conjunto del país”. No para utilizarla para “ventajas partidistas” ni para “deseos que no se van a producir”, añadió en referencia a la petición de la FAES de Jose María Aznar de que el diálogo se ciña a PSOE y PP y excluya a Unidas Podemos, entre otras formaciones políticas.

La ministra portavoz, que lo es también de Hacienda, confirmó que el Gobierno sigue trabajando para prepara un proyecto de presupuestos generales, si bien “con unas previsiones radicalmente distintas”. Montero no lo dijo, pero al asegurar que se plantea presentarlos “en tiempo y forma” confirmó lo que es un secreto a voces: ya no habrá proyecto para 2020. Hacienda necesita varias semanas para reconstruir los principales indicadores económicos —este martes el FMI auguró una gigantesca recesión del 8% del PIB— y conocer con más detalle el alcance de los daños que la pandemia va a dejar en la economía, así como “la profundidad de la crisis” que se nos viene encima.

El Gobierno cuenta con que, en el marco de ese pacto de reconstrucción que quiere firmar con partidos, agentes sociales y comunidades autónomas, contará con mayoría más que suficiente para sacar adelante esos presupuestos. Una mayoría incluso “reforzada”. “Sería bueno que la totalidad de los partidos nos pusiéramos de acuerdo”, deseó en voz alta Montero.

Aplazamiento de impuestos

En su reunión de este martes el Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que se establece la ampliación del 20 de abril al 20 de mayo de la presentación y pagos de declaraciones trimestrales de impuestos (IVA, IRPF y fraccionamientos de Sociedades) para los 3,4 millones de autónomos y pymes con una facturación inferior a 600.000 euros, el 95% del total, lo que tendrá un impacto de 3.558 millones en la liquidez de estos colectivos.Queda endiente de una nueva reunión del Gobierno que los autónomos puedan renunciar al sistema de módulos y tributen por el de estimación directa.

Según Montero, ningún autónomo ni pyme con una facturación inferior a 600.000 euros deberá presentar ni pagar sus impuestos en el mes de abril. Con la prórroga tendrán de plazo hasta el próximo 20 de mayo.

El plazo máximo de presentación de las declaraciones de este trimestre se pasa al 20 de mayo de este año, frente al 20 de abril previsto inicialmente, y el plazo para las domiciliaciones será hasta el 15 de mayo, cuando hasta ahora estaba previsto que el plazo venciese este miércoles, 15 de abril.

Estas medidas beneficiarán a 3,4 millones de contribuyentes, el 95% del total de empresas y autónomos que tienen que presentar declaración tributaria en abril y con un volumen de facturación inferior a 600.000 euros, ya que para el resto seguirá siendo el 20 de abril de 2020 el plazo de presentación. Montero ha cifrado en 3.558 millones el impacto de la medida en la liquidez de estos colectivos.

El plazo de para la declaración del IVA empezó el pasado 1 de abril y acababa el próximo 20 de abril, al igual que el de IRPF y Sociedades, aunque el plazo para la domiciliación vencía este miércoles, 15 de abril, por lo que el Gobierno da un margen de un mes para la presentación, pago y domiciliación de los impuestos.

Estas medidas, subrayó la ministra, se suman a la moratoria de seis meses, los tres primeros sin intereses, aprobada a mediados de marzo para el aplazamiento de hasta 30.000 euros en impuestos de autónomos y pymes con una facturación de hasta seis millones de euros.

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Según Montero, el 99,8% de autónomos y el 94% de pymes se encuentran en esta situación y la "inmensa mayoría" pueden optar por aplazar toda la deuda tributaria sin pagar intereses los tres primeros meses. A esto se suma la moratoria de las cuotas a la Seguridad Social, también de seis meses, aprobada a finales de marzo para empresas y autónomos, ha resaltado Montero.

Hsta ahora el Gobierno tiene constancia de 48.542 operaciones avaladas por el Estado a través de la línea del ICO, por importe de 4.739 millones, de los que 3.625 millones corresponden a pymes y autónomos.

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) y el Consejo General de Economistas, el Círculo de Empresarios y las organizaciones de autónomos (ATA, UPTA y Uatae) e incluso el Defensor del Pueblo habían reclamado el aplazamiento en el pago de impuestos, incluso hasta septiembre.