Las consecuencias sociales de la pandemia
El Gobierno rechaza un ERTE para los pastores de la Iglesia evangélica
El Gobierno ha frenado el intento de la Iglesia evangélica de acogerse a expedienes temporales de regulación de empleo (ERTE) y de que sus pastores puedan cobrar el paro. Con la legislación vigente, para acogerse a estas medidas es necesario estar dentro del Estatuto de los Trabajadores, explica a infoLibre el Ministerio de Presidencia para justificar el rechazo a la petición. "Los ministros de culto no lo están, por eso no cotizan y no cobran el paro", añade. La respuesta a la solicitud de los evangélicos es no.
La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Ferede) había solicitado por escrito al Ministerio de Presidencia, del que dependen las relaciones con las confesiones religiosas, "que estudie la posibilidad de que de forma extraordinaria las iglesias pudieran acogerse a un ERTE y sus pastores recibir la prestación por desempleo", explicaba esta organización en un comunicado.un comunicado
Las iglesias evangélicas están atravesando un momento muy delicado. El estado de alarma está provocando "una fuerte caída de los ingresos que dificulta que nuestras iglesias puedan hacer frente al pago de sus obligaciones económicas: alquileres, suministros, salarios de sus trabajadores o de los pastores", indica la federación evangélica.
El régimen especial de Seguridad Social de los Ministros de Culto no contempla la posibilidad de paro y, por lo tanto, de derecho a prestaciones por desempleo o cese de la actividad laboral. Por ello, Ferede solicitó a Presidencia que "valore la posibilidad de que, de manera extraordinaria, las iglesias puedan acogerse a un ERTE en relación con sus ministros de culto". Ferede quería que los pastores puedan acogerse durante el tiempo de suspensión de su ministerio pastoral a la prestación extraordinaria por desempleo.
La consulta a Presidencia, ministerio capitaneado por la vicepresidenta Carmen Calvo, se realizó después de que el área jurídica de Ferede comprobase que las medidas incluidas en los decretos del Gobierno están "dirigidas a ciudadanos particulares en situación de vulnerabilidad o a empresas, y no parecen aplicables, en su mayoría, a las iglesias evangélicas".
Ferede, en respuesta a preguntas de este periódico, explica a través de un portavoz oficial que las iglesias evangélicas más fuertes económicamente tienen administrativos asalariados que sí pueden acogerse a algunas de las medidas paliativas para la situación de emergencia, "de la misma manera que puede una ONG". Pero los pastores no pueden. Ferede no especifica a cuántos ministros de culto afecta la medida. El portavoz consultado sí asegura que, de las 4.000 iglesias evangélicas, más de la mitad tienen pastores que se ganan su sustento con actividades ajenas a su ministerio. Los que pueden depender de su actividad pastoral obtienen sus ingresos de los donativos de los fieles. Ferede subraya que las iglesias llevan ya cinco domingos sin actividades públicas, momento habitual de entrega de donativos.
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"Las iglesias evangélicas son autónomas. No reciben subvención del Estado", señala el portavoz, que recalca que las ayudas obtenidas a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia –que están siendo objeto de un examen muy crítico por parte del Tribunal de Cuentas, como ha desvelado infoLibre– constituyen cantidades modestas y que en ningún caso son para el culto.
La cuestión es peliaguda y desvela una posible ventaja de la Iglesia católica, que paga los sueldos de sus sacerdotes y obispos con cargo a una partida anual de dinero público salida de la llamada equis católica de la declaración de la renta. La Iglesia católica, no obstante, también está pasando un momento económico difícil, derivado del drástico frenazo de los donativos por el cierre de templos.
Presidencia señala que la consulta de Ferede, que tuvo –según el departamento de Calvo– un carácter "informal", ha sido respondida negativamente por una consideración válida "para todos los ministros de culto", no sólo los evangélicos. Es decir, por no estar bajo el paraguas del Estatuto de los Trabajadores.
