Por qué es falso que el Gobierno haya decidido cerrar los colegios de educación especial

"El Gobierno tramita la ley que va contra los colegios de educación especial". Con estas palabras denunciaba, el pasado domingo, la asociación Inclusiva sí, especial también, la norma sobre la que viene trabajando Isabel Celaá, ministra de Educación, desde hace más de un año y que prevé retomar ahora su tramitación. "Quieren traspasar, en diez años, a todos los alumnos con discapacidad intelectual de los centros especializados a colegios ordinarios".

La plataforma critica la ausencia de una consulta a padres y profesionales, algunos de ellos firmemente contrarios al cierre de los centros especiales. Las discrepancias ya habían sido manifestadas con anterioridad, durante la confección de la reforma educativa planteada por la ministra. Censuran, asimismo, que la norma haya retomado los trámites de cara a su aprobación en medio del estado de alarma, especialmente por lo ajustado de los plazos a la hora de presentar enmiendas. "Los ciudadanos no podemos manifestarnos ni salir a la calle para mostrar un rechazo a una ley que supone una tragedia para nuestros hijos", lanzan desde el colectivo.

Ante el comunicado, el Ministerio de Educación y Formación Profesional se ha apresurado a desmentir "rotundamente" las acusaciones vertidas por la organización. Isabel Celaá ha reiterado su apoyo "al alumnado con necesidades especiales, sea cual sea el tipo de centro en el que sean escolarizados". "El Ministerio de Educación y Formación Profesional lamenta profundamente que se juegue con los sentimientos y expectativas de un colectivo tan vulnerable", afirma en una nota de prensa el departamento, respondiendo así a la denuncia de la plataforma.

Este mismo martes, la asociación contestó de nuevo a las afirmaciones del ministerio. "Nos encantaría poder pedir disculpas, decir que nos hemos equivocado o que todo ha sido un malentendido, pero lamentablemente no es así". En ese sentido, la plataforma insiste en un apartado concreto de la norma ya bautizada como Ley Celaá: la disposición adicional cuarta. Esta disposición dice lo siguiente: "Las administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna". En ese contexto, el Gobierno "desarrollará un plan para que en el plazo de diez años" los centros ordinarios "cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad". De esta manera, "las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios".

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Para la plataforma, se trata de "una disposición cargada de ambigüedad, que puede suponer una puerta de entrada" para una de las enmiendas introducidas por CERMI el pasado año, que busca la "implantación plena de la dimensión inclusiva en el sistema educativo español". Esta enmienda, la 502, fue aprobada por el Consejo Escolar y plantea que "todas las estructuras y dispositivos del sistema educativo español sean plenamente inclusivos para el alumnado con discapacidad". La misma enmienda establece igualmente que "los centros y unidades de educación especial se reorientarán para ser convertidos en recursos de apoyo a la inclusión, irradiando a todo el sistema educativo".

La norma tejida por el ministerio prevé dar respuesta a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que perfila un "sistema de educación inclusivo a todos los niveles", sin discriminación y en base a la igualdad de oportunidades. La ONU ha venido observando, en el caso español, "segregación y exclusión" respecto a los alumnos con discapacidad por no cumplir con lo dispuesto en la convención internacional. Hace tres años, el Tribunal Supremo estableció asimismo que los estudiantes con necesidades especiales debían formar parte del sistema educativo ordinario.

En todo caso, se trataría de una reorientación de los centros que no cristalizaría en su cierre, según defiende el ministerio. La cartera de Isabel Celaá ha reiterado, de hecho, su oposición a la clausura de los centros de educación especial. "El proyecto de ley garantiza el apoyo a estos centros y una respuesta adecuada a las necesidades específicas de cada alumno", sentencia.