El 'caso Villarejo' saca a la luz un enigmático almuerzo de jueces con directivos del BBVA

Una comida a la que asistieron "una magistrada de la Audiencia Nacional", uno "del Tribunal Superior de Justicia" y otros dos comensales. Y esos otros dos comensales eran Julio Corrochano, entonces jefe de Seguridad del BBVA y figura relevante en el caso Villarejo, así como el autor de los entrecomillados anteriores: Eduardo Ortega, actual directivo de los servicios jurídicos de la entidad y también imputado en la causa. Los cuatro aparecen en el párrafo más enigmático del escrito con que Ortega se defendió en julio de 2019 ante el banco de las acusaciones internas sobre su participación en la denuncia "anónima" del BBVA contra la asociación de usuarios de banca Ausbanc, que acabó sentando en el banquillo a su presidente, Luis Pineda. La denuncia contra Ausbanc se presentó el 2 de febrero de 2015. Y el almuerzo cuyo porqué omite Ortega tuvo lugar ocho meses antes. Quiénes eran aquellos dos jueces, para qué se reunieron con ellos y por qué metió con calzador ese episodio en un escrito redactado como pliego de descargo son preguntas abiertas. El viernes, infoLibre intentó obtener a través de los portavoces del BBVA la respuesta de su responsable jurídico y la del propio banco. No la hubo. 

Lo único que demuestra al respecto el escrito de Ortega incorporado al sumario de la denominada Operación Tándem o caso Villarejo es lo siguiente: que en sus 20 páginas, que condujeron al inmediato cierre del expediente interno, introdujo una referencia expresa al encuentro que, siempre según su versión, Corrochano y él mismo mantuvieron con dos jueces de identidad desconocida. Sin explicaciones ni detalles ni más nombres que el suyo y el del entonces jefe de seguridad del BBVA, el responsable de los servicios jurídicos contenciosos incorporó a su texto del 31 de julio de 2019 dos datos exactos sobre aquella cita gastronómica: la fecha –14 de mayo de 2014– y el nexo que había entre Corrochano y los dos magistrados.Todos ellos –escribió– se conocían como consecuencia del trabajo de la esposa del señor Corrochano [letrada de la Administración de Justicia] en los tribunales".  Hasta que desembarcó en enero de 2014 en el equipo directivo del BBVA, Ortega había presidido como juez la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Y antes de asumir la dirección de seguridad del banco, Corrochano había coincidido con el comisario José Manuel Villarejo en la Policía.

¿Se refirió Ortega a ese almuerzo para reforzar el mensaje de que "tampoco en aquella época había sombra de duda con respecto al señor Corrochano"? Es una incógnita. "Obviamente –escribe–, ninguno de los magistrados (como yo mismo) conocía nada de las posibles ilegalidades [en] las que podía haber incurrido el señor Corrochano. De otro modo esa comida no se habría celebrado nunca".

Es a renglón seguido cuando su narración aborda un segundo almuerzo donde, siempre según su relato, arrancaron los preparativos para la denuncia contra Ausbanc. De nuevo él mismo y Corrochano compartieron mantel. Y esta vez lo hicieron, el 25 de julio, con el entonces comisario general de la Policía Judicial, Santiago Sánchez Aparicio. Fue ahí donde, según Ortega, comienzan "los hechos relativos a la gestación de la denuncia contra Ausbanc".

Aun así, no fue ese el episodio definitivo en la preparación del ataque jurídico contra Ausbanc, cuyo juicio ha quedado interrumpido por el estado de alarma y sobre cuyos procesados pesan graves acusaciones por supuestos delitos de extorsión. Lo que cerró el círculo de la estrategia para la denuncia del BBVA camuflada como anónima fue un tercer almuerzo, este fechado el 7 de enero de 2015 y con el centro neurálgico de la Policía –el Complejo de Canillas– como escenario. Fue en esa tercera comida, con el entonces presidente del banco, Francisco González, y la cúpula policial presentes, donde se tomó la decisión definitiva contra la asociación fundada por Pineda.

Ausbanc le había ganado pleitos de gran importancia al banco. Pero lo que llevó a su jefe máximo y a parte de su equipo al banquillo fueron acusaciones de extorsión: contra el BBVA y contra el entorno de Cristina de Borbón, que había llegado al banquillo del caso Urdangarin por la acusación a la que se opuso la Fiscalía y sostenida solo por Manos Limpias, el seudosindicato ultra con el que Ausbanc mantenía un estrecho acuerdo de colaboración.

Según la Fiscalía, Ausbanc amenazó de manera constante al BBVA con hundir su reputación si no se ajustaba a sus exigencias económicas en forma de publicidad. Y Manos Limpias ofreció a la defensa de la hermana del rey un pacto, también con dinero por medio, a cambio de retirar su acusación. 

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Ausbanc niega de forma tajante que las afirmaciones del BBVA sean algo más que una farsa destinada a hundir a Pineda, cuyo mandato al frente de su asociación se entreveró con el nacimiento de un importante grupo de empresas y propiedades inmobiliarias. Una vez estalló el caso Villarejo se conocieron los contratos por los que el banco pagó 10,28 millones a su empresa Cenyt SL para espiar e investigar a políticos, empresarios y periodistas.

En julio de 219, el BBVA dejó de ejercer la acusación contra Ausbanc. Ese mes terminó con el auto judicial por el que Manuel García Castellón, juez instructor del caso Villarejo, imputó en la causa al banco como persona jurídica.

Un informe de Anticorrupción sobre el proyecto de espionaje del BBVA contra Luis Pineda, el llamado "Proyecto Pin", resulta demoledor: "Constan incorporados múltiples documentos relacionados con la obtención de información con vulneración de derechos fundamentales de Luis Pineda Salido y su familia y las actividades de Ausbanc, como tráficos de llamadas y análisis de cuentas corrientes, abarcando varios años". Durante ese periodo, supervisaron "el proyecto" cinco directivos del BBVA: Francisco González y cuatro de sus subordinados.