Los países 'frugales' y del Este ponen en riesgo las ayudas directas que España reclama para vencer al covid-19

Si hay algo que ha caracterizado a la Unión Europea en tiempos de zozobra económica es la dureza de las negociaciones. Una intensidad que ya se vio durante la Gran Recesión y que ahora, una década después, se está repitiendo de nuevo con la crisis del coronavirus. Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete tienen este viernes una nueva cita telemática para abordar el plan de recuperación puesto sobre la mesa por Bruselas a finales de mayo. Nadie espera que este cónclave sirva para dejar atado el proyecto. De momento, el acuerdo todavía está lejos. Los Estados norteños siguen empeñados en que el fondo se centre exclusivamente en préstamos, frente a unos sureños que lo fían a la primacía de las subvenciones para evitar que las deudas alcancen niveles insostenibles. Y, para hacerlo todo todavía un poco más complicado, en los últimos días se han escuchado algunas dudas sobre los criterios para el reparto de los fondos y la financiación del plan comunitario provenientes desde el Este del Viejo Continente.

Nadie pone en duda que las negociaciones serán realmente complejas. “Cada uno defenderá sus posiciones con firmeza”, afirmaba esta semana en el Congreso de los Diputados el secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba. Tan difíciles que la cumbre de este viernes está concebida como una reunión de transición. “Será simplemente un intercambio de posiciones”, apunta en conversación con infoLibre Diego López Garrido, exsecretario de Estado para la UE y vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas. El encuentro servirá, por tanto, para que los Veintisiete dejen claras sus posturas sobre el plan de recuperación. A partir de ahí, comenzará el tira y afloja. El presidente del Consejo, Charles Michel, se encargará de elaborar una propuesta de compromiso que se pondrá sobre la mesa en otra cumbre pensada para el mes de julio y que es la que se espera que sea crucial. Esta nueva reunión, para la que todavía no hay fecha concreta, ya será presencial, lo que previsiblemente podría facilitar las negociaciones.

Los ‘frugales’ contra el Sur

Por el momento, los dos principales bloques se mantienen firmes en sus posiciones. Tanto es así que en las horas previas al encuentro los denominados frugales –Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Austria– han aprovechado las páginas de Financial Times para meter presión. En un artículo escrito al alimón, los primeros ministros de los cuatro países del Norte muestran su apoyo a la creación de un fondo de emergencia temporal para respaldar a los países más golpeados por la crisis. De hecho, hasta el momento ni un Estado se ha posicionado en contra de eso. Sin embargo, y aquí está una de las claves de la negociación, se mantienen firmes en su idea de que dichas ayudas se vehiculen a través de préstamos. Es algo en lo que han insistido desde antes de que la Comisión Europea pusiera sobre la mesa el paquete de 750.000 millones de euros que combina créditos –250.000 millones– y transferencias a fondo perdido –500.000 millones de euros–. “¿Cómo podría ser responsable gastar 500.000 millones de dinero prestado y enviar la factura al futuro?”, se preguntan los frugales.

A pesar de la postura del Norte, el exeurodiputado socialista Carlos Carnero no pierde la esperanza. Primero, dice, porque nadie ha rechazado la necesidad de poner en marcha un instrumento de este tipo para afrontar la recuperación. Y segundo, por las grietas que en ocasiones se han dejado ver dentro de este bloque. “Yo creo que la posición de estos países no es lo suficientemente unánime. El peso de los más reticentes se va a ir suavizando”, apunta. Así, pone el ejemplo de Dinamarca, cuyo Gobierno planteó la semana pasada a su Parlamento nacional una propuesta de negociación en la que no se apostaba por la eliminación de las subvenciones, sino por su reducción. Tampoco en Austria parece haber una posición unánime dentro del Ejecutivo de Sebastian Kurz. La parte ecologista no ve con malos ojos la idea propuesto desde Bruselas. De hecho, a finales de mayo el vicecanciller verde, Werner Kogler, no tuvo reparos en señalar por carta que el plan de recuperación no puede suponer un golpe para las deudas de los países afectados.

“Cuando un Gobierno tiene una visión que es menos dura, la posición del canciller deja de ser tan fuerte”, reconoce a este diario Ignacio Molina, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, quien recuerda en este sentido cómo evolucionó Angela Merkel tras Gran Coalición con los socialdemócratas. Dicho esto, apunta que Kurz “es bastante duro y se siente respaldado por la opinión pública”. No obstante, como Carnero, cree que tanto Austria como Holanda, que en principio son los más beligerantes, simplemente “están jugando su carta dura para intentar que la letra pequeña se ajuste mucho más a sus intereses”. “Pero me parece imposible que estos dos países en solitario vayan a terminar vetando un acuerdo”, añade. Y menos si esa propuesta que está sobre la mesa cuenta con el beneplácito tanto del Ejecutivo comunitario como de las economías más potentes del Viejo Continente. Al final, asevera el politólogo, terminará habiendo fumata blanca.

España afronta las negociaciones con cierto optimismo. O eso fue, al menos, lo que se encargó de transmitir el secretario de Estado para la Unión Europea el pasado martes en el Congreso. Desde Praga a Lisboa, pasando por Berlín, Roma, París o Madrid, se apuesta firmemente por un plan que, como el de la Comisión, priorice las subvenciones. El objetivo, al fin y al cabo, es evitar que un paquete de créditos termine disparando unas deudas cada vez más altas –se espera que en España pueda llegar a alcanzar por la crisis el 115% o 120%–. También ven razonable el volumen planteado, frente a unos frugales que en su artículo conjunto de Financial Times pedían un instrumento con un tamaño “significativo pero no mayor de lo que podría ser absorbido por los Estados miembros de forma útil” durante la emergencia. “Bajar esa cantidad significativamente, a mi juicio, no sería aceptable para los países más golpeados por la pandemia. Sólo se podrían pasar ligeros retoques, nada más”, sostiene el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas.

La aparición del Este

Los países del Este tampoco ven con malos ojos que el plan de recuperación se apoye, principalmente, sobre el pilar de las transferencias. Pero en los últimos días han mostrado algunas reticencias que podrían entorpecer todavía más la negociación. Les preocupa que con el actual sistema de reparto de los fondos se destine demasiado dinero al Sur, a pesar de que esos países sean mucho más ricos. “Debemos evitar una situación en la que un país con más o menos la misma población y más o menos el mismo PIB per cápita situado en el Sur de Europa se beneficie del programa mucho más que un país de Europa Central”, señaló la semana pasada el primer ministro eslovaco, Igor Matovič, tras un encuentro del Grupo de Visegrado. “Los criterios del fondo de recuperación están hechos a la medida de países que no han sido responsables en términos de deuda, disciplina presupuestaria o desempleo. Quienes hemos hecho esos deberes, pensamos que los criterios deben ser otros”, apuntó el primer ministro checo, Andrej Babis.

Polonia, por su parte, también ha expresado sus reticencias en relación con la financiación. El fondo planteado por la Comisión Europea, que quedaría integrado en el denominado Marco Financiero Plurianual –esto es, el presupuesto comunitario para los próximos siete años–, se financiaría a través de la emisión de deuda. Y para pagarla en las próximas tres décadas, Bruselas ha puesto sobre la mesa, entre otras cosas, el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), que podría proporcionar hasta 10.000 millones de euros al año. Eso no gusta a los polacos. Según aseguró este miércoles la ministra de Desarrollo Económico, Jadwiga Emilewiczeacaba, en una entrevista con el Financial Times, sería “absolutamente inaceptable” la utilización de los ingresos de este esquema para financiar la recuperación. Por eso, proponía buscar otras vías como la introducción de un impuesto sobre las empresas de plataformas digitales.

Los expertos consultados tampoco parecen muy preocupados por estos mensajes llegados desde el Este. Al fin y al cabo, es habitual que en una negociación cada Estado marque sus posiciones. “Yo creo que no tienen capacidad política para terminar tirando el acuerdo”, sostiene Molina.

A vueltas con la condicionalidad

Para López Garrido, buena parte del debate se centrará en la letra pequeña sobre la condicionalidad. Michel ya avisó en su tradicional invitación a los líderes de que esta sería una de las cuestiones donde las opiniones todavía debían “converger”. Los frugales piden que sea estricta. España, por su parte, está a favor de una “condicionalidad en términos reformistas”. Una idea que se mueve en la línea planteada desde Bruselas. En la propuesta que dio a conocer a finales de mayo, se establece que cuando soliciten las ayudas los gobiernos nacionales deberán poner sobre la mesa un Plan de Reforma y Resiliencia basado en las recomendaciones comunitarias. “Los Estados miembros diseñarán sus propios planes nacionales de recuperación a medida, sobre la base de las prioridades de inversión y reforma establecidas en el Semestre Europeo, en consonancia con los planes nacionales integrados de energía y clima, los planes de transición justa y los acuerdos de asociación, además de los programas operativos en el marco de los fondos de la UE”, recogía el texto.

Desde el minuto cero, el Ejecutivo comunitario ha trasladado la idea de que nada de “programa de ajuste con nombre distinto”. “No es una herramienta de rescate con una condicionalidad anexa. Sé que es lo que recordamos del pasado, pero no va a ser lo mismo en el futuro”, insistió a comienzos de mes el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni. Una década después, las heridas de la Gran Recesión todavía no han terminado de curarse. Los ajustes salvajes en España, Grecia o Portugal siguen grabados a fuego en la memoria de los ciudadanos. “Nadie con sentido político se puede plantear recortes sociales y austeridad dura en una crisis como esta. Hablar de esto en términos de 2008 es haberse quedado en la pantalla anterior”, apunta Carnero. “La condicionalidad es que estos fondos se utilicen en proyectos prioritarios, de transición energética, de digitalización o de sanidad”, señala López Garrido. Por eso, el ex secretario de Estado para la UE tilda de “incomprensible” la ofensiva puesta en marcha por el PP en pleno corazón europeo.

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Un calendario apretado

El hecho de que el plan esté ligado al Marco Financiero Plurianual 2021-2027 impide que el grueso de los fondos puedan empezar a llegar a los Estados miembros hasta el año que viene. No obstante, Bruselas ha planteado un adelanto de 11.500 millones de euros para este otoño. Pero para ello, y para preparar la primera emisión de deuda en los próximos meses, será necesario dejar atado el acuerdo en julio. En una segunda o, si es necesario, tercera cita de los jefes de Estado y de Gobierno. La urgencia marcará, por tanto, las negociaciones. Y es plenamente consciente de ello la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, que este jueves aseveró en su intervención en la Eurocámara que la Unión Europea no puede permitirse “ningún retraso”. “No debemos perder tiempo, eso es clave. La peor cosa que puede ocurrir ahora es que perdamos tiempo”, señaló también en las últimas horas el presidente BEI, Werner Hoyer, quien, no obstante, reconoció que el calendario que se había puesto sobre la mesa era “extremadamente ambicioso”.

“Esto tiene que estar cerrado antes de verano”, apunta el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, quien añade que irse ya hasta septiembre sería “un fracaso” para una Unión Europea que se juega “su pasado y su futuro” en este tema. Carnero, por su parte, señala que nada impide que durante el mes de agosto se puedan seguir celebrando cónclaves. Pero al igual que López Garrido, insiste en que el acuerdo debe aprobarse “cuanto antes” porque después tienen que adoptarse “muchas decisiones legislativas”. La propuesta de Bruselas debe recibir tanto el visto bueno del Consejo como de la Eurocámara. Y el Marco Financiero Plurianual, además, la aprobación de todos los parlamentos nacionales. Este viernes, se producirá una primera toma de temperatura que mostrará seguramente un clima de bloqueo. Habrá que ver si las posturas consiguen acercarse lo suficiente para resolver la encrucijada en la primera reunión cara a cara tras la pandemia.