La Eurocámara se opone a los recortes en sanidad, educación e investigación previstos para los próximos siete años

Después de la cumbre maratoniana de los jefes de Estado y de Gobierno, y del acuerdo alcanzado no sin esfuerzo el martes sobre una partida récord de 1,8 billones, los eurodiputados, eclipsados por las negociaciones en un momento que se presenta como crucial, si no "histórico", buscan volver a tomar las riendas. Aunque el escenario es muy poco probable, los diputados europeos, que tienen voz y voto en asuntos presupuestarios, todavía pueden bloquear el deal [acuerdo] en otoñodeal.

Con la resolución firme adoptada este jueves en Bruselas, el Parlamento Europeo envía una clara señal de que aún no se ha hecho nada para obtener luz verde. En realidad, los diputados han abandonado la idea de intervenir en la estructura del plan de recuperación de 750.000 millones de euros y su distribución entre préstamos y subvenciones que ya ha sido objeto de una amarga batalla entre Estados.

Sin embargo, sí quieren revisar la arquitectura del presupuesto de la UE para los próximos siete años, que asciende a 1,074 billones. "Cuestionan" su cuantía. Y ese es un término particularmente duro para las resoluciones, que suelen ser más suaves. La institución “no respaldará hechos consumados y está dispuesta a denegar su aprobación”, puede leerse en la resolución.

Los eurodiputados están preocupados por algunos de los recortes decididos a principios de semana en sectores estratégicos como la sanidad, la investigación o la educación (Erasmus+), la falta de garantías sobre los “recursos propios” (impuestos que permiten a la UE financiarse a sí misma, independientemente de las contribuciones de los Estados al presupuesto de la UE) o sobre la flexibilidad de ciertos compromisos, por ejemplo en lo que respecta al respeto del Estado de Derecho por parte de los Estados miembros.

La eurodiputada socialista Sylvie Guillaume ha advertido de que les “corresponde, en el Parlamento Europeo, asegurarse de no ser una caja registradora”. “Tenemos que caldear el Parlamento, crear una crisis en el otoño y conseguir una versión mejor”, señalaba por su parte el ecologista David Cormand, que cree que si el momento es “histórico”, como dijeron los líderes europeos a principios de esta semana, puede ser que conduzca a “una regresión en las competencias del Parlamento Europeo”.

La resolución fue aprobada por amplia mayoría (465 a favor, 150 en contra y 67 abstenciones). En un formato bastante inédito: los conservadores del PPE votaron con los socialdemócratas del S&D, los liberales de Renovar Europa, los ecologistas, pero también con los eurodiputados de la izquierda radical.

Los diputados consideran que los recortes propuestos son “peligrosos en el contexto de una pandemia mundial”. En medio de la crisis del covid, la Comisión Europea dio a conocer en mayo un nuevo programa, EU4Health, que se supone que otorgará a la UE competencias en materia sanitaria (prevención de crisis, almacenamiento de medicamentos, apoyo a los sistemas nacionales de salud). El presupuesto, cifrado por la Comisión en 9.400 millones de euros, se ha visto cercenado, para pasar a ser de solo 1.670 millones de euros al término de la última reunión del Consejo. Baste decir que la defensa europea mantiene una dotación presupuestaria de unos 13.000 millones de euros.

“En un momento en el que se teme una segunda oleada de la epidemia, no puedo entender por qué los jefes de Estado y de Gobierno no hayan hecho de la salud una prioridad absoluta”, lamentaba la eurodiputada belga de los Verdes, Petra de Sutter, en sintonía con muchos de sus colegas durante el debate del jueves por la mañana. “Los recortes presupuestarios que ha habido que consentir para satisfacer a los países ‘frugales’ [dirigidos por los Países Bajos] no son aceptables”, insistió la socialista Sylvie Guillaume.

Invitada a participar en el debate del jueves, la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, admitió ante los eurodiputados que los recortes presupuestarios efectuados durante el Consejo eran un “trago amargo, difícil de tragar”. “Sé que el Parlamento siente lo mismo”, declaró. El Ejecutivo de la UE propuso originalmente un presupuesto de 1,1 billones de euros para el período 2021-2027, y el Parlamento Europeo 1,3 billones de euros.

Otro sector que se ha visto muy afectado es el de la investigación y la innovación, a través del programa Horizonte Europa, dotado ya con 81.000 millones de euros para siete años, si se suman los fondos previstos en el presupuesto tradicional y los del plan de recuperación (frente al volumen global de 100.000 millones de euros previsto en la cumbre de febrero). Este volumen significaría un virtual estancamiento en comparación con la cantidad del Horizonte Europa en 2020.

Lejos de la retórica sobre el advenimiento de una Europa más integrada, que se ha repetido una y otra vez desde el comienzo de la semana, los diputados tienen la impresión opuesta: el presupuesto europeo para los próximos siete años, cogestionado con el Parlamento, está en retroceso, y su declive se está compensando con la creación de un plan de recuperación, dirigido directamente por los Estados miembros. “Las políticas verdaderamente europeas, ya sea de investigación o de educación, han sido sustituidas por subvenciones a los Estados miembros”, lamenta François-Xavier Bellamy. “En este punto, es una derrota política para el federalismo, y la gran victoria de los estados nacionales”, continuó David Cormand. “Debido a la crisis, los nuevos gastos escaparán al control democrático del Parlamento”.

En lo que respecta al respeto del Estado de derecho, la resolución “lamenta que el Consejo Europeo haya debilitado considerablemente los esfuerzos del Parlamento y de la Comisión”. Desde 2018, los diputados europeos piden que el pago de la ayuda financiera se vincule al respeto del Estado de derecho por parte de los países que la reciben. Pero la redacción acordada por el Consejo, bajo la presión de Hungría y Polonia, es tan vaga que nadie entiende lo mismo.

De paso, los mismos diputados abogan por el regreso a la “votación por mayoría cualificada inversa” para bloquear los pagos de ayuda a un Estado que socava el Estado de derecho, una opción que había sido descartada en las conversaciones de la cumbre de febrero entre los jefes de Estado y de gobierno porque creían que podría facilitar su introducción.

Mientras que Charles Michel realizó numerosas declaraciones al final de la cumbre del martes –en particular en una entrevista en France Inter– sobre el hecho de que “el 30% de los recursos movilizados [en el marco de la recuperación] deben estar vinculados a nuestra voluntad común de reducir la amenaza climática”, los eurodiputados piden un mecanismo explícitamente vinculante. “Si no somos capaces de influir en las masas, trabajaremos en la calidad del gasto”, dice uno de los diputados, que conoce bien el tema.

En total, se debatirán unos 60 textos y se presentarán para su aprobación, probablemente a finales de octubre: 40 reglamentos vinculados a la ejecución del presupuesto plurianual (que el Parlamento puede bloquear en cada caso), y 20 textos vinculados a la aplicación del plan de recuperación. Según los tratados, tiene la facultad de validar o bloquear el presupuesto de los próximos siete años, pero no de modificarlo.

“Los jefes de Estado y de Gobierno no cederán: lo tomarán o lo dejarán”, predice el eurodiputado Jérôme Rivière (Agrupación Nacional), que no votó a favor de la resolución, convencido de que el Parlamento, al igual que en las anteriores negociaciones sobre el presupuesto de 2013, cederá a la presión de los Estados. La mayoría de los diputados tienen sólo unos meses para desmentirlo.

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Traducción: Mariola Moreno

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