La división del soberanismo facilita a Sánchez afrontar la salida del covid-19 sin prisa por convocar la mesa sobre Cataluña

El Gobierno cumplirá su compromiso de volver a reunir la mesa de diálogo sobre Cataluña, paralizada desde hace cuatro meses por la pandemia del covid-19. Pero el presidente Pedro Sánchez, concentrado en la salida de la crisis, no tiene prisa y las desavenencias entre los socios del Govern —Junts y Esquerra— le han brindado la excusa perfecta para demorar la cita, de momento hasta finales de julio.

Salvador Illa, que además de liderar la lucha contra la pandemia sigue siendo una pieza clave de la mesa de diálogo sobre Cataluña, de la que depende a su vez la mayoría política que Sánchez necesita para sacar adelante los Presupuestos y dar continuidad a la legislatura, confirmó este lunes el compromiso del presidente y aseguró que el foro de negociación entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat volverá a reunirse en julio, con toda probabilidad en la segunda mitad del mes.

Lo hizo en una entrevista en la emisora catalana RAC1 en la que, sin embargo, puso una condición: que se den “las condiciones para que funcione”.

El ministro de Sanidad y secretario de Organización del PSC se refiere, sin decirlo explícitamente, a dos cosas. En primer lugar, a la conveniencia de que la parte catalana de la mesa —Junts y ERC— se ponga de acuerdo en sus demandas. Y, en segundo lugar, a la necesidad de consensuar un orden del día viable, que se pueda traducir en acuerdos y no se limite exclusivamente a dejar constancia de las desavenencias entre las dos partes. La cita, subrayó Illa, tiene que ser “útil” y no lo será si no se resuelven previamente las discrepancias entre JxCat y ERC.

Con sus palabras, el ministro de Sanidad no hizo más que insistir en algo que había hecho una semana antes el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, en unas declaraciones en las que afirmó que el problema para reanudar la mesa de diálogo no es otro que la “división” en el seno del Govern sobre esta cuestión.

Las dos partes que integran la mesa acordaron el 26 de febrero, en su primera y única cita hasta la fecha, celebrada en el Palacio de La Moncloa, reunirse con periodicidad mensual alternando las sedes del Govern y del Gobierno español —la próxima, pospuesta desde marzo, tiene que celebrarse en Barcelona— ya sin la presencia de los presidentes Pedro Sánchez y Quim Torra, quienes se reservarían la tarea de hacer balance del diálogo acudiendo a las reuniones cada seis meses y dejarían el resto para delegaciones de menor nivel. No obstante, esos seis meses están a punto de cumplirse —será en agosto— sin que haya habido nuevos encuentros, lo que abre la posibilidad de que de nuevo los dos presidentes encabecen sus respectivas delegaciones.

Aquella primera reunión sirvió “para sentar las bases del diálogo, abordando algunos aspectos metodológicos, y para constatar la naturaleza política del conflicto y que este requiere de una solución política”, un elemento que ya estaba en el centro del acuerdo suscrito en enero por PSOE y Esquerra Republicana que dio lugar a la creación de la mesa. Ambas delegaciones valoraron “positivamente la primera reunión y coincidieron “en que la mesa de gobiernos es un instrumento para vehicular una solución”, razón por la cual se emplazaron “a continuar trabajando para impulsar el diálogo, la negociación y el acuerdo”, señalaron los dos gobiernos en un comunicado conjunto.

En aquella ocasión, además del calendario, Gobierno y Govern habilitaron “un grupo de trabajo integrado por una delegación por cada parte” a la que los presidentes y vicepresidentes se incorporarán “cuando sea necesario ratificar acuerdos políticos, salvo que alguna de las partes decida otra composición”, pero de cuyo trabajo no ha habido constancia durante la pandemia. Y proclamaron un marco común para negociar: “Cualquier acuerdo que se adopte en el seno de la mesa se formulará en el marco de la seguridad jurídica”.

¿Qué significa “en el marco de la seguridad jurídica”? Que el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat se comprometieron a impulsar las reformas legislativas que sean necesarias de acuerdo con la legalidad vigente para hacer realidad un eventual acuerdo que ponga fin al conflicto catalán.

Superada la fase más complicada de la pandemia y con España acostumbrándose a la nueva normalidad —pese a los rebrotes— a ERC le urge una nueva reunión de la Mesa. El diálogo directo entre los dos gobiernos es, desde el fracaso de la declaración unilateral de independencia, la piedra angular de la estrategia del presidente republicano, Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel por sedición y malversación en relación con aquellos hechos. Una hoja de ruta muy diferente de la Junts per Catalunya y su máximo líder, el expresident y actual eurodiputado Carles Puigdemont, que no disimula la escasa credibilidad que le merece la voluntad de Sánchez de llegar a acuerdos y apuesta una y otra vez por la ruptura unilateral.

Margen de maniobra

A esas diferencias es a lo que se agarra el Gobierno para condicionar la reunión. A lo que se suma el hecho de que el Ejecutivo ya no se siente en la indigencia política de tener que elegir entre las urgencias de Esquerra y la continuidad de la legislatura: ahora cuenta con Ciudadanos, siquiera como posibilidad, lo que otorga a Sánchez un margen de negociación con el que no contaba antes de la pandemia.

En ese contexto, ERC volvió a insistir este lunes en la necesidad de retomar la mesa, aunque admitió que tal y como están las cosas no será algo inmediato. “Lo importante no es tanto el día exacto”, sino que se celebre la reunión y “llegar lo más preparados posibles”, declaró su secretaria general adjunta, Marta Vilalta.

Los republicanos llevan semanas presionando a Unidas Podemos para que ahuyente a Cs de la mayoría en el Congreso y Vilalba insistió en esa línea. “Esperábamos más de Podemos, que estuvieran comprometidos con poder celebrar la segunda reunión de la mesa de negociación lo antes posible”. Porque ERC tiene mucho interés en conocer hasta dónde puede jugar a su favor la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno. La formación que lidera Pablo Iglesias, ausente por enfermedad de la primera reunión, siempre ha defendido la convocatoria de un referéndum, aunque esta posibilidad no forma parte del programa de coalición con el PSOE por expreso deseo de los socialistas.

La prioridad ahora de Esquerra es ponerse de acuerdo con Junts, algo cada vez más difícil en el ambiente preelectoral en el que se han instalado la política catalana a pesar de que la convocatoria sigue sin fecha. fechaHay que acudir a la reanudación de la mesa de diálogo "lo más preparados posibles y en consenso”, insistió Vilalba. “La foto ya la tenemos del primer día, ahora conviene que la mesa de negociación comience a avanzar y camine con ambición para poder obtener resultados más pronto que tarde”.

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Torra, fiel a la estrategia hegemónica de Puigdemont, antes de hablar de fechas quiere convocar un encuentro de partidos y entidades exclusivamente independentistas para abordar la reanudación de la mesa de diálogo, pero ni en eso se ha puesto de acuerdo con Esquerra, que quiere extender la reunión a la búsqueda de “consensos estratégicos” sobre el calendario electoral en Cataluña y las votaciones del soberanismo en el Congreso y el Parlament.

“La mesa de negociación es imprescindible. Hace falta fijar una fecha con urgencia y especialmente acordar el orden del día”, insistieron Junqueras y el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, en un artículo en La Vanguardia.

Para complicar más el escenario, la pelea por el control de las siglas que representarán a la actual Junts per Catalunya en las elecciones autonómicas ha hecho que el espacio posconvergente entre en ebullición. Puigdemont presiona para que el PdeCAT se disuelva en Junts, pero lo que queda de la antigua Convergència se resiste a consumar su desmantelamiento, especialmente ahora que su antigua responsable, Marta Pascal, avanza en la puesta en marcha del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) con la intención, nada disimulada, de independizar el soberanismo posconvergente no rupturista de la mano de hierro con la que Puigdemont toma toda las decisiones en Junts desde el 1 de octubre de 2017.