El CGPJ revela que PSOE y PP retoman la negociación para renovar la cúpula judicial y paraliza nombramientos previstos

El Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) acaba de paralizar la asignación de cinco plazas discrecionales de altura tras la "confirmación" de que PSOE y PP han reanudado por fin las negociaciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Con una renovación bloqueada desde diciembre de 2018 y dominado por el sector conservador, el pleno del Consejo tenía previsto nombrar hoy a tres jueces del Tribunal Supremo, al presidente del TSJ de Canarias y al de la Audiencia de Ourense.

En el año y medio que lleva en funciones, ha asignado nada menos que 57 plazas. Y en sus planes constaba hasta ahora el nombramiento de otros 30 magistrados. ¿Qué ocurrirá con esos 30 nuevos nombramientos si en septiembre sigue sin haber un acuerdo político? Fuentes del equipo de Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del Supremo, aseguran que no hay una decisión al respecto. Y aseguran que la confirmación de que las negociaciones parlamentarias están reabiertas proceden de los dos partidos cuyos votos resultan imprescindibles para un pacto: el PSOE y el PP. Según la información transmitida a los vocales y de la que asistentes al pleno han informado a este periódico, el diálogo entre PSOE y PP quedó reabierto hace aproximadamente una semana. Las mismas fuentes aseguran que el asunto ha dado lugar a un debate de casi dos horas.

En enero, tras una reunión secreta con el entonces recién nombrado ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, Lesmes anunció que no habría más nombramientos. En junio, nada más finalizar el parón judicial, Lesmes cambió de rumbo y dio los primeros pasos para formalizar otros 30 nuevos nombramientos aunque el Consejo sigue en funciones. Una semana más tarde, dos jueces del Tribunal Supremo hicieron constar en un voto particular –discrepante de la mayoría que dicta una sentencia– su profundo malestar por la política aplicada para repartir los altos cargos de la judicatura. Los nombramientos discrecionales "deslegitiman" el sistema judicial. Y poco después, en una entrevista publicada por infoLibre, el titular de Justicia mostró su malestar por lo que estaba sucediendo. Campos se expresó en estos términos: "Rabiosamente no: el órgano de gobierno de los jueces no debe hacer nombramientos antes de ser renovado".

El acuerdo para retirar del orden del día del pleno del CGPJ celebrado esta mañana los cinco nombramientos ha sido aprobado con 16 votos a favor y cinco en contra. De esos cinco contrarios, cuatro pertenecen al sector conservador. 

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El comunicado oficial del Consejo también subraya que desde diciembre de 2018 Lesmes se ha dirigido por carta "en cuatro ocasiones a los presidentes del Congreso y del Senado". En sus misivas, dice la nota, les instaba "a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 568 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que establece que los presidentes de ambas Cámaras deben adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo General del Poder Judicial se produzca en plazo".

Tras un pacto cuyo cumplimiento se daba por seguro, el bloqueo entró en escena en noviembre de 2018.  Las opciones de acuerdo con el PP quedaron hechas trizas por decisión de Pablo Casado. El detonante de la ruptura había sido un whatsapp donde el portavoz del PP en el Senado y ex director general de Policía, Ignacio Cosidó, se jactaba de que, aun perdiendo la mayoría en el Consejo, el partido seguiría controlando la Sala Penal del Supremo "desde detrás". ¿Y cuál era el razonamiento para esa conclusión? Que, según lo pactado, quien iba a sustituir a Lesmes como máximo responsable del CGPJ y del Supremo era Manuel Marchena, presidente de la Sala Penal. Tras la difusión de aquel mensaje, Marchena renunció de manera fulminante a dirigir el órgano de gobierno de los jueces. "Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal", recalcó el magistrado en un comunicado. Su paso atrás le llevó a incorporarse como presidente del tribunal al juicio a los líderes independentistas por el llamado procés.

Ahora, y una vez paralizados de nuevo los nombramientos discrecionales el reloj se pone de nuevo en marcha. Pero si el acuerdo continúa inaccesible, la mayoría conservadora que capitanea Lesmes podría acabar 2020 habiendo designado en funciones a los presidentes de cuatro Salas del Supremo –incluidas la Penal y la de lo Contencioso, encargada de dictaminar sobre las decisiones administrativas del Gobierno– así como a ocho de los 17 presidentes de los TSJ y a 23 de los de las 52 Audiencias Provinciales. El mapa de la judicatura quedaría así trazado en buena medida.