El curso político arranca con la justicia bloqueada y los Presupuestos en el aire por los vetos cruzados entre partidos

Si en el mes de julio se anticipaba un otoño político dominado por los acuerdos, al menos en el ámbito judicial, a las puertas de septiembre el panorama se ha nublado. El Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) revelaba el 28 de julio que se paralizaba la asignación de cinco plazas discrecionales tras la "confirmación" de que PSOE y PP habían reanudado por fin las negociaciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Con una renovación bloqueada desde diciembre de 2018 y dominado por el sector conservador, el pleno del Consejo tenía previsto nombrar ese día a tres jueces del Tribunal Supremo, al presidente del TSJ de Canarias y al de la Audiencia de Ourense.

Las conversaciones, aseguraban las fuentes jurídicas consultadas, habían comenzado una semana antes e iban a buen ritmo. El anuncio del acuerdo no iba a ser inmediato. Pero todo parecía encaminado para que el nuevo curso político arrancase con desbloqueo institucional. Esta misma semana, el Partido Popular ha frenado en seco este optimismo coincidiendo con la crisis interna asociada al cese de Cayetana Álvarez de Toledo. La portavoz conservadora en el Congreso de los Diputados cesada dio a entender que con su marcha el PP abría una nueva etapa que iba a inaugurarse con pactos en materia de justicia y con disposición a negociar los Presupuestos Generales del Estado. Y el jefe del principal partido de la oposición, Pablo Casado, quiso zanjar todo tipo de especulaciones al respecto. Ellos, dijo, no van a ser ninguna garantía para la gobernabilidad de Pedro Sánchez. Porque son la alternativa. Y porque en sus planes no entra ser la "muleta" de un Ejecutivo de coalición en el que está Unidas Podemos.

El 4 de diciembre de 2018 caducó el mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El proceso había naufragado en noviembre después de que el candidato del Gobierno socialista y del Partido Popular a presidir el Supremo y el órgano de gobierno de los jueces, Manuel Marchena, diese un paso atrás al difundirse un mensaje de whatsApp enviado a dirigentes del PP por el entonces portavoz conservador en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que este se jactaba de que el acuerdo iba a permitirles el control de la Sala Segunda del Supremo.

También está sobre la mesa la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC). El presidente, Juan José González Rivas; la vicepresidenta, Encarnación Roca; y los magistrados Carlos Ollero y Fernando Valdés concluyeron su mandato el 7 de noviembre. Fueron designados por el Congreso el 20 de julio de 2012. Atendiendo a lo que señala el artículo 159.3 de la Constitución, deberían permanecer en el cargo nueve años, hasta julio de 2021. Pero dado que fueron nombrados tiempo después de que vencieran los plazos de sus predecesores, se les descuenta este tiempo según se contempla en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Mayoría de tres quintos del Congreso

El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del CGPJ, según puede leerse en el artículo 159 de la Constitución. Tradicionalmente, PP y PSOE se habían entendido en esta materia. 

En el caso del CGPJ, ocho de sus 20 miembros son elegidos por Congreso y Senado –cuatro por cada Cámara–, también por mayoría de tres quintos.

El futuro de la monarquía

Fuentes de la dirección del Partido Popular admiten que en las últimas semanas había habido conversaciones y avances con los socialistas en el campo judicial, tal y como se había asegurado desde el Gobierno. El escenario se congeló, explican, cuando desde Unidas Podemos se pidió la abdicación del rey, en el marco de las investigaciones que condujeron al anuncio de que el emérito abandonaba España.

Estas conversaciones habían sido lideradas por el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, y por el responsable de área de la formación conservadora, Enrique López, también consejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

Presupuestos en el aire

En materia presupuestaria, el contexto actual tampoco invita a ser muy optimistas sobre la posibilidad de que Pablo Casado vaya a sumarser a la foto de unas cuentas públicas para la reconstrucción política y social en el marco de la crisis del covid-19. En el PP señalan que antes de pronunciarse sobre cuál será su posición deben saber para qué se les está pidiendo el apoyo. Y, hasta a fecha, mantienen, Casado no ha recibido una sola llamada del presidente del Gobierno sobre este asunto. El PP prefiere no cerrarse en banda en público sobre un eventual apoyo a los Presupuestos de 2021 –siguen prorrogados los de Cristóbal Montoro–. Pero ya ha dejado claro tres cosas. Una: que los votos de sus diputados no van a servir para poner en marcha las políticas "populistas" de Unidas Podemos. Dos: que no van a aceptar subidas de impuestos —el Gobierno de coalición ha aplazado finalmente la reforma fiscal que incluía subidas impositivas hasta recuperar el nivel de crecimiento previo a la crisis del coronavirus—. Y tres: que tampoco van a tolerar que el Gobierno de Sánchez "arrebate" el dinero de los ayuntamientos con el real decreto sobre el superávit municipal.

En este contexto, si el PP no da un giro, el Gobierno de Sánchez tendrá que explorar la vía de la investidura y seguir engrasando su relación con Ciudadanos, después de que el partido liderado por Inés Arrimadas he haya respaldado en las prórrogas del estado de alarma y en otras iniciativas derivadas de la emergencia económica y sanitaria creada por la pandemia. Ya desde principios de marzo, el partido naranja se abrió a negociar unos Presupuestos para la reconstrucción.

Por la vía de reeditar los acuerdos por los que Sánchez e Iglesias llegaron a la Moncloa, la incógnita está en cómo alteraría los apoyos y la posición de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) la convocatoria de unas elecciones en Cataluña. Los republicanos han advertido en las últimas semanas de que si Sánchez quiere contar con ellos Ciudadanos no puede ir en el mismo pack.

Bloqueo también en RTVE

Saliendo del mundo judicial y presupuestario, otra de las grandes tareas pendientes es la del concurso público para la selección de los miembros del Consejo de Administración y del presidente de RTVE.

Casado asegura que "no se puede pedir" que su formación "apoye unos Presupuestos de un Gobierno de Podemos"

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"Tras la elección de los miembros del Consejo de Administración por el Pleno del Congreso de los Diputados, se procederá a la convocatoria de la Comisión de Nombramientos del Senado para realizar las comparecencias de los candidatos que no hubieran sido elegidos por el Pleno del Congreso de los Diputados. A continuación, y de acuerdo con el Reglamento del Senado, se procederá a la votación en el Pleno de esta Cámara", recoge la legislación.

Una vez realizada la elección de los miembros del Consejo de Administración, el Congreso tiene que designar, de entre todos los consejeros, al que desempeñará el cargo de Presidente de la Corporación RTVE y del Consejo.

La administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, lleva dos años en situación de provisionalidad.