Veinte euros por una jornada sin agua y bajo un sol abrasador: las condiciones que mataron a Eleazar son frecuentes entre los temporeros

Con poco más de cuarenta años, Eleazar Benjamín Blandón decidió el pasado mes de octubre abandonar su Nicaragua natal para probar suerte en España. En busca de una vida mejor, dejó todo al otro lado del Atlántico. Mujer y cuatro hijos a un océano de distancia. Una familia que ahora, nueve meses después de su partida, está completamente rota. El pasado sábado, el cuerpo inconsciente del hombre nicaragüense fue abandonado en un centro de salud de Lorca (Murcia). Con la ropa de trabajo todavía puesta, esa que utilizaba en la plantación de sandías en la que trataba de sacarse unos euros para poder sobrevivir, el temporero falleció como consecuencia, previsiblemente, de un golpe de calor. El empresario agrícola que lo contrató fue detenido. Su caso no es único. El pasado mes de diciembre, sin ir más lejos, el cuerpo sin vida del jornalero marroquí Said Aballa fue abandonado también por su empleador a las puertas de un centro de salud de Jaén. Dos historias que dejan al descubierto las inhumanas condiciones laborales a las que se enfrentan todos aquellos que se dejan las manos y se parten la espalda para que en los supermercados no falte de nada.

Felipe conoce a la perfección este problema. El joven, natural de Guinea Ecuatorial que lleva viviendo en España desde hace casi dos décadas, ha convertido el campo en su tabla salvavidas. El pasado mes de octubre, estaba en Francia afrontando la vendimia. Ahora, trata de ganarse la vida con las campañas que van saliendo en la zona de Levante. Desde que trabaja a través de la bolsa de empleo de la Unió de Llauradors i Ramaders, sus condiciones laborales han mejorado. Sin embargo, no siempre ha sido así. Recuerda, con especial desagrado, cuando estuvo recogiendo naranjas a través de una empresa de trabajo temporal (ETT). “Se nos trataba muy mal. Si no te enterabas, hacían contigo lo que querían”, señala al otro lado del teléfono. Habla de pagos en negro, chanchullos con las cotizaciones o jornadas interminables. “Estábamos esclavizados, salíamos a la hora que ellos querían. En algunos casos, trabajabas veinte días y te cotizaban sólo diez”, explica. Y todo por un jornal mísero. “Pagaban cada caja de mandarinas a 1,50 euros y cada caja de naranjas a 85 céntimos. Había veces que podías irte a casa con 20 euros”, sostiene en conversación con infoLibre.

A casi 800 kilómetros de distancia por carretera, en la provincia de Huelva, el relato que aporta Seydou Diop es prácticamente calcado. Este joven senegalés de 29 años llegó en 2017 a nuestro país. Y como tantos otros, se echó al campo para intentar sobrevivir. Ahora mismo, el también miembro de la Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad no tiene mucho trabajo. “La campaña está parada”, cuenta. Sin embargo, conoce de primera mano, por experiencia propia, las terribles condiciones a las que tienen que enfrentarse en muchas ocasiones los temporeros. “Las faltas de respeto son constantes y la presión para que trabajemos a mayor ritmo es habitual”, dice. De nuevo, se pone sobre la mesa la “explotación laboral”. Cuenta que en muchos casos no se respeta ni el horario de entrada ni el de salida. De hecho, explica que en algunas ocasiones no se les libera hasta que el camión no está lleno, lo que puede terminar derivando en jornadas superiores a las diez horas. Y con jornales “miserables” que, detalla, se pueden mover entre los 30 y los 40 euros.

Los detalles que aportan ambos jornaleros se han puesto de manifiesto en los últimos meses con las numerosas operaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil. En febrero, por ejemplo, el Instituto Armado detuvo a un empresario en Palos de la Frontera (Huelva) por tener trabajando en su finca a varias personas en situación irregular a las que, además, debía una gran cantidad de dinero como parte de su salario. Operaciones centradas en delitos contra los derechos de los trabajadores que se siguieron repitiendo durante todo junio por gran parte de la geografía española. A comienzos de mes, detenciones similares en La Rioja y Aragón. Y a finales, cuando la campaña de recogida del espárrago llegaba a su fin, macrooperación en el Llano de Zafarraya (Granada). Más de 14 empresarios agrícolas detenidos. Al descubierto, jornadas laborales que podían llegar a las diez horas seguidas, siete días a la semana y con un salario de entre 5 y 6 euros la hora. Sueldos ínfimos que, según expone Felipe, hacen imposible vivir dignamente. “Te tienes que pagar el transporte y, además, comprarte tú mismo la ropa adecuada para el trabajo”, lamenta.

Este tipo de prácticas están bastante extendidas. Al menos, así se desprende de un informe elaborado por Cáritas en octubre de 2018 en base a entrevistas realizadas en tres sectores diferentes: hostelería, empleos del hogar y agricultura. En el campo, nada menos que un 32,8% de los encuestados estaban trabajando más de 50 horas semanales, frente al 26,4% y el 15% de los dos primeros sectores, respectivamente. Además, un 40,7% aseguraba que no tenía días libres, un 46% afirmaba estar cobrando menos del salario que le correspondía legalmente y un 47,4% sostenía que todo o parte de esa compensación la obtenía en negro. También eran preocupantes las cifras relativas a la vulneración de derechos relacionados con el Código Penal. En este sentido, lo más habitual de entre los comportamientos detectados era el trato humillante, seguido de las amenazas, la retención de la documentación y, en mucha menos proporción, la violencia física. “La proporción de quienes los han padecido se incrementa significativamente en el colectivo de temporeros”, recalcaba el informe.

Sin agua y sin sombra

Los sindicatos explican que estas condiciones inhumanas no se dan de forma generalizada, pero sí con bastante asiduidad. “Los temporeros, en la mayoría de los casos, son personas en situación irregular y que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad. Esto permite que empresarios desaprensivos se aprovechen”, apunta Pepe Fuentes, adjunto al responsable de Agricultura de CCOO. Coincide con él desde Sevilla Emilio Terrón, secretario de este sector en UGT, que pone el foco en las “mafias” que “se hacen pasar por empresas de trabajo temporal”, que “se mueven por todo el territorio nacional” y que son “un nicho de fraude”. Lo sabe bien la Guardia Civil, que el pasado mes de octubre desarticuló a través de la operación Urofort una trama que a través de una ETT de este tipo mantenía en condiciones de “semiesclavitud” a temporeros del este de Europa. Cobraban de media entre 150 y 200 euros mensuales, a pesar de que los empresarios agrícolas sí que pagaban a la firma intermediaria lo legalmente establecido. Gracias a esto, la red conseguía en torno a un millón de beneficios al mes.

Pero por si esto fuera poco, el riesgo para la salud de estas personas se hace todavía más evidente en pleno verano. “En muchos casos, además de salarios míseros de entre 20 y 25 euros, no se cuenta con planes de prevención. Y entonces es cuando ocurren desgracias como las de Murcia”, expone el secretario del Sector Agrícola de UGT. Con un sol abrasando media España, su compañero de CCOO explica que en ocasiones no se cumple con el planteamiento de una “jornada intensiva” que evite que los trabajadores estén expuestos a temperaturas por encima de los cuarenta grados. De hecho, el día que falleció Eleazar Benjamín, en la plantación en la que se dejaba las manos el termómetro llegó a marcar los 44º. “Además, no cuentan con comedores o lugares a la sombra en los que puedan descansar ni se les facilita agua fresca a lo largo del día”, sostiene Terrón. “Están desde que amanece hasta unas horas en las que es completamente imposible trabajar en el campo. Y mantener a una persona expuesta a altas temperaturas durante mucho tiempo es una irresponsabilidad”, completa Fuentes.

Amor frente a indiferencia

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“Hacen falta inspecciones serias en el campo”

A todo esto, Diop añade otro problema adicional: el alojamiento. El joven detalla que muchos de estos trabajadores se ven obligados a vivir en asentamientos que no cuentan con condiciones de salubridad mínimas. Algo en lo que también puso el acento el relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de Naciones Unidas, Philip Alston, en un informe sobre España hecho público a comienzos de julio. Durante el viaje realizado por nuestro país, el australiano visitó uno de estos poblados en Huelva y se quedó aterrado. “Las condiciones materiales se sitúan entre las peores que ha visto en cualquier parte del mundo. Viven a kilómetros de distancia del agua, sin un saneamiento adecuado ni acceso legal a la electricidad. […] Ganan 30 euros al día y prácticamente no tienen acceso a ningún tipo de ayuda pública”, recogía el documento de conclusiones. Unas condiciones que han facilitado en las últimas semanas la transmisión del coronavirus entre el ya de por sí castigado colectivo de temporeros.

Los sindicalistas creen que la muerte de Eleazar, como la de otros compañeros en los últimos años, vuelve a poner de manifiesto la necesidad de que la Administración no quite el ojo de encima al sector agrícola. El pasado mes de mayo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, envió una instrucción a los inspectores de Trabajo en la que les instaba a investigar posibles casos de “esclavitud” y “malos tratos” en el campo. Una petición que indignó entonces a las patronales agrarias. “Los empresarios tendrían que ser los que se pusieran al frente a la hora de denunciar todas estas situaciones”, dice el sindicalista de CCOO. Díaz ya ha anunciado que se ha intensificado a 1.000 actuaciones la campaña de inspecciones en el campo. El secretario de Sector Agrícola de UGT espera que no sea un “parche temporal”. “Ahora, más que nunca, hacen falta inspecciones serias en el campo”, sentencia. Para que jamás vuelvan a repetirse casos como los de Eleazar o Aballa.