Guía de instrucciones para la auditoría de la pandemia: fuera de la “maquinaria política” y con el compromiso de Gobierno y comunidades de adoptar las medidas propuestas

A comienzos de agosto, cuando ya se empezaban a reportar algunos repuntes de contagios por coronavirus a lo largo y ancho de la geografía española, una veintena de científicos de reconocido prestigio de diferentes disciplinas pusieron sobre la mesa la necesidad de llevar a cabo una auditoría independiente de la crisis sanitaria que permitiese identificar rápidamente los problemas estructurales que provocaron que España se convirtiese durante la primera ola en uno de los Estados más castigados a pesar de contar con uno de los sistemas de salud con mejor desempeño del mundo. La propuesta tuvo entonces un apoyo unánime. Sin embargo, más allá de los aplausos no se produjo ningún movimiento por parte del Ejecutivo central. Ahora, con el país inmerso en una segunda ola, los mismos científicos han vuelto a insistir en la urgencia del estudio. La idea es que el análisis se realice fuera del ámbito parlamentario, a diferencia de lo que se ha hecho en el estado australiano de Victoria, por un panel de expertos independientes que podría confeccionarse siguiendo el modelo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y, por supuesto, como ya se ha propuesto en Reino Unido, que haya un compromiso firme por parte de Gobierno y comunidades autónomas para el cumplimiento de estas recomendaciones.

Con el segundo llamamiento publicado en la revista The Lancet, Illa se ha mostrado este martes en una entrevista en la Cadena Ser abierto a la realización de la auditoría, aunque ha recalcado que todavía es necesario ver, entre otras cosas, cómo va a ser. En este sentido, los expertos consideran que la evaluación debe tener “un alcance amplio”. Debe contar, por supuesto, con la colaboración del Ejecutivo central. Pero a la vista de la descentralización de competencias existente en España, también las comunidades autónomas deberán jugar un papel fundamental. En las últimas semanas, algunas de ellas ya han anunciado su intención de que se realice un estudio sobre la crisis sanitaria en su territorio durante los últimos meses. Una de ellas es Andalucía. Allí, el comité asesor externo encargado de realizar dicho informe estará coordinado por Joaquín Fernández-Crehuet, catedrático de Medicina Preventiva. Sin embargo, Rafael Bengoa, exdirector de Sistemas de Salud de la OMS y uno de los firmantes de la carta, cree que sería preferible un comité general con expertos consensuados por parte de los distintos niveles de la administración.

Pero, ¿cómo debería realizarse dicho trabajo y en qué cuestiones concretas habría que hacer hincapié? En este sentido, los firmantes hacen alusión a diferentes modelos en su misiva. Uno de ellos es el propuesto el pasado mes de mayo por los especialistas Martin McKee, Mike Gill y Sarah Wollaston en el artículo “Auditoría sobre la respuesta de Reino Unido al covid-19”, donde se establece que la investigación debe ser rápida, amplia, ambiciosa, capaz de obtener un gran respaldo de todas las partes y centrada en las debilidades más importantes que se han detectado hasta el momento. Para que esto sea así, recomiendan la puesta en marcha de una serie de paneles a fin de que encuentren “soluciones viables” que no requieran ni “cambios organizativos importantes” ni tampoco “legislación primaria”, es decir, leyes que tengan que superar todo el trámite legislativo, ralentizando así la implementación de las medidas acordadas. “[Estos pasos] pueden darse más tarde”, sostienen estos expertos, que también insisten en la importancia de que dichos trabajos no funcionen en clave de “buscar culpables”. Una máxima presente, de igual modo, en la carta de los científicos españoles: “Proporcionar recomendaciones que puedan mejorar la situación sin repartir culpas”.

La propuesta británica se centra en grupos de trabajo que incluyan variedad de disciplinas y experiencia, también la de todas aquellas personas que han estado en primera línea. Y que haya una colaboración transversal. “Los presidentes de cada panel podrían formar el núcleo de un panel general que trabaje con otro para sintetizar temas transversales”, sostienen. Incluso apuestan por incluir especialistas de otros Estados. Un modelo que ponen sobre la mesa en este sentido es el del comité conjunto de ambas Cámaras del Parlamento que se creó a raíz del escándalo de la manipulación del Líbor, el tipo de interés usado por los bancos británicos para prestarse el dinero. “Los miembros participaron con la condición de que el Gobierno considerara seriamente sus recomendaciones, y muchas de ellas fueron posteriormente aceptadas y llevadas adelante”, apuntan los expertos de Reino Unido. También sus compañeros españoles hacen hincapié en la necesidad de garantías de que el informe no terminará en un cajón. En su opinión, es necesario por parte del Ejecutivo central y las autonomías “un compromiso firme” de escuchar recomendaciones y actuar en consecuencia.

Un análisis alejado de la “maquinaria política”

El Parlamento fue la opción elegida en el Estado australiano de Victoria, con competencias muy descentralizadas, para llevar a cabo su propia auditoría de la crisis sanitaria. El comité encargado de la evaluación estuvo compuesto por una decena de parlamentarios. Durante varias semanas, se estuvo trabajando sobre ocho puntos: sanidad, economía, mercado laboral, industria, impacto social, justicia, educación y medio ambiente. Se analizaron y se hicieron recomendaciones sobre los criterios seguidos a la hora de hacer los test o el trazado de contagios, se prestó atención a los trabajadores sanitarios, a las residencias, al impacto de la pandemia en diferentes sectores e, incluso, se puso la lupa sobre las actuaciones policiales o judiciales. Para ello, se escuchó a todos los sectores. Fue, en resumidas cuentas, un trabajo que se desarrolló de forma similar al llevado a cabo en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados hace un par de meses. El órgano parlamentario al que los partidos fueron a ajustar cuentas y que en ocasiones colocaba la crisis sanitaria en un segundo plano. 

Al otro lado del teléfono, Bengoa ubica la iniciativa que han puesto sobre la mesa fuera de la órbita parlamentaria. Ellos quieren algo diferente. “No sería una auditoría dentro de la maquinaria política del país. Esa interacción política ya ha existido”, explica. Plantean un grupo de expertos que se encarguen de estudiar “la información científica que se ha ido produciendo en el país” para poder “cuantificar el recorrido del virus en estos seis meses”. Con esto, y con las entrevistas que se puedan ir haciendo durante los trabajos, el objetivo es identificar los problemas estructurales que existen y proponer medidas para ir tapando estos agujeros. En cuanto al alcance de los ámbitos que deberían ser abordados, Bengoa sostiene que es algo que debe “definir el grupo”. Pero quien fuera asesor de la administración estadounidense durante el Gobierno de Barack Obama apuesta por algo cerrado que se centre “en el ámbito sanitario, social y medioambiental”. Al fin y al cabo, tal y como ha consensuado la comunidad científica y recuerda Bengoa en conversación con este diario, la degradación de los ecosistemas incrementa el riesgo de pandemias. No obstante, reitera que es algo que corresponde decidir al comité de expertos que se designe. Es parte de su trabajo el poner el foco en lo que consideran áreas críticas.

Directo | Illa advierte: "Debemos estar preparados para todos los escenarios"

Ver más

Inspirado en la OMS e informe preliminar antes de navidades

Otra cuestión a aclarar es quién debe formar parte del grupo encargado de la auditoría. No vale cualquier especialista de un área determinada. Los científicos españoles proponen en su carta que “las personas que seleccionan a los miembros del equipo de evaluación, y los mismos miembros, deben ser independientes del Gobierno, no haber trabajado en el Gobierno y no tener intereses en competencia”. En ambos casos, además, podrán participar académicos españoles independientes, tanto en España como en el extranjero, así como expertos internacionales. En este sentido, el epidemiólogo Alberto García Basteiro, uno de los impulsores de la iniciativa, pone como ejemplo el modelo del Independent Panel for Pandemic Preparedness & Response, encargado de la auditoría impulsada por la Organización Mundial de la Salud. A la cabeza se encuentran la ex primera ministra de Nueva Zelanda Helen Clark y la Premio Nobel de la Paz Ellen Johnson. Ellas han sido las encargadas de seleccionar a los miembros del panel de entre numerosas disciplinas, desde salud global a economía. Además, cuentan con el apoyo de un Secretariado encargado de dar impulso a los trabajos.

En opinión de Basteiro, se podría adaptar este modelo para que Gobierno y oposición –o Ejecutivo central y comunidades– acuerden “dos cabezas visibles” independientes que se encarguen posteriormente de confeccionar el panel. “O incluso que la selección de los miembros se haga en una convocatoria abierta, con entrevistas”, sostiene. Esto permitiría, además, que luego nadie pudiera echarse atrás a la hora de adaptar las medidas de mejora planteadas. No obstante, no le preocupa tanto “la forma y la estructura”, dos aspectos que se pueden discutir, como el tiempo. La auditoría, dice, es una cuestión urgente. “Lo importante es que se inicie algún proceso”, reitera. El de la OMS ya ha comenzado a trabajar y espera poder presentar un informe final el próximo mes de mayo. Por el momento, los firmantes de la iniciativa no se reunirán con el Ministerio de Sanidad hasta los primeros compases de octubre. Lo ideal para el epidemiólogo sería que los trabajos comenzasen a la mayor brevedad y que pudiera haber sobre la mesa un informe preliminar antes de navidades. Un documento que se pueda ir completando en un “proceso vivo”. Eso sí, tampoco es partidario de que “se comprometa la calidad” del trabajo por las prisas. Es un tema demasiado serio como para darle carpetazo con un análisis superficial.