El PP retrasa la aprobación de un código de conducta para parlamentarios muy similar al redactado cuando Pastor presidía el Congreso

Con un año de retraso respecto a los planes iniciales de Congreso y Senado, el código de conducta de los diputados y senadores está a punto ver la luz. Pero el camino para la aprobación de este documento que lleva años demandando el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa no ha estado exento de obstáculos. El martes 22 de septiembre estaba previsto que la Mesa de la Cámara Baja cerrara un acuerdo sobre este código. Pero no fue posible. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet (PSOE) pidió a los miembros de este órgano de gobierno parlamentario que sigan negociando estos días a fin de que el texto pueda ser aprobado antes de que acabe el mes de septiembre y así poderlo remitir al Consejo de Europa.

¿Qué impide que el código de conducta que debe de guiar la actividad de sus señorías de forma conjunta para ambas Cámaras sea ya una realidad? Fuentes parlamentarias consultadas por infoLibre ponen el foco en la resistencia del Partido Popular, principal partido de la oposición. En todo caso, dado que no se necesita unanimidad para que el texto salga adelante no es descartable que vea la luz sin el voto a favor de los conservadores.

El PP no entiende que se busque un texto 'nuevo'

La principal queja de los conservadores en la Cámara Baja es que la propuesta de texto que se ha sometido a criterio de las Mesas de Congreso y Senado viene a sustituir a un texto aprobado por la Mesa del Congreso en febrero de 2019, cuando presidía la Cámara Ana Pastor. Creen en el PP que el texto es lo suficientemente reciente como para que esta redacción se extendiese también al Senado. Recuerdan que este código ético de 2019 es el vigente en el Congreso y creen que bastaría con que la Cámara Alta se adhiriese al mismo con pequeñísimas adaptaciones. Pastor es ahora vicepresidenta segunda del Congreso. Y, por tanto, integrante de la Mesa.

En todo caso, salvo algunas matizaciones y precisiones, la propuesta que se está evaluando estos días es prácticamente calcada a la que rige en el Congreso. Por falta de tiempo al agotarse la XII Legislatura, el Senado no pudo dar luz verde al código ético en el que habían venido trabajando en los primeros meses de 2019 y en julio de ese año una reunión conjunta de las mesas de ambas cámaras acordó que sus respectivos secretarios generales trabajasen para refundir ambos textos. El documento resultante, al que ha tenido acceso infoLibre, mantiene la esencia del que sacó adelante Ana Pastor que, según destacan en el Partido Popular, fue aplaudido por el Greco, el organismo anticorrupción del Consejo de Europa. Para la redacción del mismo se recurrió a textos similares que controlan los intereses de los diputados del Parlamento Europeo.

Las principales diferencias

A diferencia del documento ya en vigor en el Congreso de los Diputados, la última propuesta para el futuro código de conducta de las Cortes Generales hace una mención expresa en el preámbulo a las exigencias del GRECO. Se recuerda que en diciembre de 2013 este organismo recomendaba la elaboración y aprobación para las Cortes Generales de un código de conducta "fácilmente accesible al público y que incluya las orientaciones para la prevención de los conflictos de intereses; sobre regalos y otros beneficios; sobre actividades accesorias e intereses financieros, y sobre requisitos necesarios para su publicidad". Mantiene idéntica redacción para la finalidad: "busca reforzar el buen nombre del Parlamento y la relación de confianza entre los ciudadanos y sus representantes, así como proporcionar mayor seguridad a los diputados [y senadores] en el ejercicio de sus funciones en sus relaciones con terceros y con la Cámara".

Otra cuestión a destacar si se comparan los dos textos es que en la propuesta que se está examinando estos días ya no figura que los diputados deben actuar en el ejercicio de sus funciones "con pleno acatamiento y respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, especialmente al reglamento del Congreso de los Diputados y a las resoluciones que lo desarrollan". Este cambio fue avanzado por el diario El Mundo.

Para el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, la inclusión de ese acatamiento a la Constitución es "una condición imprescindible" para su partido. Fuentes parlamentarias consultadas señalan que los servicios jurídicos de la Cámara no ven necesaria esa precisión puesto que los reglamentos de ambas Cámaras, que se consideran de rango superior a estos códigos, ya incluyen la cuestión de acatamiento.

Límite temporal: cinco años

La definición de conflicto de interés no varía en ambos documentos que tienen como eje la creación de un registro de intereses. Es en este punto en el que la nueva redacción es algo más concreta a la hora de establecer límites temporales a la información que sus señorías deben consignar en el momento de asumir los escaños.

La declaración de intereses económicos de los diputados y senadores se sumará a las de actividades y bienes. En ella deben figurar las actividades desarrolladas en los cinco años anteriores –el texto en vigor en el Congreso no pone límite temporal. Sólo habla de actividades del "pasado"– a la obtención del mandato parlamentario y que puedan condicionar su actividad política. Asimismo, debe figurar el nombre del empleador y el sector de la actividad.

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El mismo espacio temporal, cinco años, se refleja para reflejar "donaciones, obsequios y beneficios no remunerados de cualquier naturaleza que haya obtenido para sí en ese periodo antes de iniciar el mandato parlamentario. 

Para el apartado de "regalos y obsequios" también se añade algo más de concreción. Si en el código de principios de 2019 para el Congreso no se cita cantidad alguna referida a lo que se entiende conforme "a los usos y costumbres", en el texto que se pretende que se sirva para diputados y senadores puede leerse lo siguiente:

Uno: "Los miembros de las Cortes Generales se abstendrán de aceptar, en beneficio propio o de su entorno familiar, obsequios o regalos de valor, favores, servicios, invitaciones o viajes que les sean ofrecidos por razón de su cargo o que puedan ser razonablemente percibidos como un intento de influir en su conducta como parlamentarios". Y dos: "Se entiende incluido en el apartado anterior aquel regalo, obsequio o beneficio similar que tenga un valor estimado superior a 150 euros".