La investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Guerrero revela que el Gobierno de Peña Nieto mintió, torturó y encubrió lo ocurrido

El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, ha presentado este sábado los avances de la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014 y ha señalado al anterior Gobierno, liderado por el presidente, Enrique Peña Nieto, por mentir y encubrir y realizar diligencias falsas. "Los jóvenes desaparecidos quedaron en medio de un choque de intereses del narcotráfico. Fue una coincidencia letal, enquistados en las policías locales, en la Policía Federal, en los distintos organismos que tenían presencia en ese lugar", ha afirmado Gertz, según recoge Europa Press.

En particular se ha referido al "encubrimiento generalizado" de lo ocurrido por parte de las autoridades locales y federales a pesar de que tenían conocimiento de lo ocurrido a través del sistema de comunicación C4. "También pudo registrar las detenciones ilegales, sus traslados a las oficinas públicas, a los centros de justicia y a otros lugares, donde comenzó la tortura, para que después estos jóvenes fueran entregados al grupo delincuencial", ha añadido. Las investigaciones revelan en concreto que hay cámaras que dejaron de funcionar en momentos clave y radios que fueron apagadas, lo cual implica responsabilidades que, aseguró, no van a quedar impunes.

Además, Gertz en los mismos días en los que desaparecieron los normalistas cerca de 80 personas fueron masacradas y ocultadas en Iguala por distintos grupos delictivos sin que se pusiera en marcha investigación alguna.

El informe de los avances de la investigación ha sido presentado coincidiendo con el sexto aniversario de lo ocurrido y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ha destacado que supone que la "verdad histórica" defendida hasta ahora por Peña Nieto "se ha colapsado" de manera total.

En concreto, Encinas ha subrayado que en ningún momento los 43 estudiantes estuvieron juntos tras ser detenidos y por ello se han realizado 30 acciones de búsqueda, incluidas búsquedas de vida, aún sin resultados. "No generaremos falsas expectativas ni queremos construir otra verdad histórica, sino encontrar la verdad por dolorosa que ésta sea. No nos vamos a cansar", ha subrayado Encinas. "No habrá impunidad, no se protegerá a nadie y se castigará a los culpables sean quienes sean", ha remachado.

También ha comparecido un portavoz de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, quien ha indicado que existen indicios de simulación y de ocultamiento de información en la investigación de la administración anterior.

Gómez ha destacado que se han emitido 70 órdenes de detención, entre policías, miembros del Ejército y de organizaciones criminales, así como diversos funcionarios, como el antiguo jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien se encuentra prófugo y podría estar en Israel.

Las familias ven avances "lentos"

En la presentación del informe han estado presentes varios familiares de los normalistas desaparecidos, como María Martínez Ceferino, madre del normalista Miguel Ángel Hernández Martínez. Martínez ha pedido al presidente, Andrés Manuel López Obrador que "sigan caminando juntos", pero que "aprieten algo más", debido a que seis años después aún no tienen nada, por lo que seguirán exigiendo justicia.

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"Póngase un día en nuestro lugar. No se le deseo a nadie. Esto es lo que duele más", ha afirmado Martínez en representación de las familias de los 43 jóvenes. Además, ha subrayado que no piden nada material, sino su derecho y que no es "posible que los delincuentes sean más poderosos" que el Gobierno. "¿Cuándo le van a llegar a los militares? Cada día que pasa nos desespera, salimos y regresamos a casa con las manos vacías, tenemos esperanza en usted", ha planteado.

Los 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, estado de Guerrero, desaparecieron la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el vecino municipio de Iguala durante una protesta contra las autoridades locales.

La primera versión oficial fue que fueron sorprendidos por la organización criminal Los Rojos, como parte de un ajuste de cuentas entre grupos rivales, y que los sicarios los mataron e incineraron y se deshicieron de sus restos en el basurero de Cocula, hechos ahora refutados por una nueva investigación.