Una asociación de la órbita de Vox intentó cerrar las clínicas de aborto aprovechando el estallido de la pandemia

La Asociación de Abogados Cristianos, pieza relevante en el andamiaje con que la ultraderecha ha lanzado una guerra jurídica con la pandemia como telón de fondo, intentó en primavera que el Tribunal Supremo cerrase de un portazo las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo.

Tras la declaración del estado de alarma el 14 de marzo, los centros habilitados para practicar abortos pasaron a formar parte del anexo de servicios esenciales sanitarios con autorización expresa para seguir funcionando. Fue entonces cuando la asociación que desde Valladolid preside la abogada Polonia Castellanos puso en marcha la maniobra: interponer un recurso contra su inclusión en el listado de servicios esenciales. El intento fue en vano: el 22 de julio, y después de haber denegado en mayo la medida cautelarísima que demandaban Castellanos y su grupo –anular el punto de la orden ministerial que afectaba a ese tipo de centros sanitarios–, el alto tribunal tumbó el recurso declarando su inadmisión. 

Controlada por un patronato de cinco personas entre las que se cuentan el portavoz parlamentario de Vox en Murcia, Juan José Liarte Pedreño, y uno de los candidatos al Senado por Valladolid en 2019, Alfonso González Rodríguez-Vilariño, la asociación dio así un paso más respecto al programa oficial del partido que dirige Santiago Abascal. En el catálogo de 100 medidas urgentes que Vox difundió como paquete electoral en 2019, el punto 56 decía lo siguiente: "Suprimir en la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud (cambio de género, aborto…)". De llevarse a cabo, esa medida conllevaría que el aborto quedase limitado a quienes puedan sufragar el coste de la intervención en la sanidad privada. Pero lo que se proponía Abogados Cristianos llegaba más lejos aún porque de inmediato se habrían visto obligados a dejar de prestar servicio todos los centros, públicos o privados, de interrupción voluntaria del embarazo.

Aceptar la pretensión de los autores del recurso "produciría una perturbación grave a los intereses generales", dado que la ley vigente desde 2010 "establece la garantía de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en plazos que no son susceptibles de interrupción". Ese fue el argumento central de la Abogacía del Estado, aunque el tribunal no entró ahí y en un auto dictado el 22 de julio por la Sala de lo Contencioso se limitó a constatar que Abogados Cristianos carece de legitimad para impugnar una ley con independencia de que sus estatutos internos atribuyan a la asociación "un papel de defensa de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural".

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Como procuradora de la asociación en este recurso intervino Pilar Pérez Calvo, miembro de su patronato y menos conocida que Polonia Castellanos y que Juan José Liarte. Este último es quien en junio de 2019 llamó "tiparraca" a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en un tuit donde escribió un texto de significado aparentemente inequívoco: "La tiparraca ésta es una embustera, y sus socios filoetarras así lo proclaman (...). De una p*** solo puedes esperar putadas". Lo lanzó en Twitter tras unas declaraciones donde Delgado afirmaba que Vox no defiende la Constitución. Una vez desatada la tempestad, Liarte aseguró que se le había malinterpretado.

El acoso frente a las clínicas para la interrupción del embarazo ha sido constante en la última década. La semana pasada, grupos ultraconservadores iniciaron una campaña de 40 días de concentraciones frente a la clínica Dator, pionera en Madrid y una de las siete que existe en la región. La campaña también está convocada en otros puntos del país, como València y el Puerto de Santa María (Cádiz).

Al igual que sucede en países como EEUU, la guerra contra el aborto se ha convertido en una de las banderas de la ultraderecha. En el caso de Abogados Cristianos, su máquina de querellas se extiende también a todo aquello que la asociación conceptúe como un ataque inadmisible a la religión católica. Sus numerosas acciones judiciales alcanzan también otros campos. Por ejemplo, en julio anunció que ya estaba solicitando a los tribunales la retirada de calles y monumentos "dedicados a comunistas en toda España". Ese mismo mes trascendió que la asociación ha logrado que un juez cite a declarar en enero al actor Willy Toledo tras la demanda por intromisión ilegítima en el honor y en el derecho a la propia imagen.