Esclavas sexuales de Japón durante la II Guerra Mundial

En el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud recordamos a las 200 mil mujeres encarceladas en "estaciones de consuelo" donde fueron esclavizadas sexualmente.

Cuando Corea del Sur celebraba, como cada 14 de agosto, el día de conmemoración de las “mujeres de solaz”, eufemismo con que se designa a las mujeres y niñas forzadas a la esclavitud sexual por las fuerzas armadas japonesas antes de la Segunda Guerra Mundial y en su transcurso, Arnold Fang, investigador de Amnistía Internacional sobre Asia Oriental, manifestó: “Pese a que los crímenes atroces cometidos por las fuerzas armadas japonesas contra las mujeres de solaz tuvieron lugar hace más de 70 años, la lucha de las sobrevivientes por obtener justicia, verdad y reparación sigue siendo tan pertinente como siempre”.

Tras la expansión del imperialismo japonés y el avance de sus tropas en China, Indochina, Indonesia y las islas del Pacífico, los jerarcas del ejército imperial japonés, avalados por psiquiatras como Hayao Torao, para prevenir enfermedades venéreas y violaciones de los soldados en los países ocupados, dispusieron un sistema de reclutamiento de mujeres jóvenes de las naciones ocupadas, las cuales eran secuestradas o engañadas con falsas promesas de trabajo en fábricas, hospitales, restaurantes, entre otros.

Estas mujeres, una vez que caían en poder de los japoneses, eran encarceladas en “estaciones de consuelo”, verdaderos burdeles militares donde eran obligadas a prostituirse con los soldados nipones, atendiendo sexualmente en promedio a más de 30 hombres al día.

Se cree que unas 200.000 mujeres jóvenes, principalmente coreanas pero también chinas, indonesias y algunas europeas, fueron reclutadas o secuestradas por el Ejército imperial japonés para servir en los burdeles militares japoneses. Estas “estaciones de consuelo” funcionaron en distintos lugares del Asía Pacífico, como China, Corea, Hong Kong, Indochina francesa, Malasia, Indias Orientales Neerlandesas y algunas islas del Pacífico como Filipinas, Nueva Bretaña, Papúa Nueva Guinea, Palaos y Okinawa.

La neerlandesa Jan Ruff O'Herne fue una de estas mujeres y, tras sobrevivir a su dura experiencia y a la Segunda Guerra Mundial, en 1992 compareció como testigo en una audiencia pública sobre crímenes de guerra japoneses: “Nos violaban todas las noches”.

La coreana Kim Hak-soon, quien vivió una verdadera pesadilla durante ocho años tras ser obligada a servir de esclava sexual del Ejército Imperial japonés, en agosto de 1991 relató que cuando tenía 14 años Corea fue colonizada por Japón. “Éramos muy vulnerables. Todos los ciudadanos, todos los coreanos vivíamos en estado de esclavitud. Los hombres fueron enrolados por el ejército japonés, incluso los escolares. Con las mujeres Japón no hizo diferencias de edad, utilizaron y forzaron a todas las mujeres, a muchas niñas incluso”.

El gobierno de Japón, que durante décadas negó la existencia de las Jugun Ianfu, en enero de 1992 emitió la primera disculpa oficial por lo sucedido, después de que Yoshimi, historiador japonés, sacara a la luz pruebas irrefutables de la participación oficial del país en la gestión del sistema de “centros de solaz” durante la guerra. El primer ministro, Miyazawa, se disculpó ante el pueblo coreano durante una visita a Corea del Sur.

En 1994 el gobierno de Tokio estableció un Fondo de mujeres asiáticas para distribuir una compensación adicional a las víctimas en Corea, Filipinas, Taiwán, Países Bajos e Indonesia, recibiendo donaciones de los ciudadanos. El primer ministro de Japón, Ryūtarō Hashimoto, con apoyo de su predecesor Tomiichi Murayama, emitió una declaración pública donde afirmaba: “extiendo de nuevo mis más sinceras disculpas y el remordimiento a todas las mujeres que se sometieron a las experiencias inconmensurables y dolorosas y sufrieron heridas físicas y psicológicas incurables como mujeres de consuelo”.

En 2001 se publicó una carta de disculpas del primer ministro Koizumi a las “exmujeres de solaz”, con ocasión del ofrecimiento “de desagravio por parte de la población japonesa” hecho por el Fondo Asiático de Paz y Amistad para la Mujer, siguiendo la fórmula empleada por todos los primeros ministros desde 1995, expresando arrepentimiento, pero evitando la responsabilidad por la violación del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos.

En el año 2015 Japón y Corea del Sur alcanzaron un acuerdo histórico en el que el gobierno nipón se comprometió a destinar 7,5 millones de euros de su presupuesto a un fondo de ayuda, coordinando además un plan para “recuperar el honor, la dignidad y para suturar las heridas psicológicas” de estas mujeres.

Las víctimas que interpusieron estas demandas dicen que el acuerdo bilateral de 2015 para “resolver” la cuestión de forma “definitiva e irreversible” era insuficiente, pues no reconocía las vulneraciones del derecho de los derechos humanos cometidas por Japón, que tampoco asumía en él su responsabilidad jurídica. También dicen que no incluía una disculpa sincera y que se negoció sin la plena participación de las víctimas.

Durante los últimos 30 años, sobrevivientes de Corea, Taiwán, Filipinas, China y Países Bajos han interpuesto un total de 10 demandas judiciales contra el gobierno japonés en tribunales japoneses. Sin embargo, las sobrevivientes acabaron perdiendo en todas las causas.

En su informe de 2005 Japón: Continúa la espera 60 años después, Amnistía Internacional formuló la recomendación de que “los Estados afectados debían garantizar que las sobrevivientes pudiesen entablar demandas contra el gobierno de Japón ante los tribunales nacionales”, promulgando legislación para ese fin.

La organización pedía además a los Estados que garantizasen que esa legislación “prohibiese la inmunidad del Estado por violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario [...]. Japón debe aplicar inmediatamente mecanismos efectivos para proporcionar reparaciones plenas a todas las sobrevivientes de esclavitud sexual, incluidas todas las formas de reparación que se mencionan en las recomendaciones del Tribunal Internacional de Mujeres sobre Crímenes de Guerra para el Enjuiciamiento de la Esclavitud Sexual a manos del Ejército Japonés. [...] En particular, la Dieta debe presentar una disculpa sin reservas a las sobrevivientes y aceptar la responsabilidad de Japón en los delitos, reconociendo que éstos constituyen delitos en virtud de la legislación internacional, reconociendo también el daño infligido a las sobrevivientes, denunciando todas las formas de violencia sexual contra las mujeres y transmitiendo a las sobrevivientes su sincero arrepentimiento por dichos delitos”. 

Hasta el momento no ha habido avances en este sentido.

Consuelo Peláez Sanmartín es socia de infoLibre