Poder Judicial

El CGPJ no cumple su amenaza de pedir auxilio a Europa para parar la ley que limite sus funciones

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, acompañado por el ministro de Justicia del Gobierno, Juan Carlos Campo.
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Ni exhortos a Europa, ni anuncio de que lo vayan a hacer. Una mayoría de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han renunciado, por el momento, a pedir ayuda a instituciones europeas ante lo que consideran un camino inadecuado que no respeta "las exigencias del principio de separación de poderes". Es lo que opinan de la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos que quiere evitar que el órgano de gobierno de los jueces pueda hacer nombramientos discrecionales en periodo de interinidad y del hecho de que la Mesa del Congreso no les haya solicitado opinión al tramitar el proyecto por la vía de urgencia.

Desde que la Cámara Baja dio luz verde a la tramitación la semana pasada, distintos vocales del sector conservador del CGPJ habían planteado la necesidad de discutir la oportunidad de dirigirse a la Comisión Europea o a la Comisión de Venecia, organismo consultivo del Consejo de Europa, para advertir tanto de la reforma en sí como del hecho de que no han sido consultados sobre la misma. Para discutir este asunto, lo primero era instar al presidente del órgano, Carlos Lesmes, a que convocara un Pleno extraordinario, reunión que ha tenido lugar este jueves.

Fuentes del CGPJ han explicado a infoLibre que durante el Pleno, que ha durado unas dos horas, se ha hablado de que el CGPJ tome la iniciativa y remitir un pronunciamiento a instituciones europeas. Para dirigirse a la Comisión de Venecia, el órgano de gobierno de los jueces lo podría hacer sin pasar por el servicio exterior del Estado, mientras que para la Comisión Europea, la comunicación tendría que tramitarse a través del Ministerio de Justicia. Aunque se ha abordado este asunto y la manera más oportuna de hacerlo, finalmente la resolución que ha aprobado el Pleno no incluye ninguna iniciativa en este sentido ni anuncio de que se tenga esa intención. 

Eso sí, las citadas fuentes han mencionado que aún queda tiempo para hacerlo y han apuntado al próximo Pleno, el ordinario del mes de enero que está previsto para el próximo día 28, como una posible fecha para ahondar más en este asunto.

Lo que se ha aprobado este jueves por dieciséis votos contra cinco es una declaración en la que se solicita a PSOE y Unidas Podemos, que son los partidos que votaron en la Mesa del Congreso en contra de pedir informe al CGPJ sobre la proposición de ley, que reconsideren la decisión de tramitar de forma urgente la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), al tiempo que ha vuelto a instar a todas las fuerzas parlamentarias a renovar "a la mayor brevedad" el órgano de gobierno de los jueces, que lleva más de dos años caducado debido a la negativa del PP a acordar una renovación si Unidas Podemos interviene. Todo ello a pesar de que no era intención de los vocales proponentes del Pleno hacer un nuevo llamamiento al Poder Legislativo.

Aportación de Lesmes

De hecho, según las fuentes consultadas, la parte en la que se reclama que los partidos que conforman el Gobierno de coalición reconsideren su postura en la Mesa no iba en el borrador que los vocales conservadores habían terminado de preparar esta mañana antes de su debate en el Pleno. La palabra "reconsideración" ha sido propuesta por Lesmes –que también ha votado a favor de la resolución– y aceptada por loa dieciséis vocales que han dado el visto bueno al texto final.

"El Pleno del Consejo General del Poder Judicial se ve en la obligación de solicitar, desde el más profundo respeto a la autonomía parlamentaria,la reconsideración del acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de dar tramitación urgente y sin audiencia de ningún tipo a la modificación de una regulación que afecta directamente a una de las principales funciones" del órgano de gobierno de los jueces, reza la resolución, que lamenta "profundamente" que la Mesa "haya hecho caso omiso" a la petición que le hizo el pasado 17 de diciembre para que recabara los informes del propio CGPJ, de la Comisión de Venecia y de los demás agentes citados antes de proceder a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en los términos propuestos por PSOE y Unidas Podemos.

Los dieciséis vocales que han votado a favor de la resolución han sido todos los del denominado bloque conservador –nombrados a propuesta del PP–, aunque también algunos del sector progresista. Los vocales Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda han votado en contra y el primero ha anunciado la formulación de un voto particular al que se adherirán los demás.

La resolución va más allá de los reproches a la Mesa del Congreso, y es que considera que "la falta de audiencia no sólo desconoce el papel del Consejo General del Poder Judicial como garante de la independencia de jueces y magistrados, sino que también le impide pronunciarse sobre la adecuación de la reforma propuesta a los principios constitucionales y a los estándares europeos de todo Estado de Derecho, basados en el principio de separación de poderes según se han definido en el Derecho de la Unión Europea y en los dictámenes de la Comisión de Venecia". Según apunta el texto, cuando el CGPJ solicitó en diciembre al Congreso que le pidiese opinión sobre la reforma legislativa fue "fruto de un amplísimo consenso en el seno del Consejo" y "no era más que un recordatorio de los principios y requerimientos que derivan del Derecho de la Unión Europea e inspiran la actuación del Consejo de Europa para preservar la independencia judicial como uno de los elementos estructurantes y definitorios del Estado de Derecho por el que este Consejo ha de velar por mandato estricto del artículo 122 de la Constitución".

Para los dieciséis vocales reclamantes, el hecho de que la Mesa de la Cámara Baja haya hecho oídos sordos a sus peticiones "sin ofrecer razón alguna" es algo preocupante. "Lo que verdaderamente importa a este Pleno es que la decisión de la Mesa privará al debate parlamentario sobre la reforma promovida y, a la postre, a la ciudadanía del conocimiento y valoración del parecer cualificado y jurídicamente fundado de instituciones creadas ex profeso por las normas de más alto rango para garantizar la independencia judicial", aseveran.

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Igualmente han incidido en que el no de la Mesa del Congreso "orilla la opinión de las asociaciones y entidades representativas del mundo judicial, así como de las instituciones que tienen competencias en materia de justicia, obviando, como se ha dicho,cualquier explicación al respecto". Tampoco se ha dado la oportunidad al CGPJ, apuntan, de "informar sobre cómo puede incidir la norma proyectada en el correcto funcionamientode la Administración de Justicia por la falta de cobertura de vacantes en el Tribunal Supremo o la falta de cobertura o renovación de las presidencias de audiencias y de los tribunales superiores de justicia y sus salas".

El órgano de gobierno de los jueces lleva ya más de dos años, circunstancia sobre la que también ha expresado su preocupación en la resolución aprobada. Un tiempo que ya ve "excesivo" y ha instado al Parlamento a que acometa ya la renovación de los vocales y que se anteponga así "el cumplimiento de ese deber constitucional a la apresurada aprobación de unas reformas legales que sólo han de abordarse desde los principios constitucionales, la prudencia y la mesura, oyendo y debatiendo todas las opiniones".

Durante su periodo de interinidad, en el que entró el 4 de diciembre de 2018, el CGPJ ha llevado a cabo medio centenar de nombramientos discrecionales, una potestad que ya no podría tener en caso de que se aprobara la reforma de la LOPJ que proponen PSOE y Unidas Podemos. Aunque se tramite por la vía de urgencia, aprobación de la proposición de ley podría tener lugar en marzo, de modo que quedarían al menos dos Plenos ordinarios del CGPJ en el que los vocales sí podrían seguir cubriendo vacantes de magistrados. El órgano de gobierno de los jueces tiene en su agenda asignar plazas en presidencias de audiencias provinciales y dos tribunales superiores de justicia, así como varias en distintas salas del Tribunal Supremo.

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