Las diez acusaciones en las que Casado basa su denuncia del Estado "totalitario" de Sánchez

Pedro Sánchez tiene un plan: construir un Estado totalitario en el que él mismo controle de forma personal todas las instituciones y, con la ayuda de sus socios de Unidas Podemos, pueda impedir así que la derecha vuelva a gobernar nunca en España. La idea, por disparatada que parezca, no es exclusiva de Vox. Sigue siendo el eje de la estrategia de oposición del PP de Pablo Casado a pesar de la conversión al centro que el líder conservador asegura haber abrazado desde que plantó cara a la moción de censura de Santiago Abascal.

Los ejemplos de este discurso son numerosos. Uno de los más recientes lo protagonizó el propio Casado en una sesión de control en la que aseguró, en referencia a la agenda del presidente del Gobierno, que “lo más grave es que para ocultar” su “juego de trilero” Sánchez “destruye todos los contrapesos institucionales”. “Ya ha ocupado la Fiscalía, el Centro Nacional de Inteligencia, la CNMC, CNMV, el CIS, la Televisión Española, el Consejo de Transparencia y hasta ha intentado asaltar el Poder Judicial”.

No son los únicos espacios de poder institucional que, según Casado, el presidente ha puesto bajo su batuta de forma antidemocrática. La lista incluye a la Guardia Civil, la prensa independiente y, desde hace poco tiempo, el Consejo de Estado.

Su secretario general, Teodoro García Egea, llegó acusar a Pedro Sánchez, en mayo de 2020, de aplicar “mano de hierro a la hora de fulminar a todo el que le estorba en sus planes totalitarios”. Lo hizo en una entrevista en TVE en relación con los cambios decididos en aquellos días en la Guardia Civil por el ministro Fernando Grande-Marlaska, en la que llegó al extremo de llamar a la desobediencia a los agentes: el Gobierno, dijo, está dando “órdenes que dañan gravemente el honor de la Guardia Civil, de sus miembros y del Estado de Derecho”, así que los que las reciben lo que deben hacer es “no cumplirlas y marcharse”.

El propio Casado aseguró en diciembre que “España corre el riesgo de no ser lo que los españoles quieran que sea, sino el resultado de la ingeniería social de un Gobierno” que quiere “ocupar los órganos reguladores y el Poder Judicial” y “atacar la libertad educativa, el español, la libertad de expresión, la prensa, la propiedad privada, la propiedad inmobiliaria, al libre mercado y al Estado de Derecho”. El único objetivo de Sánchez, remarcó entonces —aunque es una idea que viene defendiendo desde que comenzó la legislatura— es “debilitar tanto a las instituciones que sólo quede como referencia el poder del presidente”. 

Estas son las diez acusaciones en las que se basa la versión de los dirigentes del PP.

1. El Congreso, amordazado.

El líder del PP y su equipo repiten esta acusación con cierta frecuencia aludiendo vagamente a que supuestamente el Gobierno no comparece con frecuencia en el Congreso. O que en aplicación del Estado de Alarma no da las explicaciones debidas en relación con los poderes extraordinarios que la declaración le concede —y que ha entregado a las Comunidades Autónomas—.

Pero Casado se refiere sobre todo a las decisiones de la Mesa del Congreso, cuya influencia es notable a la hora de impulsar, ralentizar o bloquear la tramitación de iniciativas, y al juego de mayorías que en lo que va de legislatura ha rechazado todas sus peticiones de creación de comisiones de investigación, como por ejemplo la que solicitó para airear supuestas irregularidades en las finanzas de Unidas Podemos.

Lo cierto es que la Mesa siempre ha estado controlada por la mayoría que da soporte al Gobierno, en esta legislatura y en las anteriores, y ha utilizado sus competencias para impulsar o frenar los trabajos parlamentarios en función de sus necesidades. No es una novedad que ahora actúe así ni que las mayorías hagan valer su peso en las votaciones tanto en Pleno como en comisión.

Y desde luego no es cierto que este Gobierno dé menos cuentas que los anteriores. Entre finales de 2011 y mayo de 2018 (seis años y medio) Mariano Rajoy compareció en el Pleno del Congreso 10 veces. Entre junio de 2018 y la actualidad (algo menos de tres años), Pedro Sánchez lo ha hecho en 15 ocasiones. Es decir: Rajoy comparecía una vez cada 7,7 meses por término medio y Sánchez hasta ahora lo ha hecho una vez cada 2,2 meses.

En el Senado la estadística es aún peor para el PP: Rajoy no compareció nunca en el Pleno de la Cámara Alta en todo su mandato; Sánchez lo ha hecho ya en dos oportunidades.

2. La Fiscalía, tomada.

El PP se queja desde el inicio de la legislatura de que el Gobierno eligiese a la exministra Dolores Delgado para ocupar el cargo. Delgado, fiscal de carrera, fue ministra de Justicia entre junio de 2018 y enero de 2020 y esto, según Pablo Casado, compromete la independencia de la Fiscalía General del Estado.

Lo cierto es que haber ejercido la titularidad de una cartera ministerial no es ningún impedimento legal para ocupar el cargo. La normativa vigente dice que “la elección debe recaer entre juristas españoles de reconocido prestigio y con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión”, una condición que Delgado cumple sobradamente. Es la Constitución la que deja en manos del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial, su nombramiento. Unas condiciones a las que el Estatuto de la Fiscalía, vigente desde 1981 y cuya última reforma data del año 2014, cuando gobernaba el PP, añadió la “previa valoración de su idoneidad por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados”, de manera que en su nombramiento intervienen los tres poderes del Estado.

Tiene razón Casado en que nunca antes nadie había pasado directamente de un puesto políticamente tan relevante como un ministerio a la Fiscalía. Pero eso no significa que no haya numerosos ejemplos de antecesores de Delgado con claros vínculos políticos, también durante los Gobiernos del PP.

Su predecesora, María José Segarra, nombrada también por Sánchez, no tenía relación con el PSOE más allá de ser considerada progresista, pero eso no impidió que fuese puesta en cuestión por Casado, cuyo equipo llegó a insinuar que su elección era en realidad una maniobra para levantar la imputación que entonces pesaba contra el ministro de Agricultura, Luis Planas. “Además de un escándalo sería un caso muy claro de tráfico de influencias”, decían entonces los conservadores.

La relación del PP con la Fiscalía nunca ha sido sencilla y menos en los últimos años, con un calendario judicial tan intenso. Eduardo Torres Dulce (2011-2014) acabó dimitiendo como fiscal general después de numerosas tensiones con los responsables del Ministerio de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y Rafael Catalá, a raíz, sobre todo, de su negativa a parar la instrucción del caso Gürtel y los papeles de Bárcenas. José Manuel Maza (2016-2017) llegó a ser reprobado por el Congreso por “incumplimiento grave y reiterado de sus funciones” y haber llevado a cabo actuaciones tendentes a favorecer y proteger a personas del Partido Popular investigadas en causas judiciales. ​

3. El CNI, doblegado.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) depende orgánicamente del Gobierno. De ahí que resulte paradójico que el PP de Casado acuse a Sánchez de controlar la institución. El espionaje español lo dirige en la actualidad Paz Esteban López, funcionaria de la casa desde 1983, después de la jubilación de su anterior director, el general Félix Sanz Roldán.

Las acusaciones del líder de la oposición en esta materia se dirigen a menudo al supuesto acceso de Pablo Iglesias “al control” del CNI. Pero lo cierto es que el líder de Unidas Podemos y hasta esta misma semana vicepresidente tercero del Gobierno no tiene “control” sobre este centro. Lo único que hizo el Gobierno fue dar asiento a Iglesias en la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, que preside la vicepresidenta Carmen Calvo y de la que forman parte también las ministras de Asuntos Exteriores, Defensa y Economía y el ministro del Interior, así como el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el secretario de Estado de Seguridad y la directora del Centro Nacional de Inteligencia, además de los subsecretarios de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y de Defensa y el director del Departamento de Seguridad Nacional.

¿Qué hace esa comisión? Se ocupa básicamente de tres cosas: proponer al presidente del Gobierno los objetivos anuales del Centro Nacional de Inteligencia, realizar el seguimiento y evaluación del desarrollo de los objetivos del CNI y velar por la coordinación del Centro Nacional de Inteligencia, de los servicios de información de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los órganos de la Administración civil y militar.

PP y Vox ya intentaron impedir sin éxito a través de los tribunales la presencia del entonces vicepresidente Iglesias en esta comisión. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó inadmitir de plano sus recursos por carecer ambos partidos de “legitimación activa” para plantearlos.

4. La CNMC y la CNMV, sin consenso.

El PP repite a menudo que PSOE y Unidas Podemos tomaron el control de ambas instituciones por procedimientos nunca antes utilizados en España. Se trata de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Nada más lejos de la realidad. La elección de los responsables de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se llevó a cabo de acuerdo al artículo 15 de la Ley 3/2013. La Comisión de Asuntos Económicos votó en su momento la propuesta del Gobierno, formulada también a instancias de la ministra de Economía. Cani Fernández, su candidato a la presidencia; Ángel Torres (vicepresidencia) y los candidatos a consejeros (Carlos Aguilar, Josep Maria Salas y Pilar Sánchez) obtuvieron el visto bueno por mayoría simple gracias al apoyo del PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV, a veces con el voto en contra del PP, Vox, Cs y UPN y en ocasiones con la abstención de Ciudadanos.

Menos aún en el caso de la elección del presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, y de su vicepresidenta, Montserrat Martínez, que se llevó a cabo de acuerdo con el artículo 23 de la Ley del Mercado de Valores: la ministra de Economía propuso sus nombres al Consejo de Ministros y el Congreso aprobó su idoneidad en una votación que Buenaventura ganó por unanimidad y Martínez por mayoría simple con el apoyo de PSOE, UP, Grupo Mixto, Grupo Plural, ERC, PNV y Cs, la abstención del PP y el único voto en contra de Vox.

5. El CIS, sometido.

La decisión de Pedro Sánchez de situar al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a José Félix Tezanos, un sociólogo que hasta ese momento (junio de 2018) tenía asiento en la Ejecutiva del PSOE, también fue denunciada por el PP como un intento de poner un órgano independiente del Estado al servicio del Gobierno.

La afinidad del presidente del CIS con el Ejecutivo ha estado siempre fuera de toda duda. En este gobierno y en otros anteriores. Un buen ejemplo, además de Tezanos, es Pilar del Castillo, que se hizo cargo del centro entre los años 1996 y 2000 y después, sin solución de continuidad, se hizo cargo del Ministerio de Educación hasta 2004 antes de convertirse en eurodiputada del PP, cargo que sigue ocupando en la actualidad.

6. El Consejo de Transparencia, silenciado.

El Consejo de Transparencia, creado en el año 2014, es el órgano de la Administración central encargado de velar por la transparencia de la actividad pública y garantizar el derecho de acceso a la información que tienen los ciudadanos.

El PP asegura que su presidente, José Luis Rodríguez Álvarez, nombrado el año pasado, tiene como misión anular el funcionamiento de la institución y para no tener obstáculo es por lo que ha cesado a dos de sus miembros. En su momento, Rodríguez Álvarez obtuvo el visto bueno del Congreso por mayoría absoluta (PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Junts y PRC), con la abstención de Ciudadanos y Bildu y el voto en contra de PP y Vox.

Las destituciones tuvieron lugar después de las controversias que el Consejo ha mantenido con el Gobierno por la negativa del Ejecutivo a informar sobre determinados detalles de los viajes de Sánchez en medios de transporte oficiales o cuestiones relacionadas con la gestión de la crisis sanitaria de la covid-19.

7. El CGPJ, amenazado.

Es la acusación más frecuente en los medios de comunicación. El PP asegura que el Gobierno pretende controlar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces. Y a través de él, la justicia misma. Como si el mecanismo de elección hubiese cambiado. O como si no fuese el mismo que sirvió para renovar a sus miembros cuando el PP tenía mayoría absoluta.

Lo cierto es que el CGPJ actual, cuya renovación bloquea Casado, fue elegido en 2013, cuando el PP tenía mayoría absoluta en el Congreso. Y desde hace dos años su composición ya no refleja la composición real de la Cámara Baja. Aquella renovación incluyó a jueces, magistrados y juristas de reconocido prestigio propuestos por cinco partidos: PP (10), PSOE (7), CiU (1), PNV (1) e Izquierda Unida (1). Un Consejo que eligió presidente al magistrado Carlos Lesmes —con varios años de experiencia como alto cargo del Ministerio de Justicia en la administración de José María Aznar— y que es el que sigue tomando decisiones amparado por una renovación que el PP bloquea al vetar la presencia en el órgano del magistrado José Ricardo de Prada, uno de los jueces que firmó la sentencia de la primera época de actividades de la trama Gürtel que condenó al PP como partícipe a título lucrativo y que posteriormente ratificó el Tribunal Supremo.

Bloquear la renovación del CGPJ no sólo implica que el órgano de gobierno de los jueces no se corresponda con las mayorías del Congreso, tal y como obligan la Constitución y la ley, sino mantener la representación que favorecía al PP cuando los conservadores tenían mayoría absoluta.

Las acusaciones del PP se extienden a la proposición de ley con la que PSOE y Unidas Podemos quieren desbloquear la renovación del CGPJ. Una reforma legislativa pendiente de trámite que, a través de una claúsula de desbloqueo, permitiría llevar a cabo el nombramiento de los nuevos vocales por mayoría absoluta si, después de un tiempo prudencial, no se alcanza una mayoría de tres quintos, tal y como sucede con la elección del Consejo de RTVE.

8. La Guardia Civil, purgada.

Es una de las acusaciones de ocupación de las instituciones más llamativas. El PP ha acusado al Gobierno de querer controlar el instituto armado, como si este fuese un organismo autónomo ajeno al Ministerio del Interior. Casado y los suyos calificaron de “purga” y “escándalo” los cambios en el organigrama de cuerpo, una prerrogativa de cualquier Ejecutivo. En especial criticaron el cese del coronel Diego López de los Cobos de la comandancia de Madrid que la Audiencia Nacional acaba de anular después de dar la razón a quienes aseguran que fue destituido por no querer incumplir la ley. Interior ha recurrido la sentencia por entender que lo cesó por pérdida de confianza, no por que hubiese desobedecido una orden injusta.

De hecho, los nombramientos y cambios introducidos en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando era ministro Juan Ignacio Zoido, también provocaron quejas, en aquella ocasión por parte de las asociaciones de agentes. La Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc) pidió públicamente a Mariano Rajoy que frenase una reestructuración que calificaba de “sorprendente, irreflexiva e irrespetuosa”, “tanto en el fondo como en las formas”. En opinión de los agentes “crear cuatro subdirecciones por debajo del director general, de igual rango y mando, solo puede perseguir una cosa: el divide y vencerás”.

9. La prensa, asediada.

El PP también lleva meses acusando al Gobierno de tratar de controlar a los medios de comunicación. No sólo a los públicos; también a los privados. El grueso de esta afirmación descansa sobre la supuesta creación de un órgano destinado a decidir qué es verdad y qué es mentira en las informaciones de periódicos, radios y televisiones, que el PP bautizó como el “ministerio de la Verdad”.

En realidad la iniciativa del Gobierno no tiene nada que ver con los medios. Sigue la estela de las adoptadas por otros países —y sobre todo de las recomendaciones de la Unión Europea— para prevenir los efectos negativos de las campañas de desinformación en materias sensibles como los procesos electorales, la crisis sanitaria como la que vivimos en la actualidad, el cambio climático o la seguridad.

Y no es algo nuevo. Ni tampoco secreto. El Gobierno lo lleva haciendo desde marzo de 2019 atendiendo una petición de Bruselas. La única variación, de hace unos meses, fue la puesta en marcha de un procedimiento para crear un mecanismo que permita trasladar a los medios de comunicación y a la sociedad civil las campañas de desinformación que los técnicos decidan que es necesario divulgar para así contrarrestar sus efectos.

De hecho, la orden del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 1030/2020 hace suya la definición de desinformación de la Unión Europea: la difusión de “información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público”. Lo que significa que se trata no sólo de información falsa sino que “deliberadamente” se difunde para lucrarse o “engañar” a la población.

Lo que está haciendo el Gobierno es “establecer medios de funcionamiento y mecanismos dirigidos a evaluar de manera continua el fenómeno de la desinformación” a través del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), la Secretaría de Comunicación y ministerios como Defensa, Interior, Exteriores y Transformación Digital. La idea es contar con “niveles para la prevención, detección, alerta temprana, análisis, respuesta, y evaluación” y la definición de “una metodología para la identificación, análisis y gestión de eventos desinformativos”.

De acuerdo con el procedimiento, cuando se detecta una campaña de desinformación es analizada antes de tomar la decisión de que la Secretaría de Estado de Comunicación ponga en marcha una campaña de comunicación pública. En última instancia, el DSN evalúa la necesidad de una respuesta “política”, especialmente si, como es habitual, el origen de la desinformación corresponde “a un tercer Estado”. El Gobierno podrá además elevar las alertas a la Unión Europea.

Que el mecanismo español contra la desinformación no supone ninguna amenaza para la prensa lo ha certificado hasta la Comisión Europea. Su vicepresidenta y comisaria de Justicia, Vera Jourová, respondió por escrito a la preocupación expresada por la eurodiputada española Maite Pagazaurtundua (Ciudadanos) asegurándole que Bruselas ha analizado la orden ministerial y "ha concluido que actualiza el sistema español existente para prevenir, detectar y responder a las campañas de desinformación y para establecer estructuras de coordinación". La Comisión entiende que la herramienta aprobada por el Gobierno español no constituye “una base jurídica para decidir sobre el contenido de la información facilitada por los medios de comunicación”.

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10. El Consejo de Estado, ignorado.

El último organismo del Estado que el líder del PP ha incluido entre los objetivos de control totalitario de Sánchez es el Consejo de Estado. Lo ha hecho después de acusar al Gobierno de ignorar un dictamen en relación con los fondos europeos que el Ejecutivo asegura haber tenido en cuenta antes de aprobar el decreto que regula la gestión del dinero que Bruselas destina a la reconstrucción económica de España. Casado acusó a Sánchez de “pasar el rodillo” por el Consejo de Estado y denunció que así “mueren las democracias”, antes de recordar que al mando de la institución está la que fuera vicepresidenta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega.

El dictamen que el PP asegura que el Gobierno desoyó y que quiere utilizar ahora para invalidar el decreto de los fondos (ya convertido en ley por la mayoría del Congreso) no es vinculante. Y Fernández de la Vega preside el Consejo de Estado como también lo hizo, hasta la moción de censura, el exministro del PP José Manuel Romay Beccaría.