Acusados en el nuevo macrojuicio de 'Gürtel' con Correa a la cabeza se ofrecen a pactar con Fiscalía menos penas a cambio de confesar

Francisco Correa no será el último que intente buscar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción de cara al nuevo macrojuicio del caso Gürtel, que está señalado para finales de septiembre. De los 27 procesados por las actividades de la trama corrupta en el municipio madrileño Boadilla del Monte, la intención de la mayoría es pactar con el Ministerio Público condenas de prisión más bajas a cambio de la confesión de los hechos y el pago de multas e indemnizaciones.

Según han informado fuentes jurídicas, aún es pronto para saber cómo se concretarán esos acuerdos, si es que llegan a conformarse. De momento, el líder de Gürtel ha enviado un escrito a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, el tribunal que le tiene que juzgar, y una carta a Anticorrupción reconociendo los hechos del escrito de acusación y proponiendo una rebaja sustancial de la petición inicial de 76 años de cárcel a 13 años y medio, así como el pago de una multa de casi dos millones de euros, una serie de indemnizaciones y el decomiso de beneficios y comisiones recibidas por su actividad delictiva por valor de más de 2,7 millones.

Las intenciones de Correa se han conocido este lunes, aunque ya había enviado un escrito a Anticorrupción el pasado noviembre anunciando sus intenciones. Se trata de otra carta, escrita de puño y letra como la de ahora, aunque más corta en extensión –poco más de una página–, en la que daba menos detalles de la trama de corrupción en Boadilla, aunque sí reconocía que los hechos del escrito de acusación son "ciertos". Ahora, a la nueva misiva, que tiene cuatro páginas y es más precisa, le acompaña un escrito de la defensa remitido a la Sala de lo Penal en el que concreta que todos los hechos por los que se le acusa son constitutivos de una veintena de delitos de cohecho, falsedad de documento mercantil, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos. Considera que cabe apreciar las atenuantes de colaboración, reparación y confesión, por lo que estima que la pena a imponer debe ser de 13 años y seis meses de prisión, 53 años y medio de inhabilitación especial, dos años de inhabilitación absoluta y 1.996.500 euros de multa.

Correa ya acumula unos 90 años de condenas por otras ramas de la macrocausa, pero su condena efectiva será, de momento, de dieciocho años en virtud del artículo 76 del Código Penal, que establece que el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple de tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido. En el caso del líder de Gürtel, la más grave de las penas es de seis años.

No el único que busca llegar a acuerdos. Según las fuentes consultadas, la mayoría de acusados, entre ellos el exalcalde de Boadilla Arturo González Panero, conocido como el Albondiguilla, y la exadministradora de las empresas de Gürtel Isabel Jordánel AlbondiguillaGürtel, también están en esta misma fase de tratar de alcanzar conformidades antes de que comience el juicio de una de las numerosas piezas separadas en que se dividió esta macrocausa que comenzó a investigarse en el año 2008. Una estrategia que, reconocen, iniciaron hace tiempo.

Han pasado ya más de doce años desde que comenzó la instrucción de la causa en la Audiencia Nacional y algunos más desde que se cometieron los hechos. Y precisamente es este paso del tiempo lo que está llevando a los tribunales que están juzgando las distintas piezas a aplicar a los acusados la atenuante muy calificada de dilaciones indebidas, lo que ha llevado a la Sala a reducir sustancialmente las condenas a los líderes de la trama Gürtel en casos como el de las adjudicaciones ilegales por parte del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera o para la visita del papa Benedicto XVI a Valencia. En esta experiencia previa es en lo que se ha basado la defensa de Correa para presentar su escrito, puesto que en el caso de la pieza de Boadilla la investigación se cerró hace casi cinco años.

No obstante, aún quedan seis meses para el inicio del juicio, previsto para el 22 de septiembre, por lo que está por ver cómo llegan a esa fecha cada uno de los 27 procesados. Desde la Fiscalía Anticorrupción se muestran prudentes y sobre el escrito enviado por Correa aseguran que han de estudiarlo. También recuerdan que la investigación realizada antes de que esta pieza se enviara a juicio ya consiguió demostrar los hechos más relevantes de esta pieza separada.

El PP, posible segunda condena por lucrarse

La de Boadilla es la segunda de las piezas de Gürtel por la que el PP podría ser condenado como partícipe a título lucrativo, como ya ocurrió en el juicio de la primera época de actividades de la trama corrupta, sentencia que fue confirmada el pasado octubre por el Tribunal Supremo. En aquella ocasión fueron 245.000 euros que la formación presidida por Pablo Casado ya abonó. Por el juicio de septiembre, Anticorrupción considera que resultó "beneficiado con la actuación del grupo en una cuantía de 204.198 euros al recibir cantidades y abono de servicios de las comisiones ilícitas cometidas”.

En el escrito de acusación, que data de 2016, el Ministerio Público atribuye delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. La mayor condena que se solicita es para Correa, con 76 años y siete meses de cárcel; seguido del número dos de la trama, Pablo Crespo, con 64 años y siete meses; y González Panero, con 40 años y siete meses. El exdiputado madrileño Alfonso Bosch se enfrenta a 23 años y medio de prisión, mientras que el exconcejal de Boadilla José Galeote tiene una petición fiscal de 22 años. Anticorrupción solicita trece años y medio para Isabel Jordán, once años para el supuesto blanqueador y exvicepresidente de Repsol Ramón Blanco Balín, diez años y dos meses para el empresario Jacobo Gordon, y siete años y un mes para el también empresario José Luis Ulibarri.

Entre los acusados figuran también el contable de la red José Luis Izquierdo, que se enfrenta a siete años y medio; el empresario Alfonso García-Pozuelo, para quien se piden cinco años y ocho meses; y el asesor Luis de Miguel, que afronta cinco años de prisión. Las penas más bajas, de dos años y medio, están dirigidas a Javier Nombela, Juan Jesús Siguero, María del Carmen García Moreno y José Francisco Pastor de Luz. La lista de procesados está formada también por el que fuera jefe de la empresa municipal del suelo de la localidad Cesar Tomás Martín Morales; al responsable de la empresa Sufi Rafael Naranjo Anegón y su hijo Gonzalo; al exdirector técnico de la Concejalía de Deportes, Juan Carlos Rey Rico; el arquitecto contratado por el consistorio Antonio de Miguel; José Luis Martínez Parra; Rafael Martínez Molinero; Carlos Jorge Martínez Massa y Rodolfo Benigno Ruiz; Javier del Valle Petersfeldt y Alicia Vallejo.

La trama dirigió toda la contratación pública de la empresa municipal del suelo

Algunos de ellos son mencionados en el escrito de Francisco Correa para explicar cómo funcionaba la mecánica aplicada en Boadilla del Monte por la trama de corrupción, que habría dirigido en la práctica toda la contratación pública, con independencia de que los empleados públicos que la integraban participaran directamente o no en cada uno de los expedientes. Las actividades de la trama se centraron especialmente en el seno de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV), la cual controlaban "de facto" a través de sus gerentes y a la que, consecuentemente, transferían desde el Consistorio los contratos de los servicios, consiguiendo así eludir los controles, entre otros, de la oposición política y de la Intervención.

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Según la Fiscalía, el entramado estaría integrado por el 'número dos' de la trama, Pablo Crespo, que habría actuado de modo permanente desde 2002; José Galeote –exconcejal y padre del exeurodiputado del PP Gerardo Galeote– por su intervención entre 2001 a 2003; el exalcalde González Panero y el funcionario municipal César Tomás Martín Morales desde su creación y el exdiputado autonómico Alfonso Bosch Tejedor, que participó su nombramiento como gerente de la EMSV en 2003. Este grupo habría favorecido la contratación de Sufi, filial de Sacyr, pilotada por Naranjo Anegón; las sociedades relacionadas con Alfonso García Pozuelo; la mercantil UFC, de José Luis Ulibarri; Teconsa, gestionada por José Luis Martínez Parra; Artas Consultoría, tras la que se ocultarían algunos miembros del grupo liderado por Correa; así como otras firmas de eventos vinculadas al cabecilla de la Gürtel.

Es González Panero contra el que Correa dirige la mayoría de sus acusaciones en esta suerte de confesión. Sobre él, asegura que era un "amoral" y que "su ambición era desmedida, desproporcionada, con una falta y carencia de moralidad inexplicable". "La relación con él era muy complicada, no mantenía su palabra ni código ninguno, prometía y garantizaba contratos a diestro y siniestro, cambiaba adjudicaciones aun habiéndolas prometido a un empresario, si posteriormente otro empresario mejoraba la dádiva, dicho lo cual su actuación se podría resumir como 'amoral'", explica.

Según Correa, Arturo González Panero, Tomás Martín Morales, José Galeote y Alfonso Bosch "participaron en el reparto" de las dádivas "en especie" que él mismo se encargaba de repartir. Regalos que consistían fundamentalmente en "viajes, ropa, regalos, etc.".