La agenda neoliberal de Casado rema a contracorriente de la OCDE, el FMI, el Banco de España y Biden

Bajar impuestos favorece la actividad económica y, por tanto, incrementa la recaudación de Hacienda. Este mantra, que el presidente del PP, Pablo Casado, repite con frecuencia, está en el centro de las políticas neoliberales.

Casado sostiene que ahora, en plena crisis económica y social provocada por la pandemia, la fórmula permitiría a España salir del agujero y recuperar más rápidamente la senda del crecimiento. Aunque la presión fiscal española (35,4% del PIB) esté por debajo de la media de la Unión Europea (41,1% ) y de la eurozona (41,6%), según los datos de 2019 publicados por Eurostat —España es el séptimo país con menor presión fiscal entre los diecinueve del euro—, el presidente del PP quiere adelgazar el Estado porque, según él, lo que el país necesita es menos presencia pública y más espacio para la iniciativa privada.

No por casualidad el programa económico de Casado, con el que consiguió ser elegido presidente del partido, gira casi exclusivamente en torno a la promesa de reducir impuestos.

Propone, por ejemplo, bajar el tipo máximo del IRPF, el que afecta a los más ricos, sin tocar el de los que menos ganan, con el argumento de que los que más tienen crearán puestos de trabajo si Hacienda les permite aumentar su riqueza.

Es la misma razón por la que defiende una reducción del impuesto de sociedades, el que pagan las empresas. Aunque en la práctica muchas de ellas, sobre todo las grandes corporaciones, acaben pagando menos impuestos que las pequeñas aprovechando los resquicios que les dejan las leyes. Según datos de la Agencia Tributaria de 2016, las grandes empresas tributaron a un tipo efectivo en el impuesto de sociedades del 7,88%, mientras que las medianas lo hicieron al 13,65% y las pequeñas al 18,78%.

La rebaja fiscal que Casado propone no se queda ahí. Desde que llegó a la presidencia del partido defiende la supresión de los impuestos de patrimonio, donaciones y sucesiones, que tacha de “injustos” y “regresivos”.

Claro que, más allá del mantra que trata de asentar la idea de que bajar impuestos equivale a aumentar la recaudación, lo cierto es que cuando el PP tuvo ocasión de aplicarlo no lo hizo. En 2011, en plena crisis económica, el Gobierno de Mariano Rajoy tuvo la oportunidad de aplicar esa política fiscal para mejorar las arcas públicas reduciendo la presión impositiva, pero hizo exactamente lo contrario: subir los impuestos para recaudar más y reducir el déficit.

Hace muy poco días, el pasado martes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) puso en evidencia la fijación del PP con los impuestos de donaciones y sucesiones, el mismo al que Casado se refiere siempre de forma despectiva como “el impuesto de la muerte”.

Muy lejos de esa opinión, la OCDE sostiene que la creciente desigualdad y la acuciante necesidad de los países de elevar la recaudación para abordar el desequilibrio de las cuentas públicas tras la pandemia puede hacer de la fiscalidad sobre las herencias y donaciones un “importante instrumento”.

“La crisis ha exacerbado las desigualdades existentes y ha golpeado más a muchos hogares vulnerables, y los enfoques tradicionales de recaudación, como aumentar los impuestos sobre los ingresos laborales y el consumo, como en la crisis de 2008, pueden ser menos deseables desde una perspectiva de equidad y perspectiva de crecimiento”, sostiene esta organización en un análisis sobre el impuesto de sucesiones.

Es probable que la crisis suscite una reflexión sobre la necesidad de recurrir a fuentes de ingresos nuevas o infrautilizadas, que también pueden ser compatibles con los objetivos de reducción de la desigualdad, señalando que el impuesto de sucesiones podría desempeñar un papel especialmente importante en el contexto actual.

El laboratorio de ideasde los países ricos señala que, si bien la mayoría de los países de la OCDE, un total de 24, gravan las herencias o donaciones, estos impuestos suelen generar muy pocos ingresos y actualmente representan únicamente el 0,5% de media del total de la recaudación fiscal. De hecho, entre los países analizados la recaudación del impuesto de sucesiones sólo sobrepasa el umbral del 1% del total de ingresos fiscales en Corea del Sur (1,59%), Bélgica (1,46%), Francia (1,38%) y Japón (1,33%). En el caso de España, la recaudación del impuesto de sucesiones representaba apenas el 0,58% del total, apenas por encima de la media del 0,53% del conjunto de la OCDE.

Distribuir las herencias

Igual que la desigualdad se ha mantenido en niveles elevados o se ha incrementado durante las últimas décadas, explica el citado informe, las herencias también se distribuyen de manera desigual entre los hogares, beneficiando particularmente a los más ricos y, a medida que envejece la generación del baby boom, aumentando la concentración de riqueza entre las cohortes de mayor edad. Los impuestos de sucesiones bien diseñados, concluye la OCDE, pueden contribuir a aumentar los ingresos y mejorar la equidad, con menores costes administrativos y de eficiencia que otras alternativas.

Desde la perspectiva de la equidad, un impuesto a las herencias, en particular uno que tenga como objetivo niveles relativamente altos de transferencias de riqueza, puede ser una herramienta importante para mejorar la igualdad de oportunidades y reducir la concentración de la riqueza. Y aunque pueden afectar negativamente a las sucesiones en empresas familiares, al mismo tiempo pueden reducir los riesgos de asignación incorrecta de capital a herederos menos cualificados.

La OCDE apuesta por llevar a cabo reformas como el diseño de umbrales de exención para las herencias pequeñas, permitiendo a los herederos recibir cierta cantidad de patrimonio libre de impuestos. O la introducción de tasas impositivas progresivas para garantizar que quienes reciben más riqueza paguen más impuestos, así como la reducción de las diferencias en el tratamiento fiscal aplicado a los descendientes directos y el de herederos más lejanos, lo que rebajaría los incentivos para la concentración de transferencias entre los parientes más cercanos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) tampoco parece compartir la receta fiscal de la derecha española. En un informe de monitorización fiscal, este organismo defendió a comienzos de abril la necesidad de movilizar los ingresos fiscales necesarios para abordar el mayor gasto público a consecuencia de la pandemia. Y propuso expresamente aplicar a empresas y personas con mayores ingresos, aunque sólo sea de manera temporal, un recargo que contribuya a reducir la erosión fiscal y reducir la desigualdad, así como también actuar sobre impuestos como patrimonio o sucesiones. La antítesis de lo que defiende el PP de Casado en la casa que gobernó no hace tanto tiempo su ministro estrella Rodrigo Rato.

“Para ayudar a satisfacer las necesidades de financiación relacionadas con la pandemia, los responsables de formular las políticas podrían considerar una contribución temporal de recuperación de la Covid-19, que grave los ingresos más altos y la riqueza”, sostiene el FMI.

Se trata, recuerda el Fondo, de suplementos temporales del impuesto sobre la renta de las personas físicas, a menudo restringidos a los tramos de ingresos más altos, que ya se utilizaron con éxito anteriormente circunstancias excepcionales como en Alemania a causa de la reunificación del país, así como en Australia (2011) o Japón (2013). En Australia se gravaron los beneficios extraordinarios de las compañías mineras del carbón y el hierro con el objetivo de aumentar el volumen del fondo de jubilación, desarrollar obras de infraestructura y compensar una reducción de los impuestos corporativos. Y en Japón se creó un impuesto especial (que estará en vigor hasta 2037) destinado a financiar la reconstrucció del país tras el desastre provocado dos años antes por el terremoto de Tohoku, que ocasionó un tsunami y el desastre nuclear de Fukushima.

Hace falta, además, según esta institución, acometer reformas fiscales con el fin de obtener los recursos necesarios para mejorar el acceso a los servicios básicos y las redes sociales de seguridad, así como para revitalizar los esfuerzos para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Un impuesto sobre el exceso de beneficios de las empresas, aquellos que superan el mínimo requerido por los inversores, puede ayudar, según el FMI, a garantizar una contribución de las empresas que hayan prosperado durante la crisis, como algunas farmacéuticas o empresas altamente digitalizadas, sin afectar a otras con ganancias mínimas o en pérdidas.

Según el subdirector del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, Paulo Mauro, es necesario obtener ingresos fiscales adicionales para cubrir el gasto sanitario, en educación y en redes sociales de protección. “En las economías emergentes y de bajos ingresos, la prioridad será mejorar la administración fiscal y recaudar más impuestos al consumo, mientras que en las economías avanzadas observamos una erosión de los ingresos del impuesto de sociedades y también vemos una erosión en la recaudación de la renta de las personas en la parte más alta de la escala de riqueza”.

En las economías avanzadas, remarcó, existe la oportunidad de revertir algo de esa erosión fiscal mediante la introducción de medidas en el impuesto de sociedades o sobre otros impuestos como el de la renta, los impuestos sobre el patrimonio o sucesiones, así como cerrando lagunas fiscales. “Hay muchas opciones disponibles”, indicó, aunque ninguna parece gustar al PP. Entre ellas “una contribución para la recuperación de la Covid-19 que podría tomar la forma de un suplemento en el impuesto de la renta o en el impuesto de sociedades dado que algunas empresas lo han hecho muy bien en cuanto a su valoración de mercado y ahí habría una oportunidad”.

Hay más propuestas, todas en la doble dirección de conseguir una fiscalidad más justa y de gravar a las corporaciones. En una rueda de prensa para presentar su informe de Perspectivas económicas mundiales, la economista jefa de la institución, Gita Gopinath, defendió el establecimiento de un impuesto mínimo a nivel global para gravar los beneficios de las corporaciones en línea con la propuesta lanzada por la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen.

El FMI defiende reformas fiscales que no sólo aumenten los ingresos sino que también mejoren la progresividad aumentando los impuestos a las personas más ricas y a las corporaciones altamente rentables que se han visto relativamente menos afectadas por la pandemia.

Movilizar recursos

El fortalecimiento de la capacidad tributaria, con la expansión gradual de la base impositiva sobre la renta de empresas y personas físicas, además de un sistema tributario más progresivo y mejoras en la eficiencia del gasto, “puede ayudar a movilizar recursos adicionales para los servicios básicos y para los objetivos de desarrollo sostenible”.

Es el presidente Joe Biden el que defiende aprobar un nivel impositivo mínimo a nivel global para las empresas, de forma que se evite la “carrera” a la baja que existe actualmente. Exactamente el mismo problema que está provocando la Comunidad de Madrid dentro de España aprovechando las ventajas que le ofrece la capitalidad para atraer dinero mediante la reducción o supresión de impuestos, en perjuicio de otros territorios. Una práctica, el dumping fiscal, denunciada por otras comunidades y a la que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere poner freno.

No es esta la única iniciativa implementada por Biden que pone en evidencia la política fiscal del PP. Para financiar su ambicioso plan de creación de empleo e infraestructuras (con un coste de 1,7 billones de euros a diez años) el presidente planea incrementar la recaudación de la hacienda federal durante los próximos 15 años gracias a una serie de subidas de impuestos a las corporaciones y a las grandes fortunas (afectará a los contribuyentes que ingresan más de 400.000 dólares al año) así como mediante la eliminación de exenciones y bonificaciones fiscales. La medida estrella del nuevo Gobierno estadounidense elevará el impuesto de sociedades del 21% actual al 28%, todavía lejos del 35% de comienzos de los años noventa.

La senda del PP tampoco es la del Banco de España, que en su Informe Anual 2020, hecho público este jueves, abogó por una revisión “integral” del sistema tributario para conseguir que la recaudación fiscal sea “suficiente” para financiar el nivel de gasto que se pretende acometer. Defendiendo la fiscalidad verde, que el PP critica sin reservas (especialmente la que trata de desincentivar el uso del diésel y la producción de plásticos), y una revisión el conjunto de beneficios fiscales de las diferentes figuras tributarias, en contra también de los planteamientos de los de Casado.

Para incrementar la recaudación, la autoridad monetaria española no propone bajar impuestos, como el PP. Defiende todo lo contrario: modificar algunos ya existentes e introducir nuevas figuras tributarias. Solo de esta manera será posible “maximizar” la eficiencia en la captación de los ingresos impositivos y “minimizar las distorsiones” que ello genera en la actividad económica.

El Banco de España recuerda que la recaudación por el impuesto sobre sociedades es más reducida en España que en la zona euro (0,9 puntos menos) y que, en cambio, la que Hacienda consigue a través del IRPF y de las cotizaciones sociales fue mayor.

Además también es “fundamental”, subraya el informe, revisar con detalle los “múltiples beneficios fiscales” que contempla el sistema tributario y que “no sólo suponen una merma muy significativa de los ingresos públicos (en el promedio del período 2016-2019 representaron un gasto fiscal anual cercano al 5% del PIB), sino que, en algunos casos, ni siquiera están cumpliendo adecuadamente con los objetivos para los que fueron diseñados”. Entre ellos el Banco de España señala uno que el PP defiende con vehemencia: los tipos reducidos en los impuestos especiales sobre el diésel.

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No es extraño: el organismo dirigido por Pablo Hernández de Cos apuesta por la fiscalidad medioambiental, cuya capacidad recaudatoria en España es en la actualidad menor que en otras economías del entorno y que, a su juicio, debe desempeñar en los próximos años un papel “preeminente”.

El Banco de España también defiende las nuevas figuras tributarias aprobadas por el Gobierno de Sánchez, la que obligará a pagar a las tecnológicas que comercien con datos de ciudadanos españoles y la que gravará las transacciones financieras relacionadas con el accionariado de las corporaciones del IBEX 35. La entidad no discute estos impuestos, aunque sí aboga, en línea con la mayoría de los países de la OCDE, incluida España, por que tributos de este tipo alcancen un “alto grado de coordinación internacional” para “maximizar su efecto recaudatorio y evitar distorsiones competitivas o la deslocalización de las bases impositivas”.

El PP, en cambio, votó en contra de los dos impuestos cuando se debatieron y aprobaron en el Congreso. Y aún hoy Pablo Casado pide expresamente su derogación en nombre de las “clases medias y trabajadoras”, a las que difícilmente pueden dañar tributos que sólo afectarán a las grandes tecnológicas y a quienes especulen con acciones de grandes empresas.