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La futura PAC favorece a los latifundistas y el sistema agroindustrial saltándose el Pacto Verde de la Comisión
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Son un centenar largo los congregados el pasado jueves por la mañana frente a la sede nacional del servicio francés de Empleo, en Seine-Saint-Denis (región de París). Agricultores llegados de distintos puntos de Francia han respondido a la convocatoria lanzada por la Confédération Paysanne para denunciar una PAC (Política Agrícola Común) productivista y destructora de empleo. “No es posible volver a la misma PAC de hace siete años”, denuncia Nicolas Girod, portavoz del sindicato. “Queremos una PAC con fines alimentarios, sociales y ecológicos”, prosigue.
Antes de que la Policía rociara a los allí presentes con gases lacrimógenos y los agrediera –las fuerzas del orden empujaron con violencia a dos diputados, entre otros–, los manifestantes dieron a conocer una faceta del mundo agrícola actual: la de las prácticas virtuosas que no se benefician de los grandes cheques de la PAC. Como el trabajo de Thomas Gibert, un treintañero que desempeña su labor en una granja colectiva en Alto Vienne [centro del país]. Se dedica a la horticultura ecológica, de circuito corto, en un terreno de 3,5 hectáreas. En la parcela trabajan cuatro personas, en lo que equivaldría a cuatro jornadas a tiempo completo, a cambio del salario mínimo. ¿A cuánto ascienden las ayudas de la PAC que recibe esta parte de la explotación? Sólo 4.000 euros al año. “Estamos perdiendo una importante batalla. Todo lo que reivindicamos y que apoya la sociedad civil se ha rechazado”, señala no sin temor.
Porque en la nueva PAC que se perfila para el periodo 2023-2027, el apoyo a las explotaciones muy pequeñas, a las prácticas agroecológicas, al empleo agrario no es en absoluto prioritario. En este presupuesto, que asciende a 270.000 millones de euros, se mantiene el sistema de ayudas por hectárea, que favorece las grandes explotaciones y el sistema agroindustrial, mientras que el apoyo a las medidas medioambientales sigue siendo un aspecto secundario.
Las negociaciones sobre la nueva PAC entre las instituciones de la UE en forma de “diálogo a tres bandas” (Parlamento, Consejo y Comisión) se iniciaron en octubre, cuando los eurodiputados votaron un primer texto. Se esperaba que las últimas reuniones, celebradas esta semana, permitieran alcanzar un acuerdo. Sin embargo, el diálogo tripartito no lo logró, aplazándose las negociaciones a una nueva sesión en junio.
Uno de los puntos de mayor fricción son los llamados “ecoesquemas”, basados en prácticas agrícolas beneficiosas para el medio ambiente. En el texto votado en octubre, el Parlamento quería que lo que se conoce como el primer pilar de la PAC alcanzase el 30%, es decir, las ayudas directas que se pagan a las explotaciones agrícolas (lo que supondría una dotación de unos 11.500 millones de euros anuales). El Consejo quería limitarlo al 20%. En las últimas negociaciones, algunos Estados miembros incluso propusieron empezar con un 18%, para luego modificarlo durante la legislatura. Sin embargo, el Parlamento se negó a rebajar tanto la cifra.
Otro punto de desacuerdo fue el deseo del Parlamento de introducir un reglamento que impida la importación de productos que contengan residuos de plaguicidas prohibidos en la UE. Según las informaciones a las que hemos tenido acceso, el Consejo lo rechazó, a pesar de que lo aprobó la mayoría de la Cámara, incluidos los conservadores, proponiendo en su lugar una declaración de intenciones.
La decepción fue grande entre los eurodiputados en la mañana del viernes, tras la última noche de negociaciones. “El objetivo de la PAC es satisfacer las expectativas de los 12 millones de agricultores europeos y responder a los problemas que preocupan a la sociedad en términos de salud humana, biodiversidad y cambio climático”, declaraba el eurodiputado socialista Eric Andrieu, uno de los tres ponentes del Parlamento en este diálogo a tres bandas. “No podemos no alcanzar un objetivo ambicioso para la PAC. La cuestión no es si el Consejo o el Parlamento tienen más poder [...]. Se trata de la evolución de un modelo de agricultura. Creo que el Parlamento lo ha entendido mejor que el Consejo en esta negociación”.
Más allá de la guerra de cifras y del intento de salvar los pocos avances en los que el Parlamento había encontrado una mayoría, esta nueva PAC en negociación apenas responde a los desafíos ecológicos del momento. Antes del diálogo a tres bandas, ONG europeas y defensores de la agroecología ya habían expresado su malestar por lo que denunciaban como inmovilismo. El ganadero belga Kurt Sannen, miembro de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Ecológica (IFOAM), lamentaba la semana pasada: “Es una gran decepción. Seguirá el business as usual. Sin embargo, podría haber sido diferente, si hubiéramos cambiado un poco lo que había. Pero con una PAC como ésta no se alcanzarán los objetivos climáticos y de biodiversidad fijados por la Comisión”.
Tras la toma de posesión de la Comisión von der Leyen y los primeros anuncios del Pacto Verde a finales de 2019, el Ejecutivo comunitario se marcó el año pasado importantes objetivos para 2030: al menos un 55% de reducción de los gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 1990 (la agricultura es responsable del 15% de estas emisiones en el continente), un 50% de reducción de los pesticidas (estrategia sobre “Biodiversidad”), y un 25% de la superficie agrícola cultivada de forma ecológica frente al 8,5% actual (estrategia “De la granja a la mesa”).
Sin embargo, la base de negociación de la nueva PAC seguía siendo la hoja de ruta fijada en 2018 por la Comisión saliente, presidida por Jean-Claude Juncker, antes, por tanto, del mandato de la actual Comisión y de su declarada ambición de ecologizar la política europea. La arquitectura general, con la mayoría de las ayudas por superficie en el primer pilar y la minoría de las ayudas indirectas en el segundo pilar (que incluye el apoyo a la agricultura ecológica y al desarrollo regional), no se ha revisado.
En octubre, durante la sesión parlamentaria dedicada a la PAC, muchos diputados intentaron mejorar el texto, presentando buen número de enmiendas. Pero la mayoría de la Cámara –una alianza de liberales, conservadores y socialdemócratas, más partidarios del statu quo– no permitió ir muy lejos. En resumen, al final el texto votado resultó ser ligeramente más ambicioso que la posición del Consejo, que reúne a los ejecutivos de los 27 Estados miembros de la UE.
“Desgraciadamente, a pesar del trabajo del Parlamento, son los ministros de agricultura los que tienen la última palabra. Sin embargo, representan a un determinado tipo de agricultores, los de la agricultura convencional. Si no se incluyen otros tipos de producción en los debates, nunca alcanzaremos los objetivos medioambientales que se ha fijado la Comisión”, lamenta Marco Contier, responsable en Bruselas de asuntos agrícolas de Greenpeace.
De hecho, en estas reuniones, los ministros de agricultura europeos van acompañados de la Copa-Cogeca, la única organización profesional agraria autorizada a participar en estos debates. Esta confederación, que reúne a varios sindicatos del continente europeo como la FNSEA, favorece los intereses de la agroindustria. Otras organizaciones, más orientadas al mundo agrícola y a la ecología, como Vía Campesina, a la que pertenece la Confédération Paysanne, no estaban invitadas a estas reuniones.
“La lógica del chantaje financiero”
En los siete meses de negociaciones desde la votación en el Parlamento, muy pocos Estados miembros se han mostrado progresistas en esta materia. Los Países Bajos parecen estar entre los que más han apoyado una transición agroecológica de la PAC. Sin embargo, la mayoría de los 27 Estados miembros echaron el freno, encabezados por el grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia), muy partidario de mantener las subvenciones por superficie que favorecen a las grandes explotaciones y que se opone a establecer topes a la recepción de estas ayudas.
Alemania, uno de los pesos pesados de la UE, apoyó el statu quo, según Konstantin Kreiser, de la asociación ecologista alemana Nabu, que lamenta que el lobby de los agricultores convencionales sea “extremadamente fuerte” en Alemanialobby. “Los conservadores en el poder, que intentan tener en cuenta las crecientes expectativas de la sociedad en materia de medio ambiente, han terminado finalmente por ceder al peso de la agroindustria. La proximidad de las elecciones parlamentarias [en septiembre] también impone un calendario que ignora los hallazgos científicos sobre el clima y la biodiversidad”.
Y en los últimos días, los ministros de los 27 Estados miembro se han unido, según nuestras informaciones, y no van a ceder a la presión del Parlamento. Como si hubieran olvidado que la Cámara es la colegisladora de los textos europeos.
Para el eurodiputado Benoît Biteau, que asistió a las negociaciones a tres bandas en nombre de los Verdes en el Parlamento Europeo, el Consejo estaba atrapado en “una lógica de chantaje financiero”. “Cada Estado miembro, al poner dinero sobre la mesa, se aferra a sus propias políticas y defiende sus logros. Así es como dominan las lógicas conservadoras y liberales. Acabamos con negociaciones de mercachifles, que se ponen de acuerdo en el mínimo común denominador. El resultado es una PAC en la que seguimos sometiendo apoyando prácticas agrícolas que son exactamente lo contrario de la agricultura ecológica”, explica a Mediapart (socio editorial de infoLibre).
Esta preeminencia del Consejo, que lleva sistemáticamente, en los diálogos a tres, a posiciones más prudentes que las votadas por el Parlamento, sólo podrá borrarse cuando la UE “tenga su propio presupuesto, que deje de depender de los Estados”, considera el eurodiputado. “Si bien de momento nuestra capacidad de introducir variaciones como parlamentarios es muy limitada, nuestro papel sigue siendo necesario. Durante las negociaciones de los últimos meses, hemos sido nosotros los que hemos recordado regularmente que la PAC debe ser coherente con el Pacto Verde y las estrategias ‘Biodiversidad’ y ‘De la granja a la mesa’”.
En cuanto a Francia, a pesar de lo que dijo en París el ministro de Agricultura, Julien Denormandie, que se jactó la semana pasada de haber obtenido “una victoria” sobre la PAC, apenas se destacó en el Consejo en materia de medio ambiente. “Hay muchas posturas y las palabras no siempre van acompañadas de los hechos”, dice desde Bruselas una fuente cercana a las negociaciones. “El ministro francés dice que está a favor del medio ambiente, pero nunca se compromete a cumplir un plazo. En cuanto a los ecoesquemas, Francia no defendía la posición más ambiciosa del Parlamento”.
Es precisamente en la cuestión medioambiental donde Julien Denormandie choca con la Confédération paysanne y las ONG francesas. Estas últimas abandonaron abruptamente la mesa de debate a finales de la semana pasada, cuando el ministro desveló los primeros arbitrajes de la versión francesa de la PAC europea (el “plan estratégico nacional”). Le reprochan en particular, en lo que se refiere a la agricultura ecológica, la supresión de las ayudas al mantenimiento en favor de las ayudas a la reconversión, necesarias pero no suficientes, en su opinión.
“En una democracia, es fácil no tener en cuenta las limitaciones de los demás”, replicó el ministro en una rueda de prensa celebrada tras esta impactante salida. Según él, la versión francesa de la PAC va en la buena dirección: la dotación de la “agricultura ecológica” pasa de 240 millones de euros al año a 340 millones.
En sus arbitrajes, el ministro francés también decidió apoyar decididamente al sector de las proteínas vegetales para reducir la dependencia francesa de las importaciones, así como consolidar la ICHN (indemnización compensatoria por desventajas naturales, una subvención especialmente apreciada en las zonas de montaña) completando las ayudas de la PAC con una línea en los presupuestos del Estado.
Pero también ha decidido incluir la certificación de nivel 3 “Alto Valor Medioambiental” (HVE, por sus siglas en francés) en los criterios de concesión de los regímenes ecológicos, del mismo modo que la etiqueta ecológica. Esto significa que las explotaciones con la etiqueta HVE podrán recibir las mismas ayudas que las explotaciones ecológicas, aunque utilicen pesticidas.
La HVE es en realidad un cuaderno de puntos, del que el agricultor puede escoger para construir su “cesta” de buenas prácticas, sin que una u otra sean obligatorias. Esta etiqueta está recibiendo críticas desde todos los frentes; en una publicación del pasado mes de marzo, el Iddri (Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales, por sus siglas en francés) concluye que “esta certificación no puede pretender acompañar un verdadero proceso de transición agroecológica”. Y según una nota de la Oficina Francesa de la Biodiversidad, revelada el martes por Le Monde, este sistema no tiene ningún beneficio medioambiental.
“El ecoesquema debe ser un elemento inclusivo y sencillo”, se defiende el ministro. “El 79% de los grandes cultivos de campo tendrán acceso a ella”. Pero hacer que estas ayudas sean lo más accesibles posible no es en absoluto del agrado de las asociaciones ecologistas y de la Confédération Paysanne, que consideran que es ante todo la aplicación de un mínimo de restricciones lo que permitirá la transición de la agricultura hacia un modelo de producción más ecológico y resistente al cambio climático. Además, no es seguro que la Comisión dé el visto bueno a esta elección francesa, ya que aquélla debe ratificar las versiones nacionales de la PAC.
“El hecho de que la agricultura HVE se financie de la misma manera que la agricultura ecológica es inaceptable”, protesta Marie-Catherine Schulz Vannaxay, de France Nature Environnement. “Los arbitrajes del Ministerio son una continuación del statu quo y son incompatibles con los objetivos declarados de transición agroecológica y soberanía alimentaria”. En torno a la mesa de esta negociación sobre el “plan estratégico nacional”, estaba también Arnaud Gauffier, de WWF, igualmente decepcionado. “Estamos actuando como si tuviéramos una PAC en la que todo está bien. Pero la biodiversidad se está hundiendo y no hay nada en esta nueva PAC que pueda poner a los agricultores en el camino del cambio climático. Una vez más, sólo estamos abordando los síntomas”.
En un informe publicado en febrero de 2020, el Tribunal Europeo de Cuentas denunció una PAC ineficaz para frenar el declive de la biodiversidad en las tierras agrícolas y criticó el sistema de pagos por superficie. El Consejo Europeo, que esta semana trató de recortar al máximo la propuesta del Parlamento, claramente no tuvo en cuenta esta opinión.
Sin embargo, los eurodiputados seguirán teniendo la palabra: son ellos los que deben validar en última instancia el texto resultante del diálogo a tres bandas. En octubre, el primer texto recibió 425 votos de 705 eurodiputados. No está claro que el próximo vaya a obtener el mismo apoyo.
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Traducción: Mariola Moreno
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