Las incertidumbres que ponen en su sitio la euforia del descenso histórico del paro en mayo

El mayor descenso mensual del paro desde 1996. Fue el titular con el que se desayunaron los españoles el pasado miércoles: 129.378 desempleados habían abandonado las listas del SEPE en lo que se interpretaba como un síntoma claro de rebote económico. El fin de las restricciones del estado de alarma, el buen ritmo de la vacunación y la llegada del verano, la mejor temporada productiva en España, han puesto el motor de la economía a tope de revoluciones tras año y medio de ir al ralentí.

Los sindicatos, la patronal y el Gobierno coincidieron enseguida en aplaudir el buen dato. Pero lo cierto es que mayo es siempre un mes propicio para el empleo –hubo 211.923 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social, la mejor cifra ese mes desde 2018–, porque marca el comienzo de la temporada alta del turismo en una economía marcada a fuego por la estacionalidad. Y que, al mismo tiempo, la primavera ha llegado con nubarrones en forma de grandes despidos colectivos que no se veían desde los tiempos de la anterior crisis. Además, los ERTE, las suspensiones de contrato y reducciones de jornada acompañadas de prestaciones para los trabajadores y descuentos en las cuotas sociales para las empresas, siguen protegiendo sobre todo a los sectores más afectados por la pandemia, como la hostelería y los hoteles, pero son un paraguas cuyo uso se está prolongando mucho más de lo que en principio se había previsto. Las ayudas directas a las empresas aún no se han desembolsado, pero los préstamos ICO ya se están reestructurando para quienes no pueden devolverlos.

La previsión del Gobierno es que España recuperará en 2022 el 14% de tasa de desempleo que tenía en 2019 –medido en la Encuesta de Población Activa (EPA), no como paro registrado, que suele ser ligeramente más elevado–. Tampoco es una cifra para echar las campanas al vuelo: duplica la media de la Unión Europea. Puestos a pronosticar, el Banco de España y el FMI retrasan a 2023 y 2024 la vuelta a la normalidad de la tasa. Carlos Martín Urriza, director del gabinete económico de CCOO, cree que es posible cumplir el plazo del Ejecutivo. Antonio González, ex secretario general de Empleo y miembro de Economistas frente a la Crisis, tiene sus dudas. Y Florentino Felgueroso, profesor de la Universidad de Oviedo e investigador de Fedea, es mucho más pesimista.

“Los datos de mayo son especialmente buenos y, los de paro, sorprendentes”, celebra Carlos Martín, “sí esperábamos altas cifras de afiliación a la Seguridad Social, pero la bajada del desempleo ha sido espectacular”. Es más, avanza que en la segunda mitad del año el país vivirá un “boom económico” gracias a las vacunas, al adelanto de 26.000 millones de euros sobre los fondos de la UE que ha prometido el Gobierno y a la “demanda embalsada”, compuesta por el ahorro de muchas familias que ahora se lanzarán consumir y la inversión o los pedidos retrasados de las empresas.

Antonio González enfría la euforia apuntando que el de mayo es, en realidad, “el primer dato bueno tras un cuatrimestre bastante malo”. “Si esa cifra se consolida y revela una tendencia de fondo de creación de empleo, aún no lo sabemos”, matiza. Hay un “tirón”, en efecto, pero puede ser sólo estacional y, cuando se acabe el verano, quizá se produzca un nuevo debilitamiento. Para evitarlo, el exresponsable de Empleo apremia al Gobierno a “mover” el adelanto de 26.000 millones y a poner en marcha “una política económica para que las empresas no tengan que ajustar y haya una demanda sostenida, de forma que las inversiones productivas tomen el relevo del consumo”. “Hay incertidumbres que no están totalmente despejadas”, resume, para recuperar el ritmo vital deseable en 2022.

Un motor al 80%

Florentino Felgueroso tiene una lista de esas incertidumbres. Aún no se han eliminado todas las restricciones a la actividad ni se ha alcanzado la inmunidad de rebaño. “No sabemos cómo se va a comportar el turismo extranjero este verano”, añade. Reino Unido, de hecho, acaba de excluir a España de su lista de destinos seguros. Las empresas han llevado a cabo un cambio productivo adelantado “a marchas forzadas”, reorganizando el trabajo y sus recursos, cuyos efectos sobre el empleo también son desconocidos. Además, parte de los trabajadores –los que han terminado en el paro, los que ya estaban en él y no han podido encontrar un empleo en este año y medio, y los que han pasado por un ERTE– han perdido renta. Mientras otros han ahorrado mucho. “Va a aumentar la desigualdad”, por tanto. La negociación colectiva ha estado parada durante toda la pandemia y los salarios, congelados. Si en otoño la economía se recalienta, subirán los precios y la inflación, con lo que puede que se abran nuevos conflictos, previene el investigador de Fedea. Por ejemplo, los pensionistas pedirán que se les compense la pérdida de poder adquisitivo. “No vamos a terminar el año como en 2020 o como lo empezamos, pero seguiremos teniendo problemas precrisis que no hemos resuelto, en un contexto distinto y con más desigualdad”, resume.

Carlos Martín no ve un riesgo en la prolongación de los ERTE, que hay quien considera una suerte de respiración asistida que sostiene empresas zombis después de cinco prórrogas. “El verano vaciará la bolsa de los ERTE”, sostiene, “que quedan básicamente en los sectores ligados al turismo y al ocio”. Por el contrario, cree que el peligro acecha del lado del sector financiero, “el menos solvente de la UE”: que los bancos terminen recortando el crédito a familias y las empresas para mantener sus ratios de solvencia, si aumenta la morosidad en los próximos meses.

Felgueroso apunta hacia otra herida que va a dejar la pandemia en el mercado laboral: el volumen de empleo perdido, que calcula en medio millón de puestos de trabajo. Son los que deberían haberse creado en año y medio para jóvenes o inmigrantes, menciona. De hecho, este mes de mayo se han firmado un 25% menos de contratos que en el mismo mes de 2019. “Y lo mismo nos lleva pasando desde agosto de 2020”, apunta. También ocurre con las altas de la Seguridad Social, se han registrado un 75% de las contabilizadas antes de la pandemia. Es decir, el motor de la economía está funcionando al 80%, redondea. “Mayo ha sido un buen mes, pero los datos netos nos han engañado, los flujos siguen siendo iguales que antes, aún falta dinamismo”, advierte.

Reforma integral

Mientras la economía y el empleo se desesperezan, sindicatos, patronal y Gobierno negocian cambios que prometen acabar con los muchos males del mercado de trabajo y que Bruselas pide a cambio de los millonarios fondos comprometidos para la recuperación. “Hay una reforma [del mercado laboral] en marcha para cambiar el modelo y evitar que se traslade el riesgo del empresario al trabajador como ocurre ahora”, describe el director del gabinete técnico de CCOO. Los ERTE, asegura, han demostrado que existen otros mecanismos, distintos al despido, para gestionar las crisis, de forma que éstas sean “menos traumáticas”. La desaparición del contrato de obra y servicio, por un lado, y la adopción de los ERTE como mecanismo de ajuste interno preferente son dos de las herramientas que Carlos Martín ve como parte de una nueva regulación laboral imprescindible para “dar el salto”.

Una reforma que Antonio González urge a poner en marcha “cuanto antes”. Lo ideal, apura, sería solucionarlo para el final de verano, aunque concede que es “complicadísimo”. “Ahora no hay una prelación de medidas [para afrontar las crisis en las empresas], no se distingue entre causas coyunturales y causas estructurales, y no puede ser que la solución a un problema coyuntural de una empresa sean los despidos; deben ser los ERTE”.

A juicio de Florentino Felgueroso, la desaparición del contrato de obra y servicio, o penalizar los contratos muy breves como ha anunciado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no son más que “ideas muy puntuales y poco analizadas”, inútiles para un mercado laboral que padece un “problema muy complicado y estructural”. “Llevamos 40 años con él, hemos probado mucho y no ha funcionado nada”, protesta. Cuatro décadas desde que se generalizó el uso –y abuso– del contrato temporal, en las que España ha creado “un modelo laboral muy poco productivo” y con el paro estructural más alto de la Unión Europea, subraya Carlos Martín.

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Para ese paro cronificado, la única receta es apostar por las políticas activas de empleo, el reciclaje profesional de decenas de miles de trabajadores que cada vez son más difíciles de recolocar, explica Antonio González. “Las políticas de empleo”, resalta, “deben ser como la sanidad pública, con médicos y tratamientos”. Que es como llama el ex número dos de Empleo a los servicios y los programas. “Aquí nunca han funcionado los servicios, las oficinas de empleo no tienen médicos suficientes para recibir a los parados, hacer pruebas diagnósticas, identificar la enfermedad y hacerles un itinerario personalizado”, compara. Por lo que ahora los programas son “ciegos”. “No conocemos a los parados”, concluye. González echa de menos “voluntad política” en el Gobierno para enfrentarse a las comunidades autónomas, entre las que debe repartir los fondos y que éstas quieren recibir sin condiciones.

Lo que Felgueroso echa en falta es un “paquete integral de medidas”, pero no una “contrarreforma”, sino “pensar en el futuro”. El abuso del contrato temporal es un problema “social y cultural”, subraya, que precisa un “abordaje integral con campañas, incentivos y regulación”. Una tara tan estructural como el galopante paro de los más jóvenes, que ni una década de Garantía Juvenil y sus muchos millones han conseguido enmendar. “Ni siquiera estoy seguro de que la mochila austriaca por sí sola ayude”, matiza, pese a que los investigadores de Fedea han sido los mayores defensores de ese instrumento como solución para el exceso de temporalidad, la mayor de la UE sólo por detrás de Polonia.

España 2050, el ejercicio de prospectiva recién elaborado por un centenar de expertos para el Gobierno, prevé que el paro baje hasta el 7%, un nivel europeo, dentro de 29 años, incorporando al mercado laboral a mujeres, jóvenes, inmigrantes y personas de más de 55 años. Y contando con que el PIB crezca un 1,5% anual hasta 2050. Antonio González cree que, en realidad, bastarían cinco años para llegar a esa tasa sólo con que la economía y el empleo mantuvieran la misma potencia que alcanzaron entre 2016 y 2019.