La Fiscalía sostiene que el rey Juan Carlos se enriqueció con "comisiones y negocios internacionales"

La Fiscalía del Tribunal Supremo aseguró ante las autoridades suizas que el rey Juan Carlos I amasó su fortuna ejerciendo de comisionista a escala internacional. Según publica este viernes El Mundo tras acceder a la comisión rogatoria librada enviada al país helvetico en febrero de este año, el teniente fiscal del alto tribunal, Juan Ignacio Santos, sostiene que el emérito cobró "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales".

En esta solicitud de información sobre las cuentas del padre del rey Felipe VI, la Fiscalía señala los delitos en los que podría haber incurrido el emérito. Se trataría, según El Mundo, de cuatro: "Blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias".

Por esto, Campos, que lidera la investigación junto con el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicitó a la Oficina Federal de Justicia de Suiza que le remitiera la información de todas las cuentas en el país de la Fundación Zagatka entre los ejercicios 2016 y 2019. Esta entidad, propiedad del primo lejano del emérito Álvaro de Orleans, habría pagado durante los últimos años gastos personales de Juan Carlos I a través de depósitos abiertos en entidades financieras como Credit Suisse o Lombard Odier.

Desde esta fundación se habrían abonado gastos del rey emérito hasta el 2018, con posterioridad a la abdicación en Felipe VI en junio de 2014, momento en que Juan Carlos I perdió el privilegio de la inviolabilidad que tenía como jefe de Estado. El emérito parecía como beneficiario de esta fundación. Casa Real explicó en su momento que el antiguo monarca desconocía esta información y añadió que, si efectivamente era así, renunciaba a ella.

Esta sociedad protagoniza, además, tres diligencias de investigación abiertas por parte del Ministerio Público. Según Campos, en ellas indaga "hechos de ocultación, transformación, transmisión, conversión y/o posesión de fondos" controlados por "don Juan Carlos de Borbón y Borbón, persona aforada ante el Tribunal Supremo". Estas investigaciones intentan determinar la "procedencia" del dinero no declarado a la Hacienda pública española, pero también la "participación" en las operaciones con dichos fondos del emérito. Estos pagos, para el propio De Orleans, no implican que sea su testaferro, según declaró él mismo en una entrevista en marzo de 2020 con el diario El País, en la que también negó que los fondos de la fundación, que ascendían en ese momento a unos diez millones de euros, fueran en realidad de Juan Carlos de Borbón.

Cinco líneas de investigación sobre el emérito

La Casa Real facilitó a Hacienda los datos sobre los pagos realizados desde la abdicación

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Al menos son cinco las líneas de investigación sobre las finanzas del rey emérito que se han abierto tanto en Suiza como en España y que acorralan al que fue jefe del Estado durante casi cuarenta años. La Fiscalía del Tribunal Supremo indaga en las supuestas comisiones ilegales por la intermediación para la construcción del AVE a la Meca, en el uso por parte de miembros de la familia real –no está muy claro quiénes aparte del antiguo monarca– de tarjetas de crédito que se nutrían de fondos de un empresario y que no habían sido declarados y en posibles fondos opacos en el paraíso fiscal de Jersey. Parte de estas investigaciones han sido posibles gracias a la actuación del fiscal suizo Yves Bertossa, que ha encontrado cuentas bancarias con las que Juan Carlos I habría estado manejando su fortuna y que están vinculadas a dos fundaciones, Lucum y Zagatka, radicadas en paraísos fiscales. 

En este contexto, el rey emérito se ha puesto al día durante el último año con la Agencia Tributaria en lo que respecta a lo que le pudiesen descubrir después de la abdicación. Asesorado por el abogado Javier Sánchez Junco, en otro tiempo fiscal de la Audiencia Nacional, en este último año ha regularizado algo más de cinco millones de euros para evitar querellas por delito fiscal. En concreto, Juan Carlos I pagó a Hacienda en diciembre de 2020 678.393,72 euros, incluidos intereses y recargos, según un escueto comunicado de su defensa. En febrero de este año, abonó 4.395.901,95 euros. Lo que tienen que comprobar la Agencia Tributaria y la Fiscalía es que estas regularizaciones son completas y veraces. 

Justo este viernes, 3 de septiembre, se cumplen 13 meses de la salida de España del emérito. El 3 de agosto hizo un año que Juan Carlos de Borbón dejó España –se había marchado unas horas antes de que se hiciera público el comunicado y dos semanas después se supo que el destino era el emirato de Abu Dabi– y esos escándalos, lejos de ir aclarándose, no han hecho otra cosa que aumentar. Unas supuestas corruptelas que él reducía a "ciertos acontecimientos pasados" de su "vida privada".