El desarrollo de la fotovoltaica, gran esperanza para rebajar el recibo de la luz, se estanca en España

En España, la energía solar fotovoltaica es la que más potencial tiene para crecer. Los especialistas son contundentes: no solo ayuda a mitigar el cambio climático, también a bajar la factura de la luz, por lo que nos va la salud y la cartera en ello. Sin embargo, en 2021 solo se han instalado, hasta esta semana, 1560 MW de nueva potencia, casi la mitad de los 2833 MW que se colocaron durante 2020. Y a años luz de la explosión de 2019, donde contamos con 3958 MW nuevos, según el registro de Red Eléctrica Española (REE).

Necesitamos 8297 MW más para cumplir con los objetivos gubernamentales de 2025, por lo que el país no puede relajarse. Los expertos aseguran que la razón principal del retraso es un cuello de botella en la administración: demasiados pocos funcionarios para tanto expediente. Pero también apuntan a las suspicacias de muchas zonas rurales, habituales destinatarias de los proyectos, y la actitud agresiva de promotoras que generan rechazo al no tener en cuenta nada ni nadie salvo su propio beneficio. 

Por ahora, los datos no son alarmantes. No hay peligro de incumplir las metas comprometidas con Bruselas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que exige un ritmo de 2000 MW anuales –en promedio–. Pero una fotovoltaica más fuerte habría ayudado a paliar la crisis energética de este verano. Como es obvio, la energía solar hace su agosto en agosto: los meses estivales son los de más horas de luz. Y, al ser una generación tan barata, al igual que la eólica, tira hacia abajo de la subasta diaria. La solución de fondo y a largo plazo para un recibo más asequible no es solo una empresa pública, también una red masiva de renovables que hagan innecesaria la quema de combustibles fósiles para generar electricidad. 

Sin embargo, pese a que la trayectoria no es aún peligrosa, la desaceleración es evidente. Y para entender su alcance real, hay que comprender cómo funciona el sistema. La instalación de plantas fotovoltaicas está muy ligada a las subastas. Mediante estos mecanismos, las empresas generadoras cierran un precio de mercado que cobrarán durante años. Muy inferior a lo que marca actualmente el sistema marginalista (25 euros el MWh frente a los más de 140 actuales) pero durante 12 años, en el caso de la última convocatoria, lo que da una certidumbre en el retorno de la inversión vital en el caso de nuevos proyectos. 

Las empresas adjudicatarias de megavatios en estas subastas tienen unos años para llevar a la realidad las plantas fotovoltaicas. Por tanto, el impacto de estas iniciativas tiene su reflejo años después. Los 3958 MW que se instalaron en 2019, así, son en parte fruto de la subasta de 2017. Lo preocupante es que 2020 y 2021 han sido años que no han recibido los resultados de anteriores adjudicaciones. A igualdad de condiciones, el año pasado –condicionado además por la explosión de la pandemia y tres meses de práctica inmovilidad– supera a este. 

En la última subasta, celebrada en enero de 2021, se adjudicaron 2036 MW de energía solar fotovoltaica que tienen como límite febrero de 2023 para llevarse a la práctica. Por lo tanto, hasta dentro de dos años no disfrutaremos, en el recibo y en las cuentas climáticas, de los resultados de una iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica calificada de éxito por todos los actores.

¿Qué está pasando?

Fuentes del sector de la energía solar fotovoltaica hablan de un tapón en los expedientes considerable, fruto de la falta de funcionarios, principalmente en las autonomías, que son las encargadas de dar el ok. okPedro Fresco, analista energético y Director General de Transició Ecològica de la Comunitat Valenciana, explica que la autonomía tiene más de 400 proyectos pendientes del visto bueno. "La administración, por mucho que hablemos siempre, está infradotada. Hay menos trabajadores públicos por habitante que la media europea y las administraciones están muy perjudicadas por esto". La crisis económica desatada a partir de 2008 tuvo un gran impacto en la función pública y aún no nos hemos recuperado, con plantillas cortas y envejecidas, opina. 

El alto cargo de la Generalitat apunta también a la reforma que impulsó el Ejecutivo central para frenar la especulación. Antes, muchas empresas pujaban por las adjudicaciones para, posteriormente, revender a mayor precio el punto de acceso a la red eléctrica. Ahora, el departamento de Ribera exige garantías reales de que los proyectos se van a llevar a cabo, y los tiempos para presentar toda la documentación requerida se han reducido. Al empequeñecerse el margen, las peticiones se acumulan y faltan manos para gestionarlos. "Las plantas pasan un análisis a nivel técnico, a nivel medioambiental y a nivel paisajístico. Son expedientes densos. Muchas veces la planta está fuera del sitio, tienen que replantear el proyecto, lo replantean, vuelven a enviarlo...". 

Como muestra, varias cifras. Antes de la reforma que cortó las alas a los especuladores, se acumulaban peticiones que reclamaban la instalación de más de 150.000 MW. Teniendo en cuenta que España ahora cuenta con 13.416 MW de paneles fotovoltaicos, no es difícil entender la magnitud del número. Tras la modificación, se cayeron 40.000 MW. Siguen quedando más de 100.000 MW de expedientes por resolver en todo el país. No todos se convertirán en placas solares reales, ya que muchas iniciativas se caerán o serán desechadas, pero es evidente el desequilibrio existente entre el impulso empresarial a la tecnología y la capacidad de la administración pública. 

El conflicto con las comunidades locales

Aún no hay datos para cuantificar el impacto de la segunda gran barrera al desarrollo fotovoltaico: el rechazo de las comarcas y pueblos donde generalmente se instalan las centrales solares. Ecologistas locales, asociaciones creadas ex profeso, ayuntamientos y partidos con el problema de la despoblación como bandera, como Teruel Existe, llevan advirtiendo meses del peligro de una multiplicación renovable sin controlpeligro de una multiplicación renovable sin control. Consideran que las iniciativas empresariales, dado que ocupan su tierra, deben traerles más beneficios que dolores de cabeza; y que existen peligros relacionados con el paisaje, la biodiversidad y su modo de vida. Hectárea que se dedica a una planta fotovoltaica es una hectárea que no se puede dedicar a agricultura o a ganadería intensiva. Y no es lo mismo contemplar la majestuosidad de una montaña expedita que repleta de placas. 

Muchas de estas organizaciones han reclamado moratorias hasta que se establezcan criterios más claros y firmes sobre dónde colocar los parques. Y entre los políticos más afines a la transición ecológica, así como entre las empresas fotovoltaicas, está cundiendo el malestar. Los primeros, porque consideran que hace falta acelerar la transformación, no retrasarla más; y entre los segundos, por motivos económicos obvios. Fuentes cercanas a las compañías insisten en que no todas son iguales, y que hay empresas, sobre todo las más grandes, que están siendo "agresivas" a la hora de llegar a los pueblos e imponer su ley sin interlocución con los ayuntamientos ni con los vecinos. Las comillas, por cierto, son de la propia ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una entrevista con infoLibre. 

Fresco, cuya labor consiste en hablar tanto con los pueblos impactados por la actividad como con las empresas, manifiesta que muchas de estas compañías, por exigencia además de la propia Generalitat, establecen diálogo con los ayuntamientos para entender qué necesidades tienen los municipios o las comarcas y cómo pueden cubrirlas. Pero también hay consistorios que se quejan de todo lo contrario. "Me dicen que les ha llegado una solicitud, que dan un mes de plazo y que nadie se ha pasado por allí. Eso es una mala práctica. Lo primero es ir al Ayuntamiento y hablar con los responsables políticos. No se puede ir contra la voluntad del territorio. Si empezamos con malas prácticas, se crea un mal ambiente y si se crea rechazo, eso es peor para todos". 

Por parte de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que engloba a decenas de pequeñas empresas, insisten en que el diálogo es esencial pero niegan uno de los argumentos de sus detractores: que los parques fotovoltaicos impacten en la biodiversidad. De hecho, consideran, al contrario. La asociación cuenta con una guía de buenas prácticas al respecto, que toda compañía bajo su paraguas se compromete a cumplir. Las instalaciones de energía solar deberán reducir al máximo el uso de agua y hormigón, deberán permitir el paso de la fauna y de los pastores, se abstendrán del uso de herbicidas y de remover la tierra para que la flora crezca a su aire, plantarán arbustos y árboles propios de la zona en las inmediaciones, y se encargarán de la creación de hoteles de insectos, charcas y lagunas para anfibios, así como del seguimiento de las aves para evitar cambios en su comportamiento.

La guía, explica la organización, fue consensuada con las principales asociaciones ecologistas del país. Y también incluyen medidas de fomento socioeconómico de la zona: las empresas se comprometen a contar, siempre que sea posible, con los vecinos de las comarcas para los nuevos puestos de trabajo. Con la eólica es más difícil, ya que se necesita más personal altamente especializado. 

Los Ayuntamientos, en todo caso, reciben beneficios económicos en forma de ingresos para sus arcas públicas. Fresco estima que pueden ingresar hasta un millón de euros en el caso de instalaciones medianas, incluyendo el IBI, el impuesto de Actividades Económicas, el que sufragan por la construcción y el canon urbanístico. Hay alcaldías, cuentan fuentes del sector, que están sabiendo invertir bien el dinero: utilizándolo para recibir fondos Feder, de la Unión Europea, que exigen que el municipio ponga el 20% de la cuantía total. Se puede utilizar como palanca para acceder a aún más financiación. 

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¿Qué está haciendo el Gobierno?

El Ministerio para la Transición Ecológica ha movido ficha. Este miércoles anunciaron una nueva subasta renovable, que se celebrará el próximo 19 de octubre, destinada a impulsar las pequeñas instalaciones (para comunidades de vecinos o grupos de empresas, por ejemplo). Pero además se adjudicarán 600 MW de eólica y fotovoltaica que deberán cumplir una condición: que se pongan en marcha antes del 30 de septiembre de 2022. El objetivo es evidente y reconocido por el Gobierno: hay que instalar más renovables cuanto antes para bajar la factura, más allá de acelerar la acción climática. "La incorporación de la generación renovable resultante de esta subasta reducirá directamente el precio de la electricidad al desplazar energía producida con centrales más caras y contaminantes", explica el Ejecutivo. 

UNEF ha manifestado su satisfacción ante el diseño de esta nueva convocatoria. "La fotovoltaica es una gran oportunidad para abaratar la factura de la luz. España tiene una ventaja competitiva frente al resto de países de nuestro entorno que debe aprovechar para conseguir precios de electricidad competitivos para su industria y para sus ciudadanos: un gran recurso natural –más de 3.000 horas de insolación al año– y territorio", ha declarado su director general, José Donoso.