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Partido Popular

La 'nueva realidad' de Casado: trece mentiras en una entrevista de media hora

El líder del PP, Pablo Casado, en la Plaza de Toros de València.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, trufó la entrevista que concedió este lunes a La 1 de TVE de afirmaciones falsas, una cada dos minutos y pico, sobre temas muy diversos, desde el desempleo a los indultos, pasando por el pulso que mantiene con la presidenta de Madrid o las cifras de desempleo. Lo que sigue es una recopilación de todas ellas.

1. No puede hacer nada para adelantar el Congreso del PP de Madrid, como le pide Ayuso. “A mí no me corresponde”, dijo. “Hay una junta directiva que es la que decide y ha fijado que el congreso del PP de Madrid se celebre en 2022”. No es verdad: es él quien preside la junta directiva que adoptó esa decisión y si él lo propusiese cambiaría inmediatamente las fechas para atender la petición de la presidenta Isabel Díaz Ayuso de anticipar la celebración del congreso. Casado no quiere hacerlo porque desea ganar tiempo con el fin de intentar impedir que Ayuso se haga con el control del partido en Madrid.

2. Podemos está financiado por otros países. “Podemos es un proyecto financiado por regímenes no muy democráticos”, aseguró después de referirse a Cuba, Venezuela y el Ecuador de la época de Correa. “Así lo dicen los papeles que se han ido publicando”, añadió a modo de prueba. No es cierto: ninguna de las numerosas acusaciones que han tratado de relacionar a la formación morada con dinero procedente de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador o de cualquier otro país ha conseguido nunca el refrendo de ningún tribunal precisamente porque no existe ninguna prueba que lo demuestre.

3. Pedro Sánchez recibió el apoyo de Carles Puigdemont. “Puigdemont apoyó a Sánchez”, afirmó sin rodeos para insinuar que el presidente le debe algo al más famoso prófugo de la justicia española. Es mentira. El presidente del Gobierno obtuvo su investidura con el respaldo de 167 diputados: 120 del PSOE, 35 de Unidas Podemos, 6 del PNV, dos de Más País, uno de Compromís, uno de Nueva Canarias, uno de Teruel Existe y otro del BNG. Los ocho diputados de Junts, el partido de Carles Puigdemont, votaron en contra junto al PP, Vox y Ciudadanos.

4. Nadie había indultado nunca en contra del tribunal sentenciador. “Nunca antes en España un Gobierno había ido contra un tribunal que decía que no se podía indultar”, aseguró en referencia a la medida de gracia concedida por el Gobierno a los dirigentes del procés condenados por la declaración de independencia de 2017 contradiciendo al Tribunal Supremo. Tampoco es cierto. En los últimos diez años, hasta un 13% de los 1.274 indultos aprobados por el Gobierno se otorgaron con el informe en contra del tribunal sentenciador, según los datos disponibles del Ministerio de Justicia para los años 2011-2020.

5. Las cifras del paro. Según aseguró el líder de Partido Popular en la entrevista emitida por TVE, en España hay en estos momentos cuatro millones de parados. La realidad, según las últimas cifras oficiales de desempleo registrado divulgadas por el SEPE, es casi un 20% menor: 3.257.802.

6. Pensiones en riesgo. Pablo Casado afirmó que “el ministro de las pensiones ha dicho que los babyboomers [los nacidos entre 1958 y 1977] no van a cobrar pensión”. En realidad, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se limitó a hacer una reflexión en una entrevista sobre la necesidad de un “cambio cultural” en España que nos aproxime a lo que ocurre en Europa, donde la tendencia es permanecer en el mercado laboral entre los 55 y los 75 años. En ningún momento anunció que la generación nacida en los sesenta y la primera mitad de los setenta no vaya a cobrar pensión.

7. El Gobierno fantasma de Rajoy. fantasma Hablando de sus posibilidades de llegar a gobernar con la exigua proporción de votos que le anuncian las encuestas, Casado aseguró que “en el año 2015, con el mismo resultado electoral que ahora pronostican las encuestas, el PP formó Gobierno”. No es cierto. De hecho, se repitieron las elecciones porque Mariano Rajoy ni siquiera quiso intentar la investidura y no fue hasta 2016, después de volver a las urnas, cuando pudo ser elegido presidente gracias a la abstención del PSOE.

8. Europa no entrega a Puigdemont por razones políticas. Según el líder del PP, para conseguir que los tribunales europeos entreguen a Puigdemont a la justicia española hace falta “una gran campaña diplomática internacional para explicar que lo que está pasando no lo admitiría ningún país”. Porque, según él, no se trata de un asunto judicial, sino político. “No es un asunto de jueces. Al final es un impulso político en las decisiones que toma la justicia de cada país”. Es falso. Los tribunales de justicia que hasta la fecha han rechazado entregar a Puigdemont y a sus compañeros de fuga a España operan en países tan diferentes como Alemania, Bélgica, Italia y el Reino Unido y ninguno de ellos obedece instrucciones políticas sino que atiende o rechaza resoluciones judiciales.

9. Batasuna es la prueba de que se puede actuar en términos políticos. Pablo Casado llegó a asegurar, a modo de ejemplo de su tesis sobre la naturaleza política de la decisión sobre Puigdemont, que “la justicia europea se movió para decir que Batasuna era un brazo político de los que matan”. Pero tampoco es verdad. De hecho, Batasuna fue ilegalizada en España en 2003 pero siguió siendo legal en Francia, donde formó parte de la coalición Euskal Herria Bai junto con Abertzaleen Batasuna (AB) y Eusko Alkartasuna (EA). De hecho, continuó en activo en el país vecino hasta su disolución el 3 de enero de 2013, más de un año después de que ETA anunciase el cese de la actividad terrorista. Lo único que hizo Europa con Batasuna fue ratificar su ilegalización en España, no en los demás países de la Unión Europea. Y no fue una decisión política, sino de la justicia, porque la adoptó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

10. Es el Gobierno el que bloquea la renovación del CGPJ. Es Pedro Sánchez, según Casado, quien “quiere seguir ocupando el poder de la justicia” y el que “bloquea” la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No es cierto. En realidad es el PP el que se niega a cumplir la ley en vigor desde hace 36 años y renovar este órgano, que acumula más de 1.000 días en funciones. El suyo es un chantaje: sólo acatará la legislación vigente si la mayoría del Congreso acepta reformar la ley, algo que únicamente defienden PP, Vox y Ciudadanos, en minoría en la Cámara. Tampoco es posible que Sánchez quiera “seguir ocupando el poder de la justicia” porque el actual Consejo, de mayoría conservadora, fue elegido cuando era el PP quien tenía el control del Congreso.

Casado recicló párrafos enteros de su discurso de 2019 para el relanzamiento del PP en València

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11. La ponencia marco del PSOE consagra la decisión de no pactar con el PP. “La ponencia del [40º Congreso del] PSOE dice que no se puede pactar con el centroderecha ni con la socialdemocracia en declive”, sostuvo Casado durante la entrevista, repitiendo una afirmación que hace con frecuencia. Es falso. En realidad, el texto de la ponencia marco del PSOE no dice eso. Denuncia la política de “grandes coaliciones con el centroderecha” de la “vieja socialdemocracia en declive” y lo hace porque, según sus redactores, ha limitado las políticas de la izquierda a la gestión y ha impedido ejercer una verdadera “vocación reformadora”.

12. No hubo cordón sanitario contra Unidas Podemos. Casado negó haber ordenado un “cordón sanitario” contra Unidas Podemos para excluir a esta formación de las negociaciones para renovar el CGPJ cuando el PP aún se sentaba a hablar del asunto con el Gobierno. Pero no es cierto. En numerosas ocasiones el líder del PP puso como condición que Unidas Podemos no participase en el proceso. Es más: anunció que no aceptaría que el PSOE tratase de incluir algún nombre que en realidad tuviese origen en los deseos de la formación morada.

13. La sede de Génova. Según el líder de la oposición, la venta de la sede de Génova, que anunció en febrero y todavía no se ha producido, no tiene nada que ver con la corrupción y obedece a “un mensaje de eficiencia, de modernidad”, de “hacer un partido más abierto. La sede actual es muy grande y poco accesible”, aseguró. En realidad, Casado anunció la venta para desmarcarse precisamente de la corrupción: “Cambiaremos la sede nacional del Partido Popular de ubicación”, anunció el 16 de febrero, “pues considero que no debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales”.

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